Sentencia tras sentencia, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela está construyendo este año una doctrina en favor a la atención sanitaria y contra la discriminación de los enfermos de sida, que pasa incluso por la amenaza de encarcelar al ministro de Defensa.
Esta semana, el máximo tribunal del país emitió dos sentencias de amparo constitucional a los afectados por el sida (síndrome de imunodeficiencia adquirida), en las que señala una vez más la obligación del Estado de ocuparse de los enfermos.
La Corte ordenó al Ministerio de Sanidad que brinde un tratamiento médico integral a un grupo demandante de enfermos de sida, en una sentencia que por primera vez identifica a esa institución como garante de la salud y la vida de los afectados por el mal.
En el otro dictamen se ordenó la "ejecución forzosa y perentoria" en su totalidad de una sentencia dictada en enero a favor de cuatro militares a los que se les detectó el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y que obligaba al Ministerio de Defensa a la atención confidencial de los afectados y a pagarles pensión.
La Corte advirtió en forma tajante al titular de Defensa, Tito Rincón, que el no acatamiento de la setencia inapelable en alguna de sus partes es sancionada con una pena de hasta 15 meses de cárcel.
El director general de la no gubernamental Acción Ciudadana contra el Sida (Accsi), el abogado Edgar Carrasco, dijo a IPS que además de su trascendencia, un hecho adicional positivo es la celeridad con que la Corte se pronuncia ante los recursos.
Los 15 magistrados de la máxima instancia jurídica de Venezuela acogieron este año siete recursos de amparo de enfermos de sida y confirmaron el fallo concerniente a los militares, que recurrieron ante la Corte por no recibir toda la atención médica indicada ni las pensiones.
Hasta ahora, los recursos de amparo, introducidos siempre con la asesoría de Accsi, buscaron forzar una atención sanitaria integral por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, incluida la costosa combinación de tres medicamentos inhibidores del VIH.
Pero Carrasco explicó que la novedad de la sentencia elaborada por la magistrada Hildegar Rondón es que involucra al Ministerio de Sanidad y establece que también los enfermos que no están afiliados al seguro social tienen que recibir lo que se define como una atención sanitaria integral, cueste lo que cueste.
El máximo tribunal desestimó los argumentos del gobierno, que dijo no contar con recursos presupuestados para brindar a cada enfermo de sida el conjunto de fármacos antirretrovirales que ha demostrado eficacia para evitar la reproducción del VIH en el organismo infectado.
Rondón determinó que el sida es un problema de salud pública y que el Estado está obligado por la Constitución a preservar el derecho a la salud de los ciudadanos.
La sentencia acoge un amparo constitucional de 23 infectados con VIH y Carrasco precisó que Accsi ya prepara un nuevo recurso, a favor de otros 80 enfermos que no son beneficiados por el seguro social, bien por no tener un trabajo formal o por otros motivos.
Ascci ha atendido en lo que va del año cerca de 300 casos, 90 por ciento de ellos por trato discriminatorio.
El nuevo dictamen extiende el derecho a ser tratado con los fármacos, drogas, exámenes y demás cobertura necesaria a cualquiera que padezca la enfermedad, con cargo al gobierno mediante el Ministerio de Sanidad.
La inapelable sentencia dispuso que el Ministerio debe exigir en forma perentoria a los organismos encargados los recursos indispensables para cumplir el dictamen, porque está involucrado el derecho esencial a la preservación de la salud y de la vida.
Los abogados del Ministerio de Sanidad argumentaron que el costo anual por paciente de sida se eleva a un mínimo de 12.000 dólares, lo que multiplicado por los 7.020 personas que, según sus estadísticas, han desarrollado la enfermedad, eleva el monto necesario a unos 82 millones de dólares.
En el presupuesto de 1998, el Ministerio tiene un total de 4,4 millones de dólares para ejecutar todos los programas de atención y prevención del sida, así como para la adquisición de medicamentos destinados a los hospitales nacionales y a los centros de salud a su cargo.
La salud pública está colapsada en Venezuela y mientras llega su demorada reforma, el Estado mantiene una atención fragmentada con centros a cargo del seguro social para los trabajadores afiliados.
La burocracia, la corrupción y los programas de ajuste que han limitado a la salud menos de 1,5 por ciento del producto interno bruto, y hay grandes estructuras hospitalarias que operan prácticamente sin gasas ni algodón.
Tras cinco recursos de amparo ganados por los enfermos, el instituto de los seguros sociales estableció un sistema para asegurarse el inventario suficiente de medicamentos y una atención que se ajuste a lo ordenado por el Poder Judicial, comentó Carrasco.
Añadió que la creciente organización de los enfermos de sida es la que ha permitido la creación de precedentes juridicos a su favor.
Un Comité de Amparados por sentencias judiciales en favor de atención y medicamentos gratuitos logró detectar 15 pasos burocráticos en el instituto de los seguros sociales desde el momento en que se pedía una medicina para un enfermo hasta que éste lograba ser tratado con ella.
Ahora se creó una ficha especial para los enfermos con sida, un sistema de almacenamiento y una atención centralizada que ha beneficiado a los pacientes y resulta mucho más barata para el Estado.
La atención, según dictaminó la Corte ante diferentes amparos, debe ser confidencial y no degradante, y está prohibido exigir test de despistaje de sida para ingresar a un trabajo.
La magistrada Rondón fijó medidas para que el sida sea considerado enfermedad de salud pública y que se eliminen los estigmas y prejuicios en su contra.
Este dictamen contra el Ministerio de Sanidad asume en muchas de sus partes la doctrina fijada en enero en la sentencia a favor de los cuatro militares dados de baja al detectárseles el VIH.
Allí se determinó que los infectados por el VIH o los que ya hayan desarrollado el mal tienen derecho al trabajo, a la privacidad, a la no discriminación, a la dignidad y a una atención que además de la médica incluya la psicológica y la económica.
"Las estadísticas revelan que se trata de un virus a cuyo contagio está expuesta cualquier persona, sin distinción, dada la variedad de formas de transmisión", estableció Rondón.
Carrasco precisó que las consultas que llegan a su organización indican que de hecho se está produciendo un alarmante incremento de mujeres afectadas por el sida, lo que se acopla con la evolución de la enfermedad en el mundo.
El último informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el sida indica que en el mundo, uno de cada 100 adultos tiene el virus y cada día hay 16.000 nuevos infectados, de los que 40 por ciento son mujeres y 50 por ciento tienen entre 15 y 24 años. (FIN/IPS/eg/ff/he dh/98
