La no gubernamental Asamblea por la Paz de Colombia exhortó a militares y guerrilleros a acatar el derecho internacional humanitario en los combates en que, según informes extraoficiales, murieron más de 200 personas a inicios de esta semana.
Jaime Zuluaga, presidente de la Asamblea por la Paz, que aglutina las organizaciones de la sociedad civil que promueven el proceso de paz, dijo el martes pasado a IPS que se registran ataques indiscriminados a zonas pobladas por civiles y, por lo tanto, violatorias del derecho internacional humanitario.
La Asamblea por la Paz propuso el 31 de julio un acuerdo humanitario para proteger a la población civil y los bienes de uso público, que, de ser acatado por los grupos armados y el gobierno, sería la antesala para la negociación de la paz.
En opinión de Zuluaga, la escalada violenta que se desató desde el lunes pasado "desconcierta" porque los civiles, a los que tanto un sector de la guerrilla como los paramilitares anunciaron que respetarían, sufrieron las consecuencias de los choques.
Una central hidroeléctrica del departamento de Antioquia (noroeste) recibió el ataque de un grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal organización guerrillera del país, con un saldo de seis militares muertos y 29 heridos.
También en Antioquia fueron retenidos cinco alcaldes en manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo insurgente, y cerca de 1.000 campesinos abandonaron sus viviendas en Santa Ana ante las amenazas de presuntos grupos paramilitares.
En la localidad de Miraflores, en el departamento de Guaviare (sur), guerrilleros atacaron una base militar con un saldo de al menos 30 muertos y 130 militares retenidos. Los pobladores estaban atemorizados que decidieron no salir este miércoles de sus viviendas.
"Solicitamos la ayuda del gobierno o la Cruz Roja porque todos estamos atemorizados y no sabemos qué va a pasar", dijo Luis Rodríguez, residente de la zona, a la emisora de radio Radionet por vía telefónica.
Según Rodriguez, los combates se registraron durante 20 horas en la base militar, que quedó totalmente destruida y se encuentra ubicada en el centro del área urbana de Miraflores.
"Los guerrilleros se fueron, se llevaron a todos los militares y el pueblo quedó en calma, pero estamos muy atemorizados porque no sabemos qué va a pasar", dijo otro residente del lugar.
A pesar de que en esa localidad no hubo heridos ni muertos entre la población civil, el ataque puso en peligro muchas vidas de no combatientes, según testimonios.
Los ataques insurgentes fueron calificados el martes por Andrés Pastrana, quien asumió la presidencia el viernes, de "despedida" al gobierno del saliente Ernesto Samper, con quien los guerrilleros se negaron a negociar la paz.
Estas acciones se registraron a 17 de los 33 departamentos en que se divide el territorio colombiano.
Versiones periodísticas informaron que en los ataques se registraron al menos 200 muertes, aunque no hubo información oficial al respecto.
En el departamento de Bolívar (norte), centenares de campesinos abandonaron sus viviendas y se concentraron en Barrancabermeja (noreste) y Bogotá para escapar de las amenazas de los paramilitares.
Hernando Hernández, miembro de la Asamblea Nacional de Paz, sostuvo que tanto la escalada guerrillera como las amenazas de los paramilitares "son preocupantes porque pueden afectar el futuro inmediato" del proceso de paz en ciernes.
Mario Madrid, abogado y profesor universitario, indicó que algunos de los ataques guerrilleros en estos tres días "constituyen actos de terrorismo" prohibidos por el derecho internacional humanitario.
La escalada insurgente fue condenada el miércoles por el Consejo Nacional Gremial, que integran las 15 principales asociaciones empresariales.
Sabas Pretelt, del Consejo Nacional de Paz, organización no gubernamental creado por ley para promover el la negociación, los hechos no deben causar preocupación porque "son un aviso de que la negociación tendrá que hacerse en medio de la guerra".
Las FARC afirmaron en un comunicado que la escalada de los últimos días son parte de "la despedida al gobierno de Samper", con quien se negaron a negociar porque los fondos de su campaña electoral en 1994 recibieron aportes de narcotraficantes.
En su comunicado, los insurgentes señalaron que el gobierno de Samper fue "corrupto" y "antipopular" y que el mandatario sepultó, junto con su cúpula militar, "la posibilidad de buscar nuevos caminos de reconciliación".
El presidente Pastrana anunció que iniciará la negociación de paz con las organizaciones guerrilleras en los primerps 90 días de gobierno. (FIN/IPS/yf/mj/ip hd/98
