Los mecanismos de mercado adoptados por el gobierno de Brasil para adquirir tierras deben acelerar y ampliar la reforma agraria, pero enfrenta críticas del movimiento social.
Esa "reforma agraria de mercado" incumple la Constitución que establece la función social de la tierra, sujetando a expropiación las propiedades improductivas, según Gilberto Portes, uno de los coordinadores nacionales del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
Las expropiaciones proseguirán, pero se decidió diversificar las vías de obtención de áreas para asentamiento, dijo Milton Seligman, presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA).
Ocurre que la expropiación de tierras, además de lento por depender de acción judicial, representa "un premio y no el supuesto castigo a los propietarios", señaló Seligman.
Ejemplificó con una propiedad que por decisión de la justicia costó al INCRA 320 millones de dólares, 12 veces el precio del mercado actual. El fallo demoró "sólo 25 años", ironizó.
En el área en cuestión ya están asentadas miles de familias hace muchos años. Otros casos similares se convirtieron en escándalos en que el INCRA fue acusado de favorecer a los terratenientes por la sobrevaluación de las propiedades y los procesos judiciales se eternizan.
En Pontal de Paranapanema, área de numerosos conflictos a 600 kilómetros de Sao Paulo, la justicia declaró de propiedad pública desde 1957 los extensos predios ocupados por hacendados, pero litigios sobre el valor de las mejoras se prolongan e impiden el asentamiento de miles de campesinos acampados en la región.
Para reducir costos y acelerar los asentamientos, se decidió multiplicar las vías de obtención de tierras para repartir, recurriendo al mercado.
La compra directa ya representa cuatro a cinco por ciento del área obtenida, pero sufre "interferencias políticas". En muchos casos, el MST ocupa el predio y reclama asentamientos, lo que permite al propietario exigir mejores precios, según Luis de Matos Pimenta, director de Recursos Agrarios del INCRA.
Por eso se comenzó a utilizar las subastas de compra, que además de reducir costos "ofrece mayor transparencia y evita presiones", dijo Pimenta. Como "único comprador ante muchos vendedores", el INCRA se beneficia de la disputa entre propietarios a veces presionados por deudas y altos intereses.
La financiación es otro mecanismo de reforma agraria. Con apoyo financiero del Banco Mundial, se ayuda a trabajadores rurales o pequeños agricultores con tierras insuficientes a adquirir un área adecuada, con créditos baratos a largo plazo.
El éxito de un proyecto inicial de 150 millones de dólares para financiar la compra de tierras a 15.000 familias, condujo a la creación del Banco de la Tierra, un fondo por el cual el Banco Mundial y el gobierno brasileño ofrecerán 1.600 millones de dólares en crédito agrario durante los próximos cinco años.
Estas alternativas de repartición de la tierra se hicieron factibles por lo que el ministro de Asuntos Agrarios, Raúl Jungmann, llama "derrota definitiva del latifundio".
La estabilización monetaria redujo el precio de la tierra hasta en 60 por ciento, estimó el ministro. La propiedad rural perdió el rol de reserva de valor que tenía ante la alta inflación existente en el país hasta 1994.
Nuevas leyes que fijan fuertes tributos a predios improductivos y aceleran su expropiación también contribuyeron a la devaluación de la tierra. Además, la reforma agraria "se desideologizó" por el fin de la guerra fria, según Jungmann.
Pese a todo, la sociedad considera insuficiente lo que hace el gobierno, aunque en los cuatro años del gobierno de Fernando Henrique Cardoso se están asentando 280.000 familias, el doble de la cantidad alcanzada en los 30 años anteriores de programas agrarios en el país, observó Seligman.
Cardoso no fijó metas para su próximo período presidencial (1999-2002), pero la idea es asentar cerca de 80.000 familias al año. El recorte del gasto público, anunciado por el gobierno para hacer frente a la crisis financiera internacional, deberá reducir los recursos y la capacidad del INCRA.
Para superar sus limitaciones, el INCRA deberá convertirse en agencia ejecutora, liberándose de las trabas burocráticas. El gobierno brasileño está sustituyendo varios ministerios por agencias, que tienen metas a cumplir pero operan más libremente.
Con esas medidas el gobierno "está privatizando la reforma agraria", opinó Portes, quien aseguró que se busca "eliminar el INCRA como órgano público y convertirlo en una empresa inmobiliaria".
La redistribución agraria es deber del Estado, especialmente en un país en que uno por ciento de los propietarios concentran 48 por ciento de las tierras cultivables, arguyó el dirigente del MST.
Portes señaló que sólo Brasil aceptó la propuesta del Banco Mundial, "inviable económicamente e irresponsable", de financiar la compra de tierra a los campesinos, lo que fue rechazado por Sudáfrica, Filipinas y Nigeria. (FIN/IPS/mo/ag/ip/98
