Proyectos de ayuda de la Unión Europea (UE) de miles de millones de dólares arruinan el ambiente en países en desarrollo y desplazan a grupos indígenas, denunció la Fundación Rainforest.
El informe de la organización no gubernamental sostiene que los proyectos al Sur en desarrollo financiados por el programa de ayuda de la UE y administrados por la ejecutiva Comisión Europea amenzan importantes selvas tropicales y destruyen comunidades locales en los países beneficiarios.
Los proyectos violan las propias normas y procedimientos de la Comisión Europea para proteger el medio ambiente y las comunidades vulnerables, añade la Fundación Rainforest (Selva tropical).
Además, los programas operan tras un "velo de secreto", de modo que la opinión pública e incluso los gobiernos de la UE son incapaces de obtener la información clave sobre el uso de dinero del bloque europeo en esquemas en el Sur en desarrollo.
Simon Counsell, director de la Fundación, aseguró el viernes que "la Comisión Europea ha sido totalmente complaciente en relación a los impactos ambientales y sociales de su programa de desarrollo en el Tercer Mundo, intentando ocultarlo tras un velo de secreto".
Los gobiernos europeos deben poner fin a este abuso del dinero de los contribuyentes, y reestructurar las gestiones de la Comisión Europea o retirar su financiación a estos proyectos dañinos, agregó Counsell.
El informe, resultado de 18 meses de investigación, afirma que los proyectos de la Comunidad Europea llevaron a la evacuación de comunidades de tierras tropicales tribales en Uganda y a la prohibición del uso de técnicas agrícolas tradicionales en las áreas indígenas Palawan de Filipinas.
Además, provocaron un aumento de la caza, la tala de madera y la caza ilegal en selvas de Camerún, a consecuencia de la construcción de caminos. Malos proyectos añadieron presión sobre bosques en Nigeria y Ghana, sostiene el informe.
El grupo ambientalista destaca que las razones claves para la baja calidad de los proyectos de la UE son el secreto y la falta de consulta.
"Otras agencias internacionales abrieron sus puertas al escrutinio, pero la Comisión Europea aún opera en gran medida tras un velo de secreto", sostiene el informe.
Los pedidos de información clave sobre proyectos de ayuda, como evaluaciones de impacto ambiental, son "rutinariamente rechazados, en clara contradicción con el propio Código de Conducta de la Comisión sobre el acceso público a la información".
La consulta con las comunidades locales en áreas de proyectos raramente se lleva a cabo, y a menudo los grupos afectados conocen el proyecto sólo "cuando las topadoras llegan a sus poblados", acusó la Fundación.
El informe presenta el ejemplo de un proyecto financiado por la UE en la Reserva de Biósfera del Alto Orinoco-Caiquiare, en el sur de Venezuela, de 83.000 kilómetros cuadrados, la mayor área formalmente protegida en las selvas tropicales del mundo.
Aunque en la reserva viven tres grupos indígenas, yanomami, sanema y ye'kuana, ninguno de sus miembros fue consultado para el diseño del proyecto, que se propone proteger los recursos naturales de la región y evitar la tala y la minería.
Como resultado, los campamentos de turistas en la reserva han sido fuente de disputas y la instalación de una faja aérea en el centro del hábitat de su comunidad indignó a los ye'kuana. Más serio resulta que el proyecto haya sido muy lento para entregar beneficios reales a los indios, afirma el informe.
"No obstante la desesperada situación de la salud, con creciente mortalidad a causa de la malaria e infecciones respiratorias, no se tomaron medidas para brindar asistencia médica a las comunidades del alto Orinoco, y tampoco se hizo nada por expulsar a mineros brasileños que operan ilegalmente a lo largo de la frontera con Venezuela", sostuvo el informe. (FIN/IPS/tra-en/dds/kb/lp/en dv/98
