Desde septiembre de 1998 se quemaron en Chile 91.131 hectáreas de bosques, lo cual representa históricamente la peor temporada de incendios forestales en el país, informaron hoy altos funcionarios gubernamentales.
El ministro interino de Agricultura, Jean-Jacques Duhart, y el director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Cristián Palma, instaron al parlamento a aprobar leyes para optimizar la prevención de los incendios y endurecer las sanciones a quienes los provocan.
La temporada de incendios forestales se extiende normalmente desde noviembre a abril, pero en 1998 los siniestros comenzaron tempranamente en septiembre, como consecuencia de la prolongada sequía que afecta al territorio de Chile.
La superficie de 91.131 hectáreas de bosques consumidas hasta hoy representa un incremento de 308 por ciento con respecto al quinquenio 1994-98, que registró un promedio anual de 22.826 hectáreas arrasadas por incendios.
El área de bosques perdidos en la presente temporada equivale a 91.000 canchas de fútbol y representa pérdidas por 91 millones de dólares, según estándares que valoran en 1.000 dólares cada hectárea forestal, dijo el ministro.
Los incendios representan la mayor amenaza para la actividad forestal, que se constituyó desde la década del 80 en la segunda fuente de ingresos por exportaciones para Chile, detrás del cobre.
La cifra anunciada este jueves debe incrementarse hasta abril, ya que si bien se acaba en febrero el riesgo que significa el turismo vacacional masivo, comienzan en marzo labores agrícolas, como la quema de pajas y malezas, proclives a originar incendios.
El director de Conaf indicó que 30,1 por ciento de las quemas de bosques son provocados por pasajeros de medios de transporte que arrojan a los bosques cigarrillos encendidos o envases de vidrio que actúan como lentes de aumento del calor solar.
Otro 29,7 por ciento de los siniestros responde a acciones humanas directas, ya sea por incendios provocados intencionalmente u originados en fogatas mal apagadas.
Lo paradójico de toda esta situación es que sólo 0,5 por ciento de los autores de incendios son finalmente sancionados, con penas menores, lo cual determina la necesidad de incrementar el control pero también de endurecer las sanciones, indicó Palma.
La Conaf, encargada de resguardar 37 millones de hectáreas de bosques de propiedad fiscal y de pequeños productores privados, tiene un presupuesto anual de 20 millones de dólares, de los cuales siete millones de destinan al control y combate de incendios.
Las grandes empresas madereras, en cambio, administran tres millones de hectáreas, en su mayoría de especies introducidas, e invierten en conjunto 13 millones de dólares en la prevención y neutralización de siniestros.
Duhart señaló que se intenta corregir la situación con un proyecto de ley enviado en noviembre al parlamento que obligará a los pequeños propietarios a participar en la prevención y control de incendios, independientemente de que sigan recibiendo subsidios estatales.
Los pequeños propietarios podrán optar por asumir ellos mismos estas funciones, contratar firmas particulares para que las hagan, o seguir descansando en Conaf, pero ahora deberán pagar este servicio a la entidad estatal.
El ministro informó igualmente que a mediados de este año se planea levantar otra propuesta de ley, esta vez tendiente a aplicar duras sanciones a quienes provoquen incendios forestales.
Si bien la sequía es un factor importante en la actual "escalada" de incendios forestales, los expertos coinciden en que es posible evitar la mayoría de los siniestros si se educa a la población en estos aspectos. (FIN/IPS/ggr/ag/en-if/99
