El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, comenzó a sufrir los efectos negativos del llamado "sindrome de la reelección", incluso antes de tomar posesión de su segundo mandato, lo que sucederá en enero.
El desgaste político de Cardoso ya es notorio, dos meses después de su triunfo en las urnas. El mandatario logró más de 50 por ciento de los votos válidos, asegurando su permanencia en el poder ya en la primera vuelta de los comicios presidenciales de octubre.
La euforia post-electoral fue reemplazada por la agudización del descontento popular contra los efectos de la aplicación de un paquete de medidas económicas recesivas negociado con el Fondo Monetario Internacional, en noviembre, días después del triunfo de Cardoso.
Se prevé que el nuevo ajuste económico, una respuesta a la incertidumbre entre inversionistas extranjeros, cause un aumento del desempleo, que ya alcanza 10 por ciento de la población economicamente activa brasileña, y una nueva reducción de los gastos sociales del gobierno en salud, jubilaciones y enseñanza.
Una protesta estudiantil contra el recorte del presupuesto de la educación impidió que la esposa de Cardoso, Ruth Cardoso, pronunciara la semana pasada un discurso en una universidad de Río de Janeiro. Es la primera vez que ella es alcanzada directamente por manifiestaciones contra el mandatario.
Incidentes callejeros en Sao Paulo y manifiestaciones sindicales en dos importantes puertos brasileños sonaron las campanas de alarme en los servicios de seguridad del gobierno, indicando aumento de la tensión social.
Una encuesta de opinión pública encargada por la Confederación Nacional de Transportistas indicó que el prestigio de Cardoso bajó veinte puntos porcentuales entre mayo y noviembre.
Pero el golpe más severo contra el presidente fue propinado por sus propios aliados en el Congreso legislativo.
El día 2, 199 diputados de la alianza oficialista formada por cuatro partidos negaron sus votos a la propuesta de ampliación del cobro de contribuciones a la seguridad social de los funcionarios públicos, una medida que el gobierno ya habia prometido adoptar en el acuerdo con el FMI.
La rebelión de la base parlamentaria del gobierno enfureció a Cardoso, que amenazó con represalias contra sus aliados infieles, lo cual deterioró las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Lo que más irritó al presidente fueron las demostraciones de jubilo de numerosos diputados oficialistas cuando la propuesta no alcanzó el número legal de votos para ser aprobada.
Con el de aumento de las contribuciones a la seguridad social, el gobierno buscaba ingresos adicionales por 2.300 millones de dólares que serían utilizados para bajar el deficit fiscal global, estimado en casi 8.000 millones de dólares.
El rechazo de la propuesta oficialista causó un temblor financiero porque afectó el eje del acuerdo con el Fondo Monetário Internacional.
Además de un grave problema político interno en el parlamento, Cardoso pasó a enfrentar también un creciente escepticismo de los circulos financieros internacionales sobre la capacidad brasileña de evitar una fuga masiva de capitales golondrina similar a la que afectó a varios paises asiáticos.
Los ultimos incidentes frustraron la iniciativa del presidente de cambiar la agenda política del país, marcada desde noviembre por la multiplicación de escándalos involucrando el proceso de privatizacion de 57 empresas estatales.
El descrédito sobre la gran subasta de bienes públicos llegó a tal punto que algunos comentaristas políticos brasileños ya se refieren a ella como la "privateria" (una combinación de las palabras privatizacion y pirateria).
Al igual que otros presidentes latinoamericanos que ya sufrieron los efectos del síndrome de la reelección, Fernando Henrique Cardoso empieza a pagar un precio muy alto por el continuismo político.
La paradoja es que su nuevo período presidencial nace contaminado por la apatía popular, una fiebre política que normalmente se manifiesta en el ocaso de un mandato. (FIN/IPS/cc/mj/ip/98
