Siete cadáveres de inmigrantes aparecieron hoy en las costas mediterráneas de la ciudad de Ceuta, un enclave español en el norte de Africa.
En la costa opuesta, también del mar Mediterráneo, a escasos kilómetros del estrecho de Gibraltar y en territorio peninsular español, otros ocho inmigrantes marroquíes fueron detenidos cuando se aprestaban a bajar de una frágil embarcación.
Menos de 24 horas antes, el lunes, fueron detenidos otros 68 inmigrantes, 40 de los cuales viajaban en una embarcación de apenas siete metros de eslora (largo) por dos de manga (ancho). Todos ellos fueron confinados en centros policiales y serán repatriados.
En previsión de su arresto, unos 70 inmigrantes irregulares procedentes de Nigeria, Senegal, la República Democrática de Congo (ex Zaire) y Somalia que reclaman un permiso de residencia para evitar la repatriación se encerraron en la Catedral de la ciudad de Málaga, al sur de España.
Los viajes de inmigrantes del norte de Africa en embarcaciones frágiles y de poco calado, ocultos en dobles pisos o techos de camiones de carga o como polizones de barcos, deriva a menudo en accidentes, muchos de ellos mortales.
España se comprometió junto con el resto de los países de la Unión Europea a restringir el ingreso de inmigrantes y para ello ha adoptado una serie de medidas, aunque crece la convicción de que nada detendrá la desesperada avalancha.
Dos medidas reciben críticas de organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos. Una establece vallas físicas para impedir el acceso a las ciudades de Ceuta y Melilla, ambos enclaves españoles en el norte de Africa limítrofes con Marruecos.
La segunda impone la identificación dactiloscópica de los inmigrantes, autorizados o irregulares, en el puesto de entrada, incluso al pie de los aviones, para evitar que pisen suelo español y obligarlos a regresar de inmediato sin necesidad de aplicar la expulsión.
En Ceuta y Melilla se alzaron ya dobles alambradas electrificadas para impedir la inmigración irregular. La semana pasada comenzaron a construirse vallas metálicas y cámaras de video para reforzar la vigilancia.
Un portavoz de la Federación de Asociaciones contra el Racismo pronosticó que todos los intentos de impedir el ingreso a Europa de millones de personas que se ven obligadas a abandonar sus países empujadas por la pobreza, las guerras y los conflictos.
El activista dijo a IPS que ni Estados Unidos en su frontera con México ni Europa "estos elementos disuasorios han podido ni podrán frenar movimientos migratorios producto de la injusticia y la pobreza".
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) también rechazó las medidas represivas contra los inmigrantes y reclamó "nuevos mecanismos adecuados para todos los inmigrantes, legales o ilegales".
La APDHE subrayó que "la inmigración no es un problema policial sino una cuestión derivada del desigual reparto de la riqueza en el mundo y, por lo tanto, una cuestión social que debe ser tratada y abordada según las necesidades que plantea".
El gobierno español autoriza el ingreso de no más de 25.000 trabajadores inmigrantes al año, una cantidad insuficiente, según los activistas. En Madrid se ofrecieron 8.400 permisos de trabajo, concentrados en el servicio doméstico (7.500) y la construcción (500).
Las organizaciones humanitarias también señalan con alarma los resultados de una encuesta realizada en 1997 entre escolares, 10 por ciento de los cuales se reconocieron racista e intolerantes.
Pero lo más preocupante es que 65 por ciento de los escolares de entre 13 y 19 años creen que España tiene la misma cantidad o más de inmigrantes que el resto de los países europeos, cuando la cifra es muy inferior.
Además, ese mismo 65 por ciento sostiene que hay que impedir que entren más trabajadores extranjeros a España. Solo 10,5 por ciento es partidario de expulsar a los que ya tienen permiso de residencia y 15 por ciento cree que se debería acoger a más. (FIN/IPS/af/mj/hd pr/98
