El caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet, retenido en Gran Bretaña, representa un desafío para los tribunales de justicia y para los periodistas británicos y españoles.
Se trata de un caso complejo desde el punto de vista jurídico y las respuestas han estado condicionadas por la interpretación de leyes nacionales y del derecho internacional y por la magnitud de los crímenes que se atribuyen al general retirado Pinochet.
Pinochet fue detenido por la policía británica el 16 de octubre, mientras se recuperaba de una operación de hernia de disco en un hospital de Londres y a pedido de un juez español, Baltasar Garzón. El 12 de este mes, el gobierno de España pidó formalmente su extradición.
Garzón cree disponer de elementos para procesar a Pinochet por crímenes contra la humanidad cometidos en Chile y en otros países durante los 17 años en que detentó el poder (1973-1990).
El Tribunal Superior de Londres determinó que la detención del general retirado y ahora senador vitalicio era ilegal, debido a que su condición de jefe de Estado durante los hechos investigados le asegura inmunidad soberana.
El fallo fue apelado por la Fiscalía ante la Cámara de los Lores, que actúa como corte suprema de justicia, y el veredicto de ésta se conocerá el día 25.
Pero con poco tiempo para la reflexión y un espacio de trabajo limitado, la cobertura de los medios de comunicación del caso Pinochet ha sido calificada por algunos críticos de inexacta, tendenciosa y poco objetiva.
Gregorio Dionis es un abogado argentino que dirige Equipo Nizkor, una organización no gubernamental (ONG) de Madrid que lucha por los derechos humanos en América Latina.
Dionis afirma que la cobertura de los medios españoles del caso Pinochet ha tenido "un enfoque emocional" y no siempre ha considerado "los fundamentos legales" de la situación planteada.
La prensa extranjera se puso en contacto con Eequipo Nizkor, pero "los medios españoles no nos consultaron ni utilizaron otras fuentes legítimas", aseguró.
Dionis sostiene que la pensa española no logró "comprender la relevancia del proceso paralelo que lleva a cabo Amnistía Internacional (y otras ONG) en la Cámara de los Lores, ni las implicancias del proceso para el derecho internacional".
Los medios se concentraron en el manejo oficial del caso, en vez de atender las cuestiones legales planteados por las ONG, que han recurrido a algunos de los mejores especialistas del mundo en derecho internacional para respaldar su posición.
"No culpo a los periodistas, pero los directores de los medios deberían promover una mejor investigación", dijo Dionis. La presión sobre los medios de comunicación de España es grande.
Rafael Torres, columnista del diario madrileño El Mundo fue despedido a principios de este mes, tras publicar una entrevista exclusiva con Joan Garcés, un experto en derecho internacional que colabora con el equipo de Garzón y estuvo vinculado al presidente chileno Salvador Allende, derrocado por Pinochet.
"Luego de publicar una entrevista con Joan Garcés me dijeron que mi columna había llegado a su fin. Me despidieron", explicó Torres a IPS en conversación telefónica. Había trabajado para El Mundo durante nueve años.
Los medios de Gran Bretaña tampoco escapan a las críticas.
"Los británicos adoptaron una actitud moral: dieron por descontado que Pinochet había hecho 'algo malo' y que, por lo tanto, no interesa si hay leyes que lo protegen, porque no debe tener derecho a ser protegido", explicó el abogado británico Craig Barker, especialista en inmunidad diplomática.
La cuestión de la legalidad de la detención de Pinochet, la misma que es ahora considerada por la Cámara de los Lores, confunde el tema. "No es asunto de jurisdicción, sino de inmunidad", aclaró Barker.
Los medios de comunicación parecen haber olvidado que las autoridades británicas no juzgan a Pinochet, sino que consideran su alegada inmunidad ante el derecho internacional, agregó.
Los Lores deben confirmar o revocar el fallo del Tribunal Superior de Londres, que desautorizó la detención y excluye por lo tanto la extradición del ex dictador a España o a cualquiera de los otros países europeos que lo han reclamado.
Gran Bretaña es parte de varios tratados, como la Convención de Ginebra y la Convención Contra la Tortura, que parecen contradecir la Ley de Inmunidad de Estado de 1978, la norma británica citada por el Tribunal Superior para concluir que Pinochet está amparado ante toda acusación por su inmunidad soberana.
Sin embargo, el precedente de los juicios de Nüremberg contra los dirigentes nazis tras la Segunda Guerra parece señalar que ningún jefe de Estado tiene inmunidad frente a la acusación de crímenes contra la humanidad.
Ese es el conflicto que intentan resolver los cinco Lores designados para tratar el caso. Al hacerlo, advirtió Barker, quizás tengan que revisar todo el sistema británico de justicia.
"No hay forma en que los Lores puedan anular el concepto de inmunidad diplomática de acuerdo con nuestra ley británica escrita". destacó Barker. Sólo el parlamento puede cambiar las leyes en Gran Bretaña, o al menos, eso es lo que se cree.
"Si los Lores negaran a Pinochet la inmunidad soberana, su decisión constituiría un hito en nuestra historia jurídica, porque no aceptarían una ley aprobada por el parlamento", observó Barker.
Pero el caso presenta complejidad aún mayor que la dicotomía entre el derecho británico y el derecho Internacional. Barker cree que está en entredicho el principio de la soberanía de los estados, la esencia misma del derecho internacional.
Mientras, Aministía Internacional, apoyada por Ian Brownie y otros especialistas en derecho internacional, arguye que la Ley de Inmunidad de Estado de 1978 no se aplica a procesos por secuestro o asesinato en masa.
Barker admitió que si los Lores aceptan ese punto de vista, la apelación contra la inmunidad seguramente prosperará y Pinochet será entregado a un tribunal español.
Pero la posición de Amnistía Internacional presenta otros matices. Parte del supuesto de que Pinochet cometió el primero de sus crímenes antes de convertirse en jefe de Estado.
"Si hay prueba de eso, los Lores tendrían un argumento legal para invalidar la decisión del Tribunal Superior", explicó Barker. Una decisión apoyada en esa argumentación limitaría las consecuencias políticas del caso y evitaría un choque frontal entre el derecho internacional y el británico.
El pedido de juicio a Pinochet alentó a opositores bolivianos y a cubanos exiliados a movilizarase en procura de que los presidentes Hugo Banzer, de Bolivia, que encabezó una dictadura en los años 70, y Fidel Castro, de Cuba, sean juzagados en España.
Algunos expertos afirman que si se juzga a Pinochet, la reina Isabel II de Gran Bretaña y la ex primera ministra Margaret Thatcher podrían verse ante acusaciones. Por ejemplo, por violaciones a los derechos humanos en Irlanda del Norte.
Pero si se encuentran pruebas de que Pinochet cometió los crímenes antes de convertirse en jefe de Estado, la validez del concepto de inmunidad soberana sería preservada, y los otros jefes de Estado "no estarían en peligro" en Gran Bretaña, concluyó Barker. (FIN/IPS/dc/ss/mv-ff/hd ip/98
