Grupos ambientalistas de Argentina, Chile y Uruguay denunciaron a sus gobiernos por haber roto el frente latinoamericano en la reunión de los países firmantes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica de Naciones Unidas que se desarrolló en Cartagena, Colombia.
Según esas organizaciones, Argentina y Uruguay (miembros plenos del Mercado Común del Sur) y Chile (asociado a ese bloque) se sumaron a Estados Unidos, Canadá y Australia en la defensa de las posiciones de los países más ricos en la reunión que se celebró hasta este fin de semana.
Las tres naciones sudamericanas sostuvieron puntos de vista "que no sólo están claramente en contra de los intereses de sus póblaciones en general, sus productores agropecuarios y particularmente sus consumidores, sino incluso de sus intereses económicos como países", señalan los grupos ambientalistas.
La actitud cuestionada tiene que ver con los productos manipulados genéticamente, asunto en el cual Buenos Aires, Montevideo y Santiago "descartaron voluntariamente ser compensados en caso de daños económicos", afiman.
En ese plano, los tres gobiernos habrían asumido la misma posición que la Coalición Global de la Industria, grupo de presión de las trasnacionales de biotecnología, destacan las organizaciones "verdes", entre las cuales figuran las filiales de Amigos de la Tierra en esos países.
Argentina, Chile y Uruguay habrían aceptado no aplicar el "principio de precaución" previsto en el Convenio sobre Biodiversidad Biológica ante la duda de riesgo que pueda presentar el uso de productos manipulados genéticamente.
Tampoco estuvieron de acuerdo en incluir los riesgos para la salud humana representados por esos productos en los mecanismos operativos del protocolo de bioseguridad de la Convención.
Fueron partidarios igualmente de excluir del texto la llamada "responsabilidad socioeconómica" que las empreas y países exportadores de productos manipulados genéticamente deberían asumir en caso de daños, intencionales o accidentales, de fuerte impacto económico o social sobre determinado país.
Por otra parte, los tres gobiernos rechazaron que el protocolo de bioseguridad abarcara a otros productos de consumo que no sean las semilas destinadas a ser sembradas y reproducidas.
Dejaron así fuera de las disposiciones del texto productos de consumo directo como semillas para la alimentación, vacunas, microorganismos, agentes de control biológico y, sobre todo, alimentos procesados y harinas.
Al asumir esta postura, Argentina, Chile y Uruguay causaron "el estupor de muchas delegaciones de otros países del Tercer Mundo y la dura crítica de todas las organizaciones no gubernamentales ambientalistas, indígenas y campesinas" presentes en Cartagena o que "siguen el tema", afirmaron.
Esas organizaciones opinan de manera general que la producción y el consumo de productos transgénicos conlleva "riesgos muy altos para el medio ambiente y la salud humana que el público y la sociedad en su conjunto ni siquiera han tenido la oportunidad de debatir".
Los tres países "hicieron caso omiso" de las posiciones que les elevaron "varias decenas de organizaciones ambientalistas y del sector rural e indígena" de América Latina, y "agravaron" su postura al "unirse al Grupo de Miami", integrado por Estados Unidos, Canadá y Australia.
En el caso de Uruguay, la actitud del Poder Ejecutivo es "consecuente con la mentalidad de demostrar 'buena conducta' frente a la Organización Mundial del Comercio, adelantándose a lo que esa entidad pueda considerar 'trabas' al comercio, aun en perjuicio de los propios intereses nacionales uruguayos".
De acuerdo a las organizaciones no gubernamentales uruguayas Red de Ecología Social, Línea Verde, CEUTA, CIEDUR y la Red de Acción contra los plaguicidas, el gobierno de Julio Sanguinetti llevó a Cartagena una posición "inconsulta tanto con el parlamento como con la sociedad civil". (FIN/IPS/dg/mj/en-if/99
