La organización Human Rights Watch (HRW) exhortó a la ONU a afirmar de modo inequívoco la determinación de la comunidad internacional a no sacrificar los derechos humanos en la guerra contra las drogas.
"Las violaciones de derechos humanos cometidos por los estados en nombre del control de las drogas deberían preocupar a la comunidad internacional", agregó HRW, organización internacional de derechos humanos radicada en Washington.
Este llamado fue difundido mientras transcurría el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), realizado entre el lunes y miércoles.
La reunión es denominada Cumbre de las Drogas por la asistencia de una treintena de jefes de Estado y de gobierno, entre ellos 14 de América Latina y el estadounidense Bill Clinton.
El lunes pasado, cuando comenzó a sesionar la Asamblea General en Nueva York, se conoció una carta firmada por un millar de personalidades de todo el mundo para para urgir al secretario general de la ONU, Kofi Annan, a poner fin a la "fracasada e inútil" política antidrogas del foro mundial.
HRW sostuvo que muchas estrategias en la guerra contra las drogas violan los derechos a la vida, la libertad, la privacidad, a un juicio justo y a verse libre de tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes.
"Estas violaciones de los derechos humanos son autorizadas por leyes nacionales y, cuando son ilegales, constituyen una práctica común cometida con impunidad por agentes estatales", afirmó HRW.
En China "se ejecuta a miles de personas" por delitos relacionados con las drogas, con frecuencia después de juicios en los que "hay notorias carencias en materia de protección del debido proceso para los acusados".
Quienes cometen delitos relacionados con las drogas se arriesgan a la pena de muerte en Arabia Saudita, China, Estados Unidos, Indonesia, Irán, Iraq, Malasia, Pakistán, Singapur, Turquía y Vietnam.
En Vietnam, por ejemplo, la venta de cien gramos de drogas se castiga con la muerte, destino que espera, sin posibilidad de atenuantes, a quienes comercialicen 14 gramos de heroína o 500 gramos de marihuana.
HRW afirmó no estar contra la decisión soberana de cualquier estado de apelar a las leyes penales para poner fin al abuso de drogas y al narcotráfico.
Pero "el uso de las leyes penales y los castigos implica importantes limitaciones de los derechos humanos" más que "otras políticas de control de drogas", agregó la organización.
Mientras, el Instituto Católico de Relaciones Internacionales con sede en Londres, reclamó que todos los proyectos del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) sean sometidos a un eficaz control.
La supervisión debería referirse a los derechos humanos y los de la mujer, al buen gobierno y la protección del ambiente, dijo el portavoz del instituto Ken Bluestone.
"Para ser exitosos, estos procesos deberían facilitar la participación de grupos de la sociedad civil, en especial a los que representan a agricultores pobres", sostuvo Bluestone.
El ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar se unió al millar de académicos, científicos y políticos que remitieron su mensaje a Annan, su sucesor, para reclamar una nueva óptica en torno a la lucha contra las drogas.
"Le pedimos que abra un diálogo abierto y honesto sobre el futuro de la política mundial de control de drogas, una en la que el miedo, el prejuicio y las prohibiciones punitivas dejen paso al sentido común, la ciencia, la salud pública y los derechos humanos", indica la carta enviada a Annan.
Los firmantes, entre ellos los ex presidentes Oscar Arias, de Costa Rica, Belisario Betancur, de Colombia, Violeta Barrios de Chamorro, de Nicaragua y Lidya Gueiler Tejada, de Bolivia, se manifestaron preocupados por la amenaza que implica la droga para los niños.
También suscribieron la propuesta los estadounidenses George Schultz, ex secretario de Estado (canciller) durante la presidencia de Ronald Reagan, los senadores Alan Cranston y Claireborne Pell, el periodista Walter Cronkite y el financista George Soros.
Los aspirantes a presidente Luis Inacio Lula Da Silva, de Brasil, y Graciela Fernández Meijide, de Argentina, figuran entre los firmantes, así como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquibel, también de Argentina.
Los escritores Ariel Dorfman, de Chile, Mario Benedetti, de Uruguay, Arturo Alape y Alvaro Mutis, de Colombia, Darío Fo, de Italia, Günter Grass, de Alemania, André Glucksman, de Francia, y Fernando Savater, de España, adhirieron a la iniciativa.
La carta sostiene que los 400.000 millones de dólares al año que mueve el narcotráfico dan poder a organizaciones criminales, corrompen gobiernos a todos los niveles, socavan la seguridad interna de los países, estimulan la violencia y distorsionan los mercados económicos y los valores morales.
"Estas no son consecuencias de las drogas por sí mismas, sino de las décadas de fracasada e inútil política de guerra contra las drogas", agrega.
Los firmantes argumentaron que el aumento en el consumo de drogas debería ser abordado como problema de salud pública y no como problema policial.
"Las propuestas realistas para reducir los delitos, las enfermedades y las muertes relacionados con las drogas se abandonan para dejar espacio a propuestas retóricas en torno a la creación de sociedades libres de esas sustancias", agregaron.
El Centro Lindesmith, instituto de investigaciones dedicado a analizar las políticas sobre drogas de todo el mundo, estimó que la carta representa un tremendo avance en la reforma de la actual estrategia.
"Cualquiera que manifestara estas preocupaciones hace 10 años era desacreditado y acusado de promover el consumo de drogas. Hoy, nos alineamos con presidentes, primeros ministros, oficiales policiales y premios Nobel a favor de un debate abierto y de la salud pública", dijo Ethan Nadelman, director del Centro. (FIN/IPS/tra-en/td/mk/mj/ip/98
