/BOLETIN-INTEGRACION/ AMERICA LATINA: Brasil y Argentina, los grandes privatizadores

Brasil y Argentina, en ese orden, serán los dos países latinoamericanos que encabezarán este año la carrera privatizadora en América Latina.

En total, unas 170 empresas públicas de países del área pasarán al sector privado en 1998, por un monto que podría superar los 80.000 millones de dólares, de concretarse todos los proyectos de venta previstos.

Esa cifra representaría el doble de los ingresos que lograron los distintos países latinoamericanos en 1997 y equivaldría al total recaudado en los últimos cinco años por concepto de privatizaciones, indica un estudio efectuado por la Cámara de Comercio de Chile.

Entre 1990 y 1997, fueron 827 las empresas estatales enajenadas en América Latina, por una suma global cercana a los 1.780 millones de dólares.

Este año, al culminar la segunda gran ola privatizadora registrada en el subcontinente desde principios de los años 80, Brasil se situará a la cabeza en este terreno, y lo mismo sucedería en 1999.

En 1998, serían 29 las empresas públicas brasileñas traspasadas a particulares.

El gobierno de Fernando Henrique Cardoso pensaba en principio recibir por esas operaciones cerca de 66.000 millones de dólares, pero debió rever a la baja sus previsiones.

Para ello, el presidente brasileño contaba percibir 30.000 millones de dólares por la venta de la empresa estatal de telecomunicaciones Telebras, pero un estudio efectuado a fines de mayo por la consultora Merryl Lich concluyó que sólo podría esperar unos 14.000 millones.

Las otras grandes empresas estatales que podrían ser enajenadas este año por el gobierno de Cardoso serían las generadoras y distribuidoras eléctricas.

El mandatario anunció el viernes 12 que entablará dos procesos judiciales por calumnias (uno a título personal y otro a nombre del Ejecutivo) contra el candidato izquierdista a la presidencia Luiz Inácio Lula Da Silva, que lo acusó de acelerar el proceso de privatización de Telebras para financiar su campaña para los comicios de octubre próximo.

Lula dijo por su parte que en caso de acceder a la jefatura del Estado no frenará el proceso de privatizaciones pero lo "revisará" para evitar que empresas estratégicas pasen a control del sector privado.

En Argentina, el equipo del presidente Carlos Menem anunció planes para vender 41 firmas públicas, entre las cuales la central hidroeléctrica binacional de Yacyretá y el Banco Hipotecario, cuyo valor global fue evaluado en 7.300 millones de dólares.

"A diferencia de Brasil, en Argentina quedan sólo activos residuales, en la banca y en el sector energético, más una serie de empresas sanitarias cuyos mecanismos de concesión aún no están del todo definidos", indica el estudio de la Cámara de Comercio de Chile.

El tercer país en importancia por la envergadura de su proceso privatizador será El Salvador, que este año "debería traspasar activos" por 2.374 millones de dólares, entre los cuales los de la telefónica Anatel, según consigna el informe.

En Venezuela, el gobierno de Rafael Caldera piensa obtener algo más de 1.050 millones de dólares por la enajenación de hipódromos, puertos y empresas turísticas.

En Guatemala, el gobierno puso nuevamente en venta este año (luego de un primer intento fallido en 1997) la telefónica TelGua, avaluada en 800 millones de dólares, y en Ecuador la compañía estatal del mismo sector, Emetel, fue dividida en dos firmas, cuya venta reportaría 639 millones.

La privatización de empresas del sector eléctrico dejaría a su vez a Perú unos 755 millones de dólares, mientras en Colombia hay planes para vender 17 firmas del área pública por un total de 524 millones de dólares.

En Uruguay, donde un plebiscito bloqueó en 1996 los planes del gobierno de la época de vender la empresa de telecomunicaciones Antel, existen proyectos para la concesión de operaciones en el aeropuerto de Montevideo y en varios puertos, por un total de 300 millones de dólares.

El gobierno chileno de Eduardo Frei anunció por su parte su voluntad de conceder la explotación de la actividad portuaria a privados y de permitir la participación de particulares en las empresas nacionales de agua potable. (FIN/IPS/dg/ml/if/98

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