El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, buscó hoy la distensión con los otros poderes democráticos, al mostrar su disposición a enmendar los alcances de un controversial decreto y visitar a la Corte Suprema de Justicia.
"Tengo la intención como jefe de Estado de contribuir a aliviar las tensiones", afirmó Chávez en una rueda de prensa, poco después de entrevistarse con los 15 magistrados del máximo tribunal del país.
Una semana atrás, Chávez instó a la Corte a no sentenciar la nulidad al decreto con que convocó a un referendo sobre una Asamblea Nacional Constituyente, el día 2, nada más asumir el poder, y advirtió que de suceder eso, el pueblo saldría a la calle a defenderlo.
Hasta ahora han sido introducidos cuatro recursos contra el texto de ese decreto, al que sus opositores acusan de promover el autoritarismo al preguntar a la población si otorga al presidente la potestad de fijar las bases comiciales para la Asamblea, una vez que escuche la posición de todos los sectores nacionales.
Chávez dijo que como estadista, lider y presidente "estoy obligado a escuchar al país" y "también a medir el impacto de mis decisiones", al mismo tiempo que reconoció que está estudiando diferentes vías para acoger las críticas opositoras.
"Estamos todos llamados a bajar las tensiones y las presiones", pidió en clara alusión al Congreso bicameral, donde mantienen un peso importante los partidos tradicionales, que fueron marginados del poder por vez primera en 41 años, trás el rotundo triunfo de Chávez.
Desde el Congreso se acusó a Chávez de estar promoviendo "un golpe de Estado en cámara lenta", cuyo primer episodio es un decreto que busca entregar al presidente todo el control en torno a los integrantes y agenda de la Constituyente.
Chávez afirmó que no tiene la intención de disolver al Congreso, como afirman sectores opositores, pero reiteró que una decisión en ese sentido pudiera ser tomada por la Asamvblea una vez instalada, o al final de sus labores, a fines de este año o comienzos del próximo.
En tanto, un importante grupo de juristas han insistido en que el decreto tiene fallas legales y constitucionales, y se adelanta que la Corte va a recibir en los próximos días una lluvia de nuevos recursos en demanda de su nulidad o interpretación.
Chávez se negó a indicar que estrategia seguirá para enmendar los problemas del texto del decreto, pero admitió que ha recibido varias recomendaciones de sus asesores y esta reflexionando sobre la vía mejor, "tras evaluar todas las críticas y los aportes".
La Corte Suprema exigió el jueves respeto para sus decisiones y su autonomia por parte de los otros poderes públicos y aseguró que no es presionable, después de años en que sus decisiones han sido criticadas por una excesiva politización y plegamiento y plegamiento a las posiciones del gobierno y los grandes partidos.
Dirigentes de la alianza oficialista de la izquierda y antiguos militares golpistas han asegurado que la intención de Chávez fue, al contrario del autoritarismo que se le adjudica, la de no establecer las bases de la Asamblea por su cuenta, sino propiciar que fuesen el producto de una gran consulta nacional.
Entre las recomendaciones de la asesora Comisión Presidencial Constituyente está la de redactar otro decreto que subsane las lagunas del anterior o establecer un "acta convenio" en que queden reglamentadas las bases de la Asamblea, a fin de que el electorado sepa en forma precisa sobre que se pronuncia.
"Salgo muy contento de esta primera reunión" con la Corte Suprema, dijo Chávez, al mismo tiempo que aseguró que "no hay discrepancias que limar porque no ha habido discrepancias de ningún modo".
Consideró que la alegada amenaza de sacar la gente a la calle, si se anulaba el decreto número tres de su gobierno, "es una interpretación que jamás ha estado planteada", de uno de sus ardorosos discursos durante un mitín, el día 15, ante centenares de devotos seguidores de las capas más desposeidas.
"El pueblo ya está en la calle, porque es un pueblo que resucitó y tomo conciencia de su dignidad, de sus derechos y de que las instituciones estamos obligadas a ori a ese pueblo, a su clamor y a su dolor", afirmó.
Diferentes encuestas indican que al menos 80 por ciento de la población respalda la celebración de una Asamblea Constituyente que este mismo año refunde políticamente al país y que representó la gran oferta electoral del ahora presidente.
Un porcentaje muy cercano rechaza que los políticos tradicionales participen en la Asamblea, porque los culpa del hundimiento de las condiciones de vida del país y de la corrupción. (Fin/IPS/eg/ip la/99
