La liberación en Ruanda de 10.000 sospechosos del genocidio de 1994 causará una ola de asesinatos por venganza, advirtieron sobrevivientes de las masacres en esta pequeña república de Africa central.
"Los sobrevivientes del genocidio creen firmemente que han sido traicionados por el gobierno y podrían recurrir a la justicia por mano propia", declaró un residente de Kigali, la capital.
Más de 130.000 personas fueron detenidas en Ruanda por su supuesta participación en el genocidio de 1994, en que murieron hasta un millón de tutsis y hutus moderados a manos de extremistas hutus organizados en las milicias "interahamwe" ("los que luchan juntos", en lengua kinyaruanda).
Algunos de los detenidos liberados el año pasado debido a su ancianidad, minoridad o enfermedad fueron linchados por sobrevivientes o familiares de las víctimas de las masacres de 1994.
En la provincia sureña de Butare, por ejemplo, más de 20 liberados fueron asesinados por civiles en colaboración con miembros del ejército, dominado por tutsis. Otros 13 asesinatos se produjeron en la provincia central de Gitarama.
De los 87 sospechosos liberados en la provincia suroriental de Cyangugu, 27 decidieron retornar a prisión para evitar su linchamiento. Los restantes están desaparecidos, salvo dos cuyos cadáveres pudieron ser recuperados.
"Exhortamos a nuestros miembros a contenerse. En lugar de tomar la ley en sus manos, deberían ayudar a recabar pruebas contra los sospechosos", instó Anastase Murumba, secretario general de la Asociación Ibuka, que vela por los sobrevivientes del genocidio.
El ministro de Justicia, Faustin Nteziryayo, estuvo de acuerdo. "Ruanda debe atenerse a las leyes", dijo.
"No es justo mantener a alguien en la cárcel durante cuatro años sin proceso judicial. Los 10.000 sospechosos que serán liberados no tienen cargos formales en su contra ni procesos judiciales iniciados", explicó el ministro, quien anunció la liberación de los sospechosos el pasado jueves.
Los sobrevivientes también están preocupados. Mariya Zaninka, de 42 años, huyó de su aldea en el centro de Ruanda tras recibir amenazas de familiares de los asesinos de su marido y sus cuatro hijos.
"Siempre me amenazaban con matarme, como mataron a mi familia. Tenía miedo", manifestó.
Nteziryaro anunció que se organizará a nivel nacional una serie de encuentros de alcaldes, abogados y líderes comunitarios con los sobrevivientes para procurar formas de detener las matanzas.
"Este es el momento en que la gente debería pensar en su deber de ayudar al sistema judicial presentando pruebas contra aquellos que serán liberados", opinó una viuda de Kigali.
El ministro destacó que la liberación de los 10.000 sospechosos muestra el compromiso del gobierno de Ruanda con la ley.
Sin embargo, algunos analistas opinan que el gobierno desea liberarse de la carga de alimentar a los detenidos, que producen gastos superiores a un millón de dólares por año.
Los asesinatos por venganza son muy comunes en el noroeste de Ruanda, sobre la frontera con la República Democrática de Congo (ex Zaire), aseguró el grupo de defensa de los derechos humanos Africa Rights en un nuevo informe.
El libro, titulado "Ruanda: La insurgencia en el noroeste", sostiene que insurgentes hutus han asesinado por más de un año a personas de todas las comunidades de esa región del país.
El informe enumera una serie de atrocidades, incluida la masacre de 17 estudiantes y una monja belga en Satinsyi, Gisenyi, en octubre de 1997, y la muerte de 26 personas en un ataque contra una oficina comunal ocurrido en Bulinga, Gitarama, el pasado abril.
"La matanza continúa, no en las dimensiones ni con la velocidad del genocidio de 100 días de 1994, pero con alarmante regularidad", escribió Rakiya Omaar, de Africa Rights. (FIN/IPS/tra-en/jbk/mn/ml/ip-hd/98
