Cinco chilenos, dos argentinos y un brasileño presos en Brasil por el secuestro de un empresario cumplieron hoy 37 días de huelga de hambre, decididos a mantenerla hasta que el gobierno atienda sus reclamos.
Hay gran riesgo de muerte a partir de ahora, según los médicos que les prestan asistencia. Los ocho ya están en el Hospital de Clínicas de Sao Paulo, y los tres más debilitados reciben sales minerales para evitar daños cardíacos.
El líder del grupo, el argentino Humberto Paz, ya perdió más de 20 kilos y los demás por lo menos 14 kilos. Sin embargo, amenazan incluso con suspender la ingestión de agua.
"Sin libertad el ayuno no termina", afirmó Breno Altman, portavoz del grupo y dirigente del comité que lucha por la liberación de los presos, en Sao Paulo.
Evitar la muerte por hambre depende únicamente de una decisión del presidente Fernando Henrique Cardoso, ya que una solución judicial demanda demasiado tiempo, destacaron Altman y Paz.
Los manifestantes, que cuentan con el apoyo del comité y de numerosas organizaciones de derechos humanos, pretenden la expulsión de los extranjeros y el indulto para el único brasileño, Raimundo Roselio Costa Freire.
La huelga de hambre ya es la más larga de la historia del país, superando los 36 días de 1972 en que un grupo de presos políticos de Sao Paulo sólo tomaron agua para impedir transferencias y reunir a todos en una sola cárcel. El país vivía entonces bajo dictadura militar.
Los ocho secuestradores están presos en Sao Paulo desde fines de 1989, cuando se rindieron a la polícia, tras ser descubierta la casa donde tenían como rehén a Abilio Diniz, dueño de la red de supermercados Pan de Azúcar, la mayor de Brasil.
El secuestro tenía la finalidad de obtener fondos para la guerrilla de El Salvador y sus autores tenían vínculos con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile. El pedido inicial de rescate fue de 30 millones de dlares.
Otros dos miembros del grupo, una pareja canadiense, fueron transferidos a su país el mes pasado. Esa salida no se aplicó a los chilenos y argentinos, porque los acuerdos bilaterales de transferencia de presos dependen aún de aprobación parlamentaria.
La justicia los consideró presos comunes, pese a los fines políticos del crimen cometido. Condenados a 26 o 28 años de prisión, y cumplidos nueve, los secuestradores tendran derecho al régimen semiabierto (sólo dormir en la carcel) o a la libertad condicional.
Pero la justicia les negó ese derecho, argumentando que como extranjeros sin autorización de trabajo no pueden disfrutar tales beneficios, previstos en la legislación brasileña.
Se trata de "una discriminación" a los extranjeros, consideró el canciller chileno José Miguel Insulza durante la reunión del Mercado Común del Sur (Mercosur) celebrada hace dos semanas en Río de Janeiro, cuando gestionó con autoridades brasileñas alternativas a la liberación de sus compatriotas.
Ningún condenado por secuestro sin muertes en Brasil tuvo tratamiento tan inflexible, argumentaron tanto Insulza como los abogados de los presos. Al brasileño también se le negaron beneficios legales por tener vínculos con delincuentes.
La justicia está decidiendo en estos días la reducción de las penas a entre 15 y 18 años de prisión, lo que hará menos justificable la no negativa a conceder la libertad condicional. Pero los trámites judiciales son prolongados y serán retardados por las vacaciones judiciales hasta febrero.
El presidente Cardoso provocó reacciones airadas en los tribunales de Sao Paulo, al atribuirles hace dos semanas la culpa por la dilación de fallos que permitieran la liberación condicional de los secuestradores.
Los presos concentran la responsabilidad del caso en Cardoso, pues consideran que sólo "una decisión política" podrá impedir que la huelga de hambre prosiga hasta la muerte. La posibilidad de tal desenlace empieza a preocupar al gobierno.
El grupo reúne a militantes de la izquierda latinoamericana radical, solidarios con la guerrilla salvadoreña, en algunos casos tras la derrota de sus grupos en el país de origen.
Humberto Paz renoció como un error el secuestro en diciembre de 1989, en vísperas de las elecciones en Brasil.
La operación afectó las posibilidades del candidato de izquierda a la Presidencia, el ex obrero Luiz Inacio Lula da Silva, derrotado por Fernando Collor de Mello, derrocado en 1992 por escándalos de corrupción.
Esa es la tercera huelga de hambre en su vida. La primera ocurió cuando era preso político en Argentina. En abril de este año el grupo de ocho secuestradores suspendió el ayuno de 16 días ante promesas de solución judicial para sus reclamos de prisión semiabierta.
El incumplimiento de tales promesas provocó la nueva manifestación y la decisión de llevarla hasta la muerte o la liberación vía expulsión e indulto. (FIN/IPS/mo/mj/hd/98
