La sentencia contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres confirmó el creciente consenso internacional contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad, dijo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson.
Con su fallo, que revocó el dictamen del Tribunal Superior de Londres que había atribuido "inmunidad soberana" a Pinochet, la Cámara de los Lores alentó esperanzas de que el ex dictador afronte al fin a la justicia, dijo Robinson.
El fallo, emitido el miércoles pasado, "anima a los defensores de los derechos humanos de todo el mundo", agregó la funcionaria de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
En una extensa declaración distribuida en su oficina de Ginebra, Robinson estimó que la decisión de los Lores y la iniciativa del juez español Baltasar Garzón de solicitar la extradición de Pinochet "hubieran sido inimaginables hasta hace poco tiempo".
Pero los dos hechos fueron posibles por una inversión registrada en las tendencias del derecho internacional, como se evidenció a mediados de este año en Roma, con la aprobación en Roma del estatuto del Tribunal Penal Internacional.
El estatuto tiende a impedir la impunidad por violaciones en extremo atroces de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional, recordó la alta comisionada de la ONU.
En Roma, los gobiernos actuaron inspirados por los principios fundamentales, arraigados en los antiguos derechos y costumbres de las culturas de todo el mundo.
Esos principios básicos establecen que todos los individuos, sin distinción de calidad o de rango oficial, están legalmente constreñidos a abstenerse de cometer delitos como el genocidio, los crímenes de guerra y contra la humanidad.
Robinson observó que el estatuto de Roma concibe el establecimiento de un Tribunal Penal Internacional de carácter permanente para entender de forma más general y en perspectiva ante casos semejantes a los incoados en los organismos especiales creados por el Consejo de Seguridad de la ONU.
La declaración de la alta comisionada se refiere a los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda.
Los tribunales nacionales tienen también la autoridad para perseguir y penar a individuos por delitos que caen bajo el derecho internacional.
En su defecto, los tribunales locales pueden extraditar, transferir o someter un acusado a los procedimientos penales de otro país, dijo la declaración.
El caso de Pinochet ilustra ese principio, recordó Robinson, uno de los más antiguos y mejor consagrados del derecho internacional, el de "aut dedere aut judicare" (obligación de juzgar o de conceder la extradición).
Robinson mencionó varios instrumentos legales internacionales, incluida la Convención de la ONU contra la Tortura, que obligan a los estados a establecer jurisdicción sobre esos delitos.
Los estados que aceptan esas convenciones deben extraditar a los delincuentes o, de lo contrario, procesarlos. Los estados confirman de manera expresa a través de esos tratados que no es válido el alegato de defensa de la inmunidad de estado.
Al respecto, Robinson mencionó que la semana pasada el Comité contra la Tortura recomendó que, en el caso de Pinochet, el asunto fuera trasladado a la oficina del fiscal acusador.
En el caso de que se decidiera no extraditar a Pinochet, el fiscal debería "examinar la factibilidad y la competencia para iniciar una causa penal" en Gran Bretaña, opinó el Comité contra la Tortura.
Robinson declaró que las consecuencias del caso de Pinochet refuerzan la necesidad de que los estados ratifiquen el estatuto del Tribunal Penal Internacional.
Esa corte prepararía el camino hacia el enjuiciamiento y el castigo coherentes, generales y universales de los delitos internacionales.
Sin mencionar en especial a Chile ni a Gran Bretaña, Robinson subrayó que el tribunal internacional ayudaría a los gobiernos y a los tribunales nacionales atrapados en dificultades derivadas de las relaciones diplomáticas. (FIN/IPS/pc/mj/ip hd/98
