El gobierno de Perú solicitó ampliar el plazo para contestar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pedido de restitución de tres jueces separados de su cargo por oponer argumentos legales a la reelección del presidente Alberto Fujimori.
Los integrantes del Tribunal Constitucional cuya reposición pidió la CIDH declararon en 1998 que la ley interpretativa aprobada por la mayoría oficialista parlamentaria para abrir paso a una nueva postulación de Fujimori era inconstitucional.
La destitución de los magistrados contó con el respaldo de sus tres pares no removidos, quienes expresaron que los sancionados habían emitido un voto irregular y con objetivos políticos.
La oposición llevó el caso ante la CIDH, organismo que revisa otras denuncias sobre violaciones de derechos civiles adjudicadas al gobierno de Fujimori. Una de ellas ya fue derivada a la Corte Interamericana con sede en San José, que falló contra el gobierno peruano.
Este asunto, cuyo plazo para expedirse venció el lunes pasado, es la principal preocupación en materia de política internacional del presidente Fujimori.
Aunque el pedido de la CIDH es solo una recomendación, su incumplimiento podría ocasionar la derivación de la demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son de carácter vinculante, es decir, obligatorios.
De acuerdo con sus procedimientos, vencido el plazo la CIDH debe contemplar la respuesta negativa, o la falta de respuesta, en su próximo período de sesiones, que comienza el día 22, y resolver si eleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Fujimori está entre la espada y la pared. Si no cumple la decisión, quedará como un paria en el concierto internacional y vulnerable a los sectores políticos y financieros que critican sus frecuentes violaciones de derechos civiles", dice el analista independiente César Arias Quincot.
"Pero si cede, comprometerá a la mayoría oficialista que destituyó a los tres magistrados del Tribunal Constitucional. Si los magistrados destituidos son repuestos en sus cargos podrían trabar sus aspiraciones a ser reelecto por segunda vez consecutiva", añadió.
"El gobierno está bajo la lupa de los organismos internacionales de derechos humanos. Perú tiene el récord de denuncias ante la CIDH, y el deterioro de su imagen puede tener repercusiones dentro y fuera de la OEA, incluyendo en organismos financieros", dijo Enrique Bernales.
Bernales, ex relator de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, recordó que la Corte Interamericana ya ha analizado ocho denuncias contra el gobierno de Fujimori, de las cuales seis fueron resueltos con fallos adversos contra el estado peruano.
El presidente del Congreso, el oficialista Ricardo Marcenaro, expresó el lunes su convicción de que la CIDH concederá la ampliación de plazo solicitada, "porque dará tiempo para estudiar una solución aceptable para ese organismo".
Por el contrario, Ernesto Velit, analista ligado al opositor Partido Aprista Peruano (PAP), sostuvo que "no existe ninguna posibilidad de que la CIDH prorrogue el plazo que concedió al gobierno", y que "su solicitud de prórroga revela irresponsabilidad ante los compromisos internacionales".
La mayoría parlamentaria se encuentra dividida, pero se estima que las divergencias cesarán cuando el presidente Fujimori tome una decisión al respecto, lo que hasta ahora no ocurrió.
Carlos Torres, presidente de la Comisión de Constitución del parlamento, propuso negociar ofreciendo el retorno de dos de los tres magistrados destituidos, pues uno de ellos desistió de hacer una gestión judicial sobre su derecho a retornar al órgano.
Torres también propuso a la oposición un compromiso para reelegir a dos de los destituidos, si la minoria parlamentaria acepta retirar la denuncia ente la Corte Interamericana.
Los legisladores Lourdes Flores, del opositor Partido Popular Cristiano, y Jorge del Castillo, del PAP, sostuvieron que el pedido de aplazamiento formulado por el gobierno "es solo una maniobra dilatoria" y que "Fujimori no tiene ninguna intención de atender el pedido de la CIDH".
"Perú es suscriptor del Pacto de San José y esta obligado a acatar los fallos de la Corte Interamericana", señaló Flores, en tanto que del Castillo calificó el pedido de aplazamiento de "una tinterillada (novatada) sin posibilidad de éxito".
Algunos oficialistas tienen una actitud más dura, como Daniel Espichan, presidente de la Comisión Contra el Abuso de Autoridad, quien rechazó la ingerencia del sistema interamericano en un asunto interno "que corresponde a la esfera de decisión del parlamento peruano".
"El Congreso designa a los miembros del Tribunal Constitucional y tiene facultades para sancionarlos. Los afectados no pueden recurrir a instancias internacionales. Si así lo hacen, están desconociendo la majestad y autonomía del Poder Legislativo", declaró Espichan.
El legislador añadió razones de orden político práctico, como la enemistad surgida entre los tres miembros del Tribunal Constitucional destituidos y los tres que no fueron afectados. "Es imposible suponer un funcionamiento normal de un Tribunal en donde cohabiten dos grupos antagónicos", afirmó Espichan. (FIN/IPS/al/mj/ip hd/99
