La directora ejecutiva de Unicef, uno de los principales defensores del Tribunal Penal Internacional (TPI) en el foro mundial, criticó hoy algunas disposiciones del estatuto de creación de la corte.
"Lo bueno es que el Tribunal será una realidad. Lo malo, que ciertos elementos del estatuto podrían negar o retrasar la justicia para muchos niños y mujeres", declaró Carol Bellamy este lunes.
La funcionaria manifestó sus "serias reservas" sobre dos normas del estatuto definitivo del TPI, adoptado el viernes en Roma por los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) representados en la conferencia para acordar el estatuto de la corte.
El estatuto fue adoptado por la abrumadora mayoría de 120 estados a favor, siete en contra y 21 abstenciones.
Una de las cláusulas cuestionadas es la que garantiza a los estados la facultad de decidir su exclusión del acuerdo hasta siete años después de su entrada en vigor. Los gobiernos podrán rechazar la competencia del TPI si uno de sus ciudadanos comete un crimen, o si éste es perpetrado en su territorio.
Bellamy criticó específicamente la inclusión de la disposición que permite a los estados rechazar la competencia del TPI.
"Si esta cláusula es ejercida, podría dar la luz verde a los responsables de las atrocidades de hoy para continuar sus infames violaciones de los derechos humanos y las leyes internacionales", señaló.
"Por tanto, es la esperanza de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) que los estados se abstengan de utilizar esta cláusula", agregó Bellamy.
La consecuencia más grave de la ampliación del plazo para aceptar o rechazar la competencia del tribunal será que se limitará la posibilidad de llevar ante la justicia a los responsables de las atrocidades contra mujeres y niños, sostuvo.
Por ejemplo, los responsables del secuestro de niños del grupo étnico dinka, en el sur de Sudán, podrán hacerlo con impunidad, dijo Bellamy.
"Esto reduce mucho las posibilidades de que alguna vez se juzgue a los autores de la mutilación masiva de niños y la violación de mujeres de Sierra Leona a Indonesia", agregó.
Bellamy también manifestó la oposición de su agencia al establecimiento de los 15 años como edad mínima para el reclutamiento militar.
"Aunque Unicef está satisfecho porque el reclutamiento de niños en el ejército será considerado un crimen de guerra, mantiene su convicción de que la edad mínima debería ser 18 años y no 15", dijo.
"Existe una clara contradicción entre esta norma y la que establece que ningún menor de 18 años podrá ser juzgado por la corte. Esta última medida es digna de encomio, pero aquélla puede poner en riesgo derechos fundamentales de la infancia", señaló Bellamy.
El estatuto adoptado la semana pasada otorga al TPI jurisdicción sobre cuatro tipos de delitos: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresión, pero la jurisdicción sobre esta última está demorada hasta que se alcance un acuerdo sobre su definición.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, admitió las carencias del nuevo tribunal al señalar que hubiera sido mejor una corte "con poderes más amplios".
"Sin embargo, eso no nos debe llevar a minimizar este gran logro", advirtió a los delegados en la ceremonia de firma del acuerdo, realizada el sábado en Roma. (FIN/IPS/tra-en/td/mk/aq-ml/hd/98
