Activistas y funcionarios de Honduras amenazaron con demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado por amparar a militares que violaron esos derechos en los años 80 con la amnistía de 1990, sancionada en beneficio de militantes izquierdistas.
Las organizaciones condenaron la decisión de la Corte de Apelaciones de favorecer con la amnistía a los militares prófugos implicados en la desaparición de personas en la última década, fallo que, consideran, demuestra la "subordinación" de los jueces al poder político.
Ramón Custodio, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), dijo a IPS que la decisión de la Corte de Apelaciones "es una bofetada a la democracia, la justicia y a los derechos humanos".
"Cuando el derecho internacional avanza en otras partes del mundo y nos da ejemplos como el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet, próximo a ser juzgado por delitos de lesa humanidad en España, aquí vamos como el cangrejo, caminando hacia atrás", dijo Custodio.
"Si la justicia sigue favoreciendo la impunidad y al poder político, el Estado de Honduras será demandado nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", agregó.
La Corte de Apelaciones dejó el lunes pasado sin validez un recurso de amparo presentado por la Fiscalía del Estado, por el cual intentaba impedir que la amnistía que benefició en 1990 a los exiliados políticos de izquierda amparare a militares implicados en las desapariciones de los años 80.
Las Fuerzas Armadas alegan que ese decreto los abarca, por lo que facilitaron la fuga de 13 militares, activos y retirados, acusados en los tribunales de delitos de lesa humanidad.
La Corte de Apelaciones, en fallo unánime, consideró que la aministía de 1990 "abarca a los militares" porque sus delitos fueron cometidos el en marco de la "situación especial" que vivía el país en ese momento.
Para reforzar el "tono conciliatorio y de perdón" de la Corte de Apelaciones, el presidente del Poder Judicial, Armando Avila, dijo este martes que "la amnistía abarca, en efecto, a los militares y no hay que seguirle dando vueltas a este asunto".
"Puedo decir que no hay influencia política en este fallo. Se actúo de acuerdo con la ley y los magistrados de la Corte de Apelaciones me merecen todo el respeto y confianza absoluta", dijo.
En 1990, el gobierno entonces encabezado por Rafael Callejas aprobó una amnistía para permitir el retorno de los exiliados políticos y el abandono de las armas por parte de los grupos guerrilleros. Sin embargo, la norma no dice con claridad que abarque a los militares violadores de los derechos humanos.
Los legisladores de esa época arguyen ahora que en el "espíritu" que dio forma a la amnistía queda implícito ese favoritismo, algo que rechazan las organizaciones de derechos humanos e incluso organismos públicos.
La decisión del tribunal de apelaciones "nos llena de vergüenza y pone nuevamente en entredicho la imagen internacional de Honduras", dijo Leo Valladares, representante del estatal Comisionado de los Derechos Humanos.
"Este fallo sólo favorece a los delincuentes e inmorales, y da pie para que aquellos que robaron al erario público lo sigan haciendo, porque si el país perdona a quienes mataron personas hace una década, ¿por qué no va perdonar a sus ladrones, responsables de su pobreza?", preguntó Valladares.
"Nos asiste el derecho de demandar internacionalmente y ya nos estamos preparando para ello", dijo Bertha Oliva, del Comité de Familiares Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
"Aquí pueden burlarse de nosotros y de la ley, pero afuera la justicia nos está demostrando que existe. Que se prepare el gobierno para una demanda si sigue con su política de impunidad", sostuvo Oliva.
El Estado de Honduras fue condenada en 1987 y 1988 por la Corte Interamericana de la desaparición forzada de dos personas, el estudiante Saúl Godínez y el sindicalista Manfredo Velásquez.
Por esas causas se pagó a sus familiares una indemnización de más de 1,4 millones de dólares. El Estado reconoció en 1994 su participación, a través del Ejército, en distintas violaciones de los derechos humanos y en la ejecución de 187 desaparecidos.
Valladares dijo que la última palabra está en manos de la Corte Suprema de Justicia, a la que se acudirá para anular el fallo de la Corte de Apelaciones. Pero "no debemos hacernos muchas ilusiones, porque todo apunta a que la sentencia será desfavorable", pronosticó.
Pero, pese a ser el representante de un organismo estatal, Valladares recomendó la demanda contra el Estado ante la CIDH, así como una petición de indemnización a los familiares de los desaparecidos porque se "están burlando de ellos".
"Yo apoyaré cualquier instancia legal que se haga a nivel internacional", prometió. (FIN/IPS/tm/mj/hd/98
