Organizaciones de derechos humanos y grupos de refugiados chilenos en Gran Bretaña se preparan para una dura batalla legal con la meta de ver al ex dictador chileno Augusto Pinochet ante la justicia por su papel en campañas de tortura y asesinato entre 1973 y 1990.
Los grupos sufrieron un golpe el miércoles pasado cuando la Corte Superior de Justicia de Gran Bretaña dictaminó que la detención del ahora senador vitalicio chileno dos semanas atrás fue ilegal. Sin embargo, el general deberá permanecer detenido "para dar cauce a cualquier apelación contra esta decisión".
"¿Significa esto que hombres como Saddam Hussein y Slobodan Milosevic podrán pasearse por el mundo en el conocimiento de que son legalmente intocables?", cuestionó Helen Bamber, fundadora de la Fundación Médica para el Cuidado de Víctimas de Tortura, que ayuda en Gran Bretaña a 25 chilenos sobrevivientes.
"La Corte Superior convirtió a Gran Bretaña en un refugio para dictadores y ex dictadores que actúan en su capacidad oficial como jefes de Estado, socavando la naturaleza absoluta de la prohibición de la tortura en la ley internacional".
Pinochet, de 82 años, fue detenido a pedido de dos jueces españoles que investigan acusaciones de tortura, secuestro y más de 4.000 asesinatos políticos durante su régimen entre 1973 y 1990 en Chile. Unos 52.000 chilenos se vieron forzados al exilio y miles fueron torturados.
En lo que fue visto como un golpe mortal de ONG británicas y grupos chilenos para el juicio en Gran Bretaña, la Corte sostuvo que Pinochet "tiene derecho como ex jefe de Estado a la inmunidad ante procedimientos civiles y penales de la corte británica".
"Un ex jefe de Estado tiene derecho a la inmunidad por actos criminales cometidos en el curso del ejercicio de sus funciones públicas", dijo el juez Lord Birgham, a cargo del caso en la Corte Superior.
El abogado defensor Alun Jones había rechazado este argumento ante los jueces españoles, destacando que la tortura, el asesinato y los escuadrones de muerte fueron tareas innecesarias "en la extensión de su función como jefe de Estado".
En defensa de Pinochet, el abogado defensor Clive Nicholls, alegó que el ex presidente de 82 años tenía inmunidad de la detención por acciones cometidas mientras fue jefe de Estado.
Nicholls disputó la legalidad de la primera orden de detención de Pinochet, y de una orden de reemplazo reescrita para tener mayor consideración de la ley británica. Ambas órdenes, sostuvo, "no tienen precedentes" y son "fatalmente defectuosas".
La decisión de la Corte Superior de el miércoles también fue disputada por Ann Clwyd, parlamentaria laborista que preside el grupo de derechos humanos de todos los partidos.
"Bajo la ley internacional, Chile no tiene la capacidad de otorgar inmunidad del juicio. Los derechos humanos es un tema mundial y bajo las leyes de la Unión Europea y de la ONU cualquier sospechoso de crímenes de guerra puede ser juzgado por cualquier país y en cualquier país", dijo Clwyd.
"Creo que las víctimas y sus familias tienen el derecho de que sus interrogantes sean respondidas", sostuvo.
La batalla legal deberá seguir en la Cámara de los Lores, la corte suprema del país.
La decisión final, una vez que la legalidad de la extradición fue confirmada, podría quedar en manos del Ministro del Interior, Jack Straw, quien afirma que tomaría la decisión sobre bases "judiciales y no políticas".
Pero algunos sospechan que podría aliviar las presiones diplomáticas sobre Gran Bretaña para liberar a Pinochet, de 82 años, señalando la voluntad de Straw para considerar "circunstancias humanitarias" al tomar la decisión.
Además del pedido del juez español Baltazar Garzón, cuatro víctimas de su régimen, tres chilenos que viven en Gran Bretaña y un cuarto en Líbano, apelaron ante el fiscal general británico John Morris solicitando permiso para juzgar a Pinochet privadamente.
También solicitaron al Director de Juicios Públicos, David Calvert-Smith, que inicie procedimientos oficiales contra Pinochet.
Estos casos seguirán adelante, dijo Bamber a IPS. "La decisión es una burla de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, un documento respaldado por la ley británica con la Ley de Justicia Penal de 1988.
La Ley de Justicia Penal permite procesar a sospechosos de crímenes cometidos en el exterior. Si se permite que los casos sigan adelante, Pinochet será detenido bajo la ley británica, evitando su retorno a Chile.
Separadamente, la policía suiza solicitó a Gran Bretaña que retenga a Pinochet para dar curso a una solicitud formal de extradición del ex dictador por cargos de asesinato de un estudiante suizo-chileno.
Cortes suecas y francesas podrían seguir un procedimiento igual. Jueces franceses estudian cuatro pedidos para la extradición de Pinochet de familiares de personas desaparecidas durante su régimen, entre 1973 y 1990.
Un grupo de senadores chilenos se reunió este miércoles con autoridades de la cancillería para discutir los procedimientos de extradición. Chile afirma que Gran Bretaña no tiene derecho de detener a Pinochet, quien viajó con un pasaporte diplomático.
La cancillería británica aconsejó a ciudadanos británicos a no viajar a Chile en casos "no esenciales", temiendo violencia antibritánica tras la detención de Pinochet, y a evitar aglomeraciones, reuniones y demostraciones, así como áreas en que usualmente se reúne la comunidad angloparlante en el país latinoamericano. (FIN/IPS/tra-en/dc/aw/lp/hd ip/98
