Los principales partidos políticos de México rechazaron la intención declarada por la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Madeleine Albright, de "presionar" al gobierno de Ernesto Zedillo para que resuelva el conflicto en Chiapas.
La funcionaria estadounidense logró un inusual consenso entre el gobierno y las fuerzas opositoras en materia de soberanía nacional.
Albright dijo el martes ante la Comisión de Asignaciones del Senado de Estados Unidos que mantendrá la "presión" para que el gobierno mexicano resuelva pacíficamente el conflicto armado que sufre desde el 1 de enero de 1994 el estado de Chiapas.
La canciller mexicana Rosario Green intentó el miércoles suavizar el nuevo conflicto con Washington al afirmar que Albright, que dijo "we are pressing", no quiso decir "presionar" sino "urgir".
"Usó una frase que no refleja ni el contenido ni el verdadero sentido del tema al que ella se refería, porque en inglés expresó la palabra 'pressing', que en español no quiere decir presionar", enfatizó Green.
De todos modos, "nuestro país no esta dispuesto a aceptar presiones de Estados Unidos en la solución del conflicto armado de Chiapas", dijo la propia Green.
"Y lo hemos dicho en inumerables ocasiones frente a las organizaciones no gubernamentales, gobiernos y parlamentarios extranjeros , porque los mexicanos tenemos con que resolver nuestros problemas, los vamos a resolver", remarcó.
Por su parte, la Comisión Permanente del Congreso mexicano rechazó cualquier intento de injerencia de terceros países para resolver el conflicto armado en Chiapas.
Genovevo Figueroa, senador del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que México tiene sus propias leyes e instituciones para solucionar internamente sus conflictos.
Por su parte, el senador priísta Eduardo Andrade calificó de graves y peligrosas las declaraciones de Albright. "Los mexicanos no nos dejaremos presionar así", afirmó.
En tanto, los diputados del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática Miguel Alonso Raya e Itzel Castillo consideraron que es necesario una actitud más enérgica del gobierno mexicano, que debe pedir a Albright una rectificación de sus declaraciones.
Presionar a un país amigo "es algo cínico, y, en diversas acepciones, algo que va a poner otra vez la relación entre México y Estados Unidos en una condición difícil", dijo el legislador del conservador Partido de Acción Nacional Luis Felipe Bravo.
"Es preciso ahora cerrar filas en torno a la defensa de nuestra soberanía, responsabilidad que debe encabezar el gobierno, para lo cual debe actuar con respeto a los principios básicos de nuestra política internacional", afirmó en su editorial el diario El Universal.
Los empresarios también expresaron su rechazo a las expresiones de Albright. "Que Estados Unidos se preocupe de sus problemas. Ese país ya tiene muchos problemas como para preocuparse por nosotros", dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eduardo Bours Casteló.
El coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, Bruno Guandalini, lamentó las declaraciones de la funcionaria estadounidense. "Este es un punto de vista de esta señora", dijo, y reiteró que la ONU no intervendrá en Chiapas.
La situación de Chiapas "es un asunto que el gobierno mexicano está manejando con su criterio y tiene todo el derecho de hacerlo como cualquier gobierno independiente", agregó.
"Nosotros respondemos a las voluntades gubernamentales y en algunos países nos han pedido la intervención y en otros no", sostuvo Guandalini, quien afirmó que la ONU participaría en Chiapas solo por pedido del gobierno mexicano.
Sin embargo, a pesar de las reiteradas negativas de la ONU para interceder en Chiapas, organizaciones no gubernamentales insisten en que el foro mundial debe verifique en el estado meridional mexicano si se respetan los derechos humanoa.
Veinte organizaciones no gubernamentales solicitaron a través de una carta conocida este jueves al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU el envío de una misión verifcadora.
Los grupos, encabezados por Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacaron el interés de la comunidad internacional en la situación de México, ya que la "presión" puede contribuir a frenar las crecientes violaciones y abusos en Chiapas.
Desde que estalló el conflicto armado en Chiapas entre el gobierno y la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) han muerto más de 300 personas, entre soldados, rebeldes y civiles y centenares de pobladores han sido desplazados de su lugar de origen. (FIN/IPS/fv/mj/ip/98
