El gobierno de Brasil acaba de proponer al Congreso un proyecto de ley que reconoce carácter público a las organizaciones no gubernamentales (ONG), reglamentando y facilitando su asociación con el Estado.
El proyecto de ley, resultado de un año de discusiones, responde a una nueva realidad generada por la importancia y la proliferación de las ONG, que ya emplean en Brasil a más personas que el gobierno central.
El objetivo es liberar las energías del llamado "tercer sector" y formalizar con transparencia su función pública y su asociación con el Estado, según Augusto Franco, consejero del gubernamental Programa Comunidad Solidaria, que impulsa acciones sociales.
Franco fue el principal interlocutor de las 90 ONG que participaron en la elaboración del proyecto de ley, que define a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y el término de asociación que podrán firmar con el gobierno para ejecutar acciones de carácter público.
La legislación actual impone numerosas exigencias burocráticas para que las instituciones sin fines de lucro obtengan el registro como entidades filantrópicas o "de utilidad pública". Además, limita a contratos o convenios la relación del gobierno con el sector privado.
El primero se destina a empresas, organizaciones con fines de lucro, y por eso debe estar precedido de licitación y lentos procedimientos. El convenio establece muchas restricciones al uso de fondos púlicos, prohibiendo por ejemplo el pago de gastos corrientes, como sueldos.
Estas reglas no contemplan la novedosa relación Estado-OSC, trabando y distorsionando esa cooperación. Su principal preocupación consiste en controlar la contabilidad de los recursos aportados por el gobierno, exigiendo numerosos documentos y rendición de cuentas sobre los gastos financieros.
La nueva ley tomará en cuenta, en cambio, resultados de la acción acordada, el cumplimiento de metas en beneficio de la población. Ese control de los fines y no de los medios hará más transparente y menos burocrática la relación, fortaleciendo al tercer sector, estimó Franco.
Para eso distingue entre entidades sin fines de lucro, que ejercen de hecho una función pblica, como las ambientalistas, de defensa de los derechos humanos y culturales, de las que sólo benefician a sus socios.
El Programa Comunidad Solidaria, presidido por Ruth Cardoso, esposa del presidente Fernando Henrique Cardoso, es el organismo gubernamental más interesado en fortalecer al tercer sector, que estima compuesto por unas 250.000 entidades, cuya actuación social se realiza principalmente a través de ONG y alcaldías.
Por eso creó la Red de Informaciones del Tercer Sector (RITS), que empieza a operar este semestre vía Internet, para estimular la interacción entre las ONG, y entre éstas y la sociedad.
El tercer sector brasileño ocupaba a cerca de 1,4 millones de personas en 1995, 2,5 veces la cantidad de funcionarios del gobierno central, estimó el Instituto de Estudios de Religión (ISER), en un aporte a una investigacin internacional de la Universidad John Hopkins, de Estados Unidos.
La mano de obra del sector, voluntaria y empleada, creció 45 por ciento entre 1991 y 1995, superando ampliamente el 9,7 por ciento del sector público y el 27 por ciento de las empresas privadas, dijo Leilah Landim, coordenadora del estudio en Brasil.
Educación e investigación absorben un tercio del personal. Salud, asistencia social y cultura son otras áreas que emplean creciente mano de obra, mientras el ambientalismo, pese a su importante repercusión, sólo emplea a 0,22 por ciento.
El crecimiento y la multiplicación de las ONG probablemente no se mantuvo en los últimos años, debido a la escasez de recursos, especialmente por la reducción de la ayuda europea.
De todas formas, el tercer sector obtuvo una fuerte adhesión empresarial. Un movimiento de grandes empresas en favor de la publicación del "Balance Social", estimula el sector privado a financiar y dar cuenta de sus acciones en favor de la población.
Muchas de esas empresas crearon fundaciones propias para esa tarea y se unieron en el Grupo de Institutos, Fundaciones y Empresas (GIFE), para fomentar el desarrollo del tercer sector.
Hasta ahora, el país conoce y reconoce poco el papel de ese nuevo sector y el gobierno "dificulta la actuación voluntaria de ciudadanos y empresarios", lamentó Evelyn Ioschpe, presidenta del GIFE, y acotó que las fundaciones del sector privado aportan 300 millones de dólares anuales a actividades sin fines de lucro. (FIN/IPS/mo/ag/dv/98
