Una lluvia de querellas y nuevos pedidos de extradición recibirán a Augusto Pinochet, detenido en Gran Bretaña, si regresa a Chile, aseguró el abogado Eduardo Contreras, director de la acusación en la primera investigación abierta contra el ex dictador en su país.
Contreras viajó a España invitado por el Centro Salvador Allende, de Barcelona, para pronunciar una conferencia y entrevistarse con juristas españoles y dirigentes de organizaciones humanitarias.
Se desempeña como apoderado de la líder del Partido Comunista, Gladys Marín, quien logró que se aceptara a trámite una querella contra Pinochet por el asesinato de su esposo, perpetrado en 1973, días después del golpe de Estado que derrocó el gobierno constitucional de Salvador Allende.
"Nuestra querella fue la primera aceptada a trámite, pero en la actualidad ya suman 16. Y tras la histórica sentencia de los Lores en Londres, nada volverá a ser igual y se abrirán nuevos cauces, incluso en Chile, para que se haga justicia", dijo Contreras en rueda de prensa.
El abogado opinó que difícilmente el gobierno británico opte por la expulsión de Pinochet, que de ese modo regresaría a Chile, evitando su enjuiciamiento en España, que lo pidió en extradición. Al respecto, señaló que ya no es sólo un juez español el que lo reclama, sino muchos otros.
"Pero si lo expulsasen regresaría un desecho, un general que llora, un derrotado, sobre el que caerían nuevas querellas en Chile y una lluvia de pedidos de extradición de varios países, de España, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Suecia y otros", dijo.
En Londres, la propia defensa de Pinochet aportó testimonios que permitirán incriminarlo con mayor precisión en Chile y en otras naciones, comentó Contreras.
El abogado de Pinochet, para probar que su defendido debía gozar de inmunidad como ex jefe de Estado, señaló que la Dirección Nacional de Seguridad (DINA) dependía directamente de él, que daba las órdenes en su carácter de jefe supremo.
La DINA fue responsabilizada de gran parte de los crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990). Su ex director general Manuel Contreras, condenado y en prisión por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, también declaró que recibía órdenes directas de Pinochet.
Eduardo Contreras sostiene que el ex dictador debió haber sido juzgado en su país, pero que la Constitución que impuso, así como la ley de amnistía y las condiciones generales, impidieron que así fuera. Lo importante es que se lo juzgue, añadió.
Ahora, tras el proceso iniciado por el juez español Baltasar Garzón, que fue seguido de otros, en varios países de Europa, y de la "histórica resolución" de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña, "nada volverá a ser igual", sentenció.
El Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores negó este miércoles a Pinochet la inmunidad que le había reconocido un tribunal británico por su condición de ex jefe de Estado.
El fallo de los Lores determinó la detención inmediata del ex dictador, que estaba en libertad vigilada, y abrió el camino para su extradición a España. El ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, debe decidir antes del 7 de diciembre si pone en marcha efectivamente el proceso para la extradición.
Contreras también señaló que la ley de amnistía impuesta por el propio Pinochet cubre sólo el período entre septiembre de 1973 y abril de 1978, y después de esa última fecha se siguieron cometiendo delitos contra los derechos humanos.
Pero esa ley también excluye de la amnistía los delitos de desaparición forzada de personas, que son la mayoría de los que ahora se investigan en Chile.
Por el momento, Pinochet está amparado por el fuero de senador. Contreras señala que puede ocurrir que la Corte Suprema de su país le retire esa garantía y, por lo tanto, se pueda abrir nuevos juicios en su contra.
Así mismo, Contreras indicó que en todos los acontecimientos producidos tras la detención del acusado en Gran Bretaña, el 16 de octubre, no se registró ninguna declaración suya o de sus partidarios de que fuese inocente. Simplemente invocaban su inmunidad como ex jefe de Estado o como titular de una supuesta misión diplomática, para que no lo procesaran.
Lo importante, insistió el abogado, es que sea juzgado "y no se trata de elegir cárcel". La invocación al trato humanitario que hacen los partidarios de Pinochet le hizo recordar lo ocurrido con Bernardo Araya, de 81 años, y su esposa, colgados de los pies y asesinados frente a sus nietos, durante la dictadura.
Contreras aclaró que los demócratas en Chile no pretenden que se aplique el mismo trato, "ni parecido", a Pinochet, sino que se lo juzgue y que en su juicio cuente con abogados, garantías procesales y atención médica, "todo lo que él negó a sus víctimas". (FIN/IPS/td/ff/ip hd/98
