El gobierno y el ejército de Uruguay volvieron a negarse a investigar la veracidad de denuncias sobre ejecuciones de desaparecidos y la existencia de cementerios clandestinos, tras la divulgación esta semana de nuevos datos.
Para ello invocaron la ley que en 1986 dejó sin castigo penal a los militares acusados de violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985).
Sin embargo, un artículo de esa ley, cuya introducción se estimó decisiva para que una mayoría de los ciudadanos ratificara el texto en una consulta popular realizada en 1989, obliga al Poder Ejecutivo a investigar cada vez que surjan nuevos datos sobre el destino de los desaparecidos.
El jueves se supo por versiones de prensa que un ex soldado se presentó en diciembre ante la Suprema Corte de Justicia para informar sobre el caso de la maestra Elena Quinteros, cuyo secuestro en junio de 1976 de la embajada de Venezeula en Uruguay motivó la ruptura de relaciones entre ambos países.
El ex militar, Sergio Pintado, de 35 años, dijo al prresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Marabotto, que Quinteros fue asesinada entre 1980 y 1981, y su cuerpo enterrado bajo la plaza de armas del Batallón de Infantería Blindados número 13.
Pintado confirmó en ese sentido versiones anteriores de otros ex militares que aceptaron atestiguar públicamente sobre la existencia de un cementerio clandestino en esa dependencia del ejército.
También describió cómo dos presos políticos fueron ejecutados a balazos en 1982 cuando eran trasladados desde una cárcel hasta Montevideo. Señaló igualmente que en la despoblada Isla de Flores, ubicada frente a las costas de la capital, fueron enterrados 86 cadáveres de desaparecidos.
Otros habrían sido sepultados en el Cementerio del Norte de Montevideo y un grupo de ocho (cinco mujeres y tres hombres) en el Servicio de Materiales y Armamento del Ejército, de donde luego fueron removidos.
Pintado declaró también que en 1985, tres años después de haber sido dado de baja del ejército por motivos disciplinarios, fue vuelto a contratar por esa arma para participar de una operación secreta de rescate de un soldado estadounidense preso en Nicaragua.
"La operación fue un fracaso. Cuando llegamos el militar ya estaba muerto", dijo el ex soldado a una radio de Montevideo.
Tras tomar declaración a Pintado, Marabotto dio intervención en el caso a un juez. Por otra parte, a solicitud del propio ex militar, que dijo "temer por su vida", el Ministerio del Interior decidió el jueves otorgarle protección policial.
Algunos puntos de las declaraciones de Pintado parecen dudosos incluso a militantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Entre ellos destaca su afirmación de que la maestra Elena Quinteros se encontraba embarazada y que tuvo en cautiverio una hija que habría sido entregada por los militares a un matrimonio argentino y que hoy viviría en Buenos Aires.
Ni los familiares ni los compañeros de militancia de Quinteros supieron nunca que la joven docente estuviera en estado de gravidez, aunque se manejaban para ello con las informaciones de que disponían hasta junio de 1976.
El hecho de que Pintado date la ejecución tras torturas de Quinteros entre 1980 y 1981, y que afirme que para entonces ya había tenido una hija, sugeriría que habría sido violada en cuativerio.
Pero por otra parte testimonios anteriores de ex presos políticos que compartieron prisión clandestina con la maestra aseguran que ésta habría sido asesinada en julio de 1976, poco después de su captura en el jardín de la embajada de Venezuela.
Pero coincidían con lo afirmado ahora por Pintado en que su cuerpo había sido enterrado en el Batallón de Infantería Blindados número 13.
En 1985, otro ex soldado, Ariel López Silva, testimonió ante organizaciones humanitarias uruguayas que él había participado en el entierro en los predios de ese cuartel de cuatro o cinco cuerpos de desaparecidos, de los cuales uno, "por su peso", podría haber sido el de una mujer.
Y en 1997, el general retirado Alberto Ballestrino confió al senador Rafael Michelini, hijo de un ex legislador uruguayo secuestrado y ejecutado en Argentina en 1976, que el Batallón de Infantería Blindados número 13 había servido de cementerio clandestino bajo la dictadura.
Pero el Poder Ejecutivo invocó la ley de amnistía de 1986 para negarse a realizar investigaciones sobre esos y otros datos nuevos que fueron apareciendo con el correr de los años sobre el destino de los desaparecidos.
Tampoco realizó diligencia alguna para averiguar el paradero de los hijos de militantes opositores uruguayos secuestrados junto a sus padres en Buenos Aires o nacidos en cautiverio.
No obstante, la ley de 1986 establece expresamente la obligación del Estado de realizar indagatorias para conocer el paradero de los "menores presuntamente secuestrados".
Varios de ellos fueron ubicados y recuperaron su identidad legal, pero ello se debió "únicamente a los esfuerzos de las organizaciones humanitarias y para nada al Estado, que jamás cumplió con su deber de investigar", señaló una integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
"Otra vez el gobierno ha actuado ilegalmente, al negarse a acatar disposiciones de una ley que en su momento sus actuales integrantes promovieron", dijo a IPS Milton Romani, dirigente del izquierdista Partido por la Victoria del Pueblo, al que pertenecía Quinteros y muchos de los 160 desaparecidos uruguayos.
"Lo que reclamamos es que se investigue", agregó Romani.
El mismo día en que se conocieron las declaraciones de Pintado, el comandante en jefe del ejército, Fernán Amado, ratificó que para las Fuerzas Armadas uruguayas "el caso de los desaparecidos está cerrado y no hay nada que agregar".
Por otra parte, trató de desvirtuar las afirmaciones del ex militar. "Fue dado de baja del ejército en 1982 porque estaba desequilibrado", dijo.
"Tal vez lo que dijo Pintado sea mentira y se trate sólo de un fabulador, pero en todo caso el deber del Estado es saber si ello es así o no y no tiene derecho a descartar previamente una versión sin realizar investigación alguna", comentó Romani. (FIN/IPS/dg/ag/hd-ip/98
