La política de tire y afloje que mantiene Estados Unidos frente a Colombia se evidenció hoy con la concesión de la certificación plena para la lucha antidrogas y la fuerte censura que emitió por otra parte en materia de derechos humanos.
Colombia fue "certificada" (avalada) en razón a los grandes esfuerzos en el desmantelamiento de organizaciones de la mafia de las drogas aunque continuó siendo líder mundial en la producción de cocaína y en menor medida de marihuana y opio, señala el informe oficial estadounidense.
"Los esfuerzos de Colombia son dignos de destacar", dijo en Washington la fiscal Janet Reno, quien próximamente viajará a Bogotá para revisar la situación de un tratado de extradición y analizar con autoridades nacionales la política de colaboración judicial.
El anuncio favorable a Colombia no fue sorpresivo, dado el aval que desde el comienzo de su gobierno -hace siete mese- ha recibido de Estados Unidos el presidente conservador Andrés Pastrana.
Al conocer el informe oficial estadounidense, el ministro de Relaciones Exteriores Guillermo Fernández De Soto dijo que "culminó una etapa muy difícil de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos".
"Este es un reconocimiento a la lucha que los hombres de bien han hecho para recuperar al dignidad internacional de nuestro país", agregó.
Fernández De Soto destacó la erradicación de 69.000 hectáreas de coca y 3.000 de amapola, pero indicó que "el problema sigue porque no es únicamente de áreas cultivadas sino de las causas que se deben identificar".
"La droga afecta los valores más esenciales de la persona humana, y la lucha debe ser global e integral, tal como se esboza en el plan nacional".,aseguró.
Al reaccionar sobre el informe, el canciller reiteró que Colombia busca "mecanismos de evaluación conjuntos y multilaterales" a nivel hemisférico más adaptados a las realidades nacionales y regionales que las certificaciones estadounidenses.
En apoyo a su homólogo colombiano y en el marco de una visita oficial a Bogotá, el canciller de Venezuela José Vicente Rangel dijo que "ningún país de la Tierra tiene derecho a descalificar a otro".
No obstante, estimó que "la decisión (de Estados Unidos) retribuye a Colombia el esfuerzo que ha hecho" en la lucha contra los carteles de producción y distribución de narcóticos.
El general Rosso José Serrano, director de la Policía Nacional, dijo a su vez que "todos debemos celebrar una decisión que favorece a los colombianos".
Serrano, ex jefe de la sección antinarcóticos, reconoció este viernes que el procedimiento de la certificación aplicado por Estados Unidos es influido por consideraciones de orden político.
El resultado del informe es que por el momento desaparece el fantasma de la descertificación que estigmatizó a este país sudamericano durante los últimos años, en coincidencia con el cuestionado gobierno del liberal Ernesto Samper (1994-98).
Como antecedente del visto bueno actual para la gestión antidrogas durante 1998 figura la descalificación correspondiente a 1996 y 1997, que supuso un duro látigo para la administración Samper, agudizó la polarización política interna y afectó severamente el clima de negocios e inversiones.
Gustavo Tobón, presidente del Consejo Intergremial, que aglutina a los sectores empresariales de la producción, dijo que espera que la decisión de Washington favorezca el ambiente para la reactivación de la economía.
Estados Unidos cuestionó no obstante a Colombia en otro plano, el de los derechos humanos.
El Departamento de Estado consagró 43 páginas de su informe en la materia al caso colombiano.
"Seguimos en la cuerda floja. Ya se sabe que Washington avala al gobierno de Pastrana, que interviene en el diseño de su política de paz y que parece darle un compás de espera, pero nada es gratis en las relaciones bilaterales", comentó la analista Mercedes Escobar.
Ex secretaria de una comisión interinstitucional que estudió la historia y perspectivas de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, Escobar dijo a IPS que la próxima visita de Reno a Colombia servirá para ver qué tan condicionada es la certificación.
Pero Estados Unidos también condiciona su ayuda militar a Bogotá al respeto a los derechos humanos.
El vicepresidente de Colombia, Gustavo Bell, responsable de la política para los derechos humanos, admitió que "el informe es crítico porque la situación es crítica".
"Las denuncias deben comprometer al Estado en su conjunto y a la sociedad colombiana en general. No es fácil mejorar el panorama porque la actual situación es producto de más de 30 años de violencia interna", añadió.
Bell, que aceptó la censura estadounidense en materia de derechos humanos y expresó esperanza de que la sanción moral que significa tenga efectos en una toma de conciencia nacional, viajó a Washington esta semana, donde se entrevistó con organizaciones no gubernamental.MDBO/es (ONG) .MDNM/y el subsecretario de Estado Harold Koh.
Las consideraciones de las ONG de derechos humanos de Estados Unidos, en las que se basa el informe del Departamento de Estado, hacen énfasis en la incapacidad del gobierno para desmantelar a los grupos paramilitares de ultraderecha.
A esas organizaciones, de las cuales la más visible es Autodefensas Unidas de Colombia, se atribuye el 70 por ciento de las masacres cometidas en el país.
En 1998 hubo 201 crímenes colectivos que dejaron 2.332 víctimas.
También se registraron 2.300 secuestros, la mayor parte cometidos por la guerrilla de izquierda, y 3.000 desapariciones forzadas.
La confrontación armada entre gobierno, guerrilla y paramilitares ha causado asimismo más 1,5 millones de desplazados internos. (FIN/IPS/mig/dg/ip-hd/99)
