Unas 95.000 personas emgrosaron en el último trimestre en Colombia la masa de desplazados por el conflicto armado, que ganó intensidad en vísperas del diálogo de paz del gobierno y la guerrilla.
Desde el día 8, cando fue habilitada la zona de distensión para las negociaciones del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), se produjeron combates entre insurgentes izquierdistas y paramilitares de derecha en varias regiones, que cusaron más de 40 muertos e incrementaron la cantidad de desplazados.
En la parte sur del norteño departamento de Bolívar huyeron entre el domingo y el martes 1.000 campesinos, y el gobernador Roberto Arrázola pidió a los habitantes de cinco localidades abandonar la zona por incapacidad para protegerlos.
Arrázola informó que los paramilitares utilizan helicópteros para combatir contra la guerrilla y bombardean indiscriminadamente a la población de esas localidades.
Los paramilitares, agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han jurado sacar "a sangre y fuego" a los insurgentes del sur de Bolívar antes de diciembre.
El diputado independiente Gustavo Petro aseguró que los paramilitares están apoyados por empresas mineras internacionales, a las que no identificó, que pretenderían expulsar a la población de ese territorio.
El sur de Bolivar es una de las regiones más ricas en recursos naturales de Colombia, pero presenta un nivel de pobreza superior a la media nacional.
Cerca de 5.000 personas abandonaron este año el sur de Bolívar, y a esa canbtidad debe agregarse los 1.000 desplazados que entre el domingo y el miércoles dejaron los municipios de Barranco de Loba, Altos del Rosario, Arenal y Tiquisio.
Otros 220 campesinos abandonaron el lunes el municipio de Río Blanco, en el central departamento del Huila, que fue blanco de las AUC, y 100 huyeron de Vegachí y Remedios entre el domingo y el martes.
El anuncio del inminente comienzo del diálogo entre el gobierno y la guerrilla determinó a los grupos armados a lanzarse a la conquista de territorios, para llegar a la mesa de negociación con mayor fuerza, opinaron la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos (Codhes) y analistas independientes.
Jorge Rojas, coordinador de Codhes, dijo a IPS que el solo anuncio de la negociación y de la creación de la zona de distensión en cinco municipios del sudeste causó "un reacomodamiento de los actores armados y un estado de tensión", por las implicaciones de un proceso como el que está previsto.
Las AUC, que reúnen a cerca de 5.000 hombres armados, comunicaron su disposición a negociar la paz con el gobierno, al igual que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, la segunda organización guerrillera.
Los hechos más significativos, según Codhes se dieron en agosto en los departamentos de Antioquia y Chocó, del noroeste, en Bolívar, en el nororiental Santander y en el sudoriental y Meta.
Codhes advierte además, que el propositos de los grupos paramilitares es penetrar las zonas de influencia de la guerrilla en el centro y sur del país y en especial el sur de Bolivar y magdalena (Noroeste), Casanare y Arauca (sudeste).
Así mismo, las FARC, el mayor grupo guerrillero, pretende recuper territorio perdido en el departamento de Córdoba, principal centro de operaciones de las AUC, y se hecho anuncia nuevos desplazamientos forzados.
Organizaciones no gubernamentales señalaron que el Estado no atiende debidamente a la población desplazada.
Las autoridades lograron el último año el regreso a su hogar de cerca de 15.000 personas. Los desplazados forzosos fueron 1,2 millones en los últimos cinco años.
Alfredo Molano, ex asesor de paz de la Presidencia, advirtió que el problema del desplazamiento forzoso se agravará el comenzar el diálogo de paz, que no está condicionado al previo alto el fuego, si el gobierno no combate con decisión a los paramilitares de derecha. (FIN/IPS/yf/ff/hd ip/98
