La instrucción del primer gran juicio que se realiza en España por la guerra sucia contra independentistas vascos durante el gobierno del socialista Felipe González concluyó esta semana y los jueces deberán dictar sentencia antes del día 24.
Entre diciembre de 1983 y el mismo mes de 1989 fueron perpetrados en el marco de esa guerra sucia más de 40 atentados, la mayor parte en el sur de Francia, con bombas, secuestros y un total de 28 muertos.
Unos desconocidos Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) se los atribuyeron, pero el fiscal acusó de ellos a un ex ministro, un ex secretario de Estado, un ex dirigente socialista y a altos jefes policiales de aquella época.
En el juicio cuya instrucción concluyó el martes pasado se juzga el primero de los actos, el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés capturado por error en diciembre de 1983 en el sur de Francia al ser confundido con un dirigente de la organización ilegal ETA.
El fiscal considera culpables a los doce procesados y pide para ellos un total de 178 años de cárcel. De los 12, diez reconocieron su culpabilidad y sólo dos, el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, negaron los cargos.
Ambos secretarios de Estado del gobierno de González niegan la responsabilidad, pero la justicia cuenta con numerosas pruebas y testimonios en su contra, entre ellos las confesiones de los otros diez procesados.
Sin embargo los jueces deberán determinar si los delitos de los que se los acusa prescribieron antes de decidir si irán a la cárcel.
La legislación española establece dos plazos de prescripción para el delito de detención ilegal (secuestro), uno de 10 años, si no se impusieron condiciones o rescate para liberar al secuestrado, y otro de 15, en caso contrario.
Los abogados de Vera y Barrionuevo pidieron su absolución y además, resguardándose de las pruebas acumuladas, plantearon también que el delito está prescripto.
Pero en el sumario consta que el comisario Francisco Alvarez, uno de los que confesó su delito, telefoneó el 6 de diciembre de 1983 a la Cruz Roja para anunciar que Marey sería ejecutado si en 48 horas no eran liberados cuatro policías españoles presos en Francia tras fracasar en otro secuestro.
Dos días después de ese llamado, un tribunal francés dispuso la libertad de los policías españoles.
Marey fue liberado el 14 de ese mes, tras permanecer todo el tiempo atado a una cama, en una fría casa de montaña y custodiado por dos policías, que confesaron y además presentaron sus disculpas públicas a la víctima cuando llegó a declarar al juzgado.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), hoy en la oposición, niega que se tratara de una guerra sucia organizada desde el poder y afirma que el juicio es producto de la maquinación de un grupo de periodistas y del centroderechista Partido Popular (PP), hoy en el gobierno.
Juan María Bandrés, ex diputado socialista, defensor de los derechos humanos y de presos antifranquistas durante la dictadura, tiene otra opinión.
Según Bandrés, no cabe duda de que los GAL "funcionaron desde el principio con el impulso y el visto bueno de alguna zona del aparato del Estado" y que "se financiaron con dinero público".
La Sala Segunda del Tribunal Supremo deberá dictar sentencia antes del día 24, un fallo que sentará jurisprudencia y que en buena medida marcará el rumbo que puedan tomar los demás juicios del GAL en marcha. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/98
