Paraguay envió al juez español Baltasar Garzón, a cargo del proceso que llevó al arresto del ex dictador de Chile Augusto Pinochet en Londres, pruebas de la responsabilidad de militares del Cono Sur de América en la desaparición forzada de personas.
La Corte Suprema de Justicia de Paraguay autorizó el envío a Madrid de copias autenticadas de documentos de la Operación Cóndor, que coordinó las acciones de la represión ejercida por las dictaduras de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en los años 70 y 80.
Se trata de expedientes de la policía política del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989), hoy exiliado en Brasil, que se acumulan en la actualidad en la sede del organismo judicial y constituyen el denominado Archivo del Terror.
Al envío concretado por la Cancillería se anexaron informes de investigadores opositores como Alfredo Boccia, del Partido Encuentro Nacional, que detallan la coordinación entre los organismos de inteligencia de las dictaduras que imperaron en la región.
El juez Garzón estuvo tres meses atrás en Asunción, donde participó en seminarios sobre combate a la corrupción, y aprovechó la ocasión para recorrer el desordenado archivo donde yacen los biblioratos luego de haber sido consultados por analistas y curiosos.
El magistrado solicitó los documentos que pudieran servir de prueba sobre la desaparición de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades, en una época en que los servicios represivos de los distintos países se intercambiaban detenidos para ser interrogados, torturados y asesinados.
Un día antes de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, el juez penal José Servín pidió al ministro del Interior, Rubén Arias, el envío a su juzgado de los antecedentes de la Operación Cóndor, activa en Paraguay entre 1976 y 1983, según distintos informes.
Su solicitud se basa en un exhorto de la justicia argentina para esclarecer la desaparición de sus nacionales Liliana Fontana y Pedro Sandoval, quienes estaban en la capital paraguaya y desaparecieron durante la dictadura militar.
Este recurso de hábeas data, derecho incorporado por la constitución democrática de 1992, ya había sido presentado sin éxito cinco años atrás por el abogado Martín Almada, ex torturado y activista de derechos humanos.
Servín quiere mandar a la Argentina un listado completo de los documentos de identidad (cédulas) argentinos hallados en el Archivo del Terror descubierto a comienzos de los 90, que contiene indicios de operativos represivos efectuados por las dictaduras de la región.
El asunto cobró actualidad con el pedido de detención e interrogatorio planteado por el juez Garzón contra el dictador Pinochet (1973-1989), quien se encuentra detenido en Londres en donde fue operado por una hernia de disco.
La detención de Pinochet se concretó el 16 de octubre, lo que generó una controversia entre el gobierno de Chile, secundado por otros latinoamericanos, y los de España y Gran Bretaña, sobre las potestades de Garzón para juzgar delitos cometidos en terceros países y la reclamada inmunidad diplomática del ex dictador.
El juez español entiende en una causa por la desaparición forzada, entre otros, de unas 600 personas en Argentina y 94 en Chile.
El Operativo Cóndor, constituido en 1975 a iniciativa del general chileno Manuel Contreras, consistió en una coordinación transnacional por la cual los militares de un país contaban con vía libre para operar en otros para seguir, detener, secuestrar y extraditar de forma clandestina a opositores políticos.
El dispositivo incluía un banco de datos común en el que constaban los nombres de los militantes antidictatoriales cuya eliminación más interesaba a los regímenes de los cinco países, que hoy están asociados en el Mercado Común del Sur.
Las operaciones llevaron al asesinato de miles de personas entre 1975 y 1983, así como a la apropiación y posterior adopción ilegal de hijos de desaparecidos y el saqueo de los bienes de los detenidos.
Garzón se ha declarado decidido a llegar "al corazón del Cóndor", que tenía sus principales bases de operaciones en Buenos Aires y Santiago.
El ex presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle, presente en Paraguay para exponer ante un foro de líderes universitarios católicos de la región, opinó que el pedido de detención es una "extralimitación jurídica del juez Garzón, más allá del repudio" que comparta sobre la figura de Pinochet.
Lacalle concluyó que "no es un procedimiento que convenga a las relaciones internacionales" y lo consideró "un retroceso para las normas de convivencia". (FIN/IPS/cm/mj/ip hd/98
