La detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, preocupa a los ex dictadores de Guatemala, en especial a Efraín Ríos Montt, quién será procesado en Bélgica por el asesinato y desaparición de dos sacerdotes durante su gobierno de facto.
El asesinato Ward Capiu, en 1982 y la desaparición de Sergio Berten en 1983, ambos sacerdotes belgas, son los casos que el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) utilizará para procesar a Ríos Montt, con la esperanza de que el derecho internacional le niegue inmunidad, como ocurrió con Pinochet.
Mario Polanco, dirigente del GAM, una organización humanitaria que nuclea a familiares de detenidos y desaparecidos, dijo a IPS que ya se comunicaron con potenciales testigos y recopilan las pruebas, por lo que estiman que entre febrero y marzo estarían en condiciones de presentar la demanda en Bruselas.
Ríos Montt, secretario general del derechista Frente Republicano Guatemalteco, pensaba viajar a Bruselas a la reunión del Grupo Consultivo, formado por países y entidades financieras que evalúan el cumplimiento de los acuerdos de paz en Guatemala, "pero desistió por el temor de ser capturado", afirmó Polanco.
El dirigente del GAM aseguró que el fallo contra Pinochet adoptada por la Cámara de los Lores en Londres, "es el precedente perfecto, y el aire de confianza que hacía falta para continuar".
Polanco informó que ante la renuencia de Ríos Montt para salir de Guatemala, recurrirán al Tribunal Penal Internacional, donde los familiares de guatemaltecos víctimas de la dictadura pueden ser demandantes.
Dirigentes humanitarios guatemaltecos coincidieron en que además, de Ríos Montt, en la lista deberían estar también ex dictadores como Romeo Lucas García y Oscar Mejía Víctores, ya que durante sus gobiernos se cometieron numerosas violaciones de los derechos humanos.
Ríos Montt, quien asumió el poder mediante una asonada militar en marzo de 1982, lanzó una campaña contrainsurgente más agresiva que sus predecesores, decretando el estado de sitio, la censura de prensa y tribunales secretos de fuero especial.
También incrementó la formación de patrullas civiles de autodefensa, ordenó grandes operativos de control y registro en las ciudades y envió a las tropas especiales a las zonas rurales, donde llevaron a cabo una política de "tierra arrasada" y matanzas colectivas.
Según organismos nacionales e internacionales, en el primer año de gobierno de Ríos Montt fueron asesinados más de 15.000 personas, 70.000 buscaron refugio en países vecinos, en especial en México, y unos 500.000 se internaron a vivir a las montañas.
En agosto de 1983, Ríos Montt fue depuesto por otro golpe militar, que llevó al poder al general Oscar Mejía Víctores, quien llamó a elecciones en 1985, en las que triunfó Vinicio Cerezo, iniciando una era de gobiernos electos democráticamente y un diálogo de paz con la guerrilla que concluyó en 1996.
Mario Minera, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, sostuvo que el caso de Pinochet sienta jurisprudencia en los delitos de lesa humanidad, los cuales incluyen asesinatos, torturas y masacres.
Para plantear un caso a nivel internacional, afirmó, es necesario que los tribunales nacionales se resistan a conocerlo, como ha sucedido hasta ahora.
La diputada Nineth Montenegro, una reconocida activista humanitaria que también es miembro del GAM, comentó que además de familiares de ciudadanos belgas que documentan su desaparición, también hay españoles y estadounidenses.
Ríos Montt, quien perdió las últimas elecciones por estrecho margen, dijo que las organizaciones que quieren enjuiciarlo no tienen pruebas en su contra y aseguró que su situación y la de Pinochet son totalmente diferentes.
"Aquí hubo una guerra y así como existen comandantes militares, también hubieron en la guerrilla", afirmó.
Zury Ríos, hija del ex dictador y diputada por el Frente Republicano Guatemalteco, negó que su padre evitara abandonar el país por temor a ser capturado. (FIN/IPS/cz/ag/hd-ip/98
