Militares de Ecuador y Perú se reunieron en la frontera y tomaron medidas que fortalecen la confianza mutua, mientras los políticos peruanos continúan discutiendo sobre las ventajas y riesgos del acuerdo de paz entre ambos países ante una ciudadanía desconcertada.
La minoritaria oposición al presidente Alberto Fujimori comenzó el viernes a luchar en el Congreso legislativo contra la ratificación del acuerdo de paz, un día después de que militares de los dos países concluyeran una amistosa reunión.
La cita se celebró el miércoles y jueves en Bagua, ciudad del extremo norte de la selva peruana, y asistieron delegaciones encabezadas por el jefe de la Cuarta División del Ejército de Ecuador, general Nairo Velasco, y el de la Sexta Región Militar de Perú, general Edgar Cano.
Ecuador y Perú están en el tramo final del camino hacia la resolución de un litigio fronterizo surgido con la propia independencia, hace siglo y medio, y que provocó las guerras de 1941, 1981 y 1995.
En Bagua, los jefes militares acordaron sostener comunicación diaria y a utilizar equipos similares con ese fin, y aprobaron una Cartilla de Seguridad para evitar roces entre patrullas. Se comprometieron, incluso, a darse ayuda mutua y primeros auxilios cuando surjan accidentes o problemas de abastecimiento.
Respecto de la eliminación de las minas sembradas en el escenario de la última guerra, se decidió dejar el asunto en manos de la Misión de Observadores Militares (MOMEP), pertenecientes a Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, grupo que supervisó el cumplimiento del alto del fuego.
Otro acuerdo, no menos importante, es la decisión de promover un acercamiento amistoso entre las unidades militares situadas a ambos lados de la frontera, mediante asistencia conjunta a actos protocolares, culturales y deportivos.
Al parecer ajenos a las discusiones políticas en sus países, los mandos militares ponen en práctica el acuerdo de paz en los términos propuestos por el fallo arbitral emitido por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos.
El fallo ratificó la línea fronteriza establecida por el Tratado de 1942, que desde 1950 fue impugnado por los sucesivos gobiernos de Ecuador.
A pesar de que el arbitraje de los garantes del Tratado dio la razón a Lima en cuanto a la demarcación, establece algunas condiciones que los partidos opositores consideran deshonroso y perjudicial para la economía de la Amazonia peruana.
El fallo compromete a Perú a entregar en propiedad un terreno de un kilómetro cuadrado en Tiwinza, escenario de la última batalla en la breve guerra de 1995, convertido en emblemático para Ecuador pues sus fuerzas resistieron con vigor el intento de desalojo de los soldados peruanos.
En Tiwinza, situada en territorio bajo soberanía de Perú y a cuatro kilometros de la frontera, Ecuador erigirá un santuario en memoria de sus soldados caídos en 1995, proyecto que muchos peruanos consideran un homenaje a quienes invadieron su país.
Por otro lado, el fallo obliga a Perú a otorgar a los barcos mercantes ecuatorianos derecho de libre tránsito por los ríos de la Amazonia peruana, y a conceder, por un mínimo de 50 años, dos zonas de 150 hectáreas para instalaciones aduaneras, comerciales e industriales.
Ochenta y uno por ciento de los peruanos consideran agraviante "la entrega de Tiwinza a Ecuador", aunque poco más de 50 por ciento, sumando quienes respaldan totalmente el acuerdo y aquellos que lo aceptan como un precio por la paz, expresa que el fallo arbitral debe ratificarse.
Respecto de las facilidades de navegación y comercio que se debe conceder a de Ecuador en la Amazonia, hay una clara división regional en la opinión pública peruana.
En Lima y en la mayor parte del país, con excepcion de las zonas selváticas, se considera conveniente la integración comercial.
Pero las ciudades de la Amazonia, especialmente en la ciudad de Iquitos, cuya población se sintió siempre amenazada por los reclamos territoriales ecuatorianos, el Tratado de Navegacion y Comercio es considerado "caballo de Troya de la penetración de Ecuador".
Días después de que los presidentes de Ecuador, Jamil Mahuad, y Perú, Alberto Fujimori, firmaron el 26 de octubre en Brasilia el acuerdo de paz, hubo violentos disturbios en Iquitos, con un saldo de cinco muertos y una veintena de edicios públicos y comerciales incendiados.
Mientras, llegó el turno a los políticos, y el Congreso legislativo comenzó este viernes la discusión sobre la ratificación o rechazo del acuerdo de paz.
Se estima que Fujimori no tendrá problemas en obtener la aprobación por mayoría simple, sobre la base de los votos de su partido a los que se sumarían algunos de la oposición aislados.
Pero los opositores sostienen que el respaldo por mayoría simple es insuficiente, pues el tratado incluye concesiones tributarias que, por mandato constitucional, requieren no menos de 80 votos de los 120 escaños en el Congreso.
La respuesta del gobierno de Fujimori para tranquilizar a la población amazónica es ofrecerle un régimen tributario excepcional e invertir en los próximos meses 776 millones de dólares en el desarrollo de una infraestructura social y productiva en la región selvática. (FIN/IPS/al/mj/ip/98
