Un resquicio legal permitió el martes la detención del ex dictador de Argentina Jorge Rafael Videla por sustracción de menores, y activistas de derechos humanos confían ahora en que por la misma vía continúen los arrestos de represores indultados.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por imponer la llamada "reconciliación nacional" y de las autocríticas más o menos forzadas de las fuerzas armadas, la organización Abuelas de Plaza de Mayo podría lograr con su tarea paciente que los militares represores terminen sus días en la cárcel.
Los ex comandantes, indultados en 1990, pueden caer en las redes de la justicia por el secuestro de menores que solo ahora se pudo probar, pero también miles de subordinados beneficiados con las leyes de amnistía, más el personal sanitario que fue cómplice de las fuerzas armadas durante el régimen (1976-1983).
El presidente Carlos Menem declaró en Francia que dejará actuar a la justicia y no ampliará el indulto para proteger a los ex comandantes de este delito. Por su parte, las fuerzas armadas prefirieron mantener la discreción, según trascendió, consideran "indefendibles" los casos de sustracción de menores.
El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Emilio Mignone, padre de una despaparecida durante la dictadura, dijo a IPS que confía en que la detención de Videla, de 73 años, derive en su condena y en la de otros militares que eludieron sentencias por genocidio gracias a la indulgencia oficial.
La dictadura que siguió al golpe de Estado de 1976 impuso una feroz persecución de supuestos opositores que terminó con unos 30.000 desaparecidos, según organizaciones de derechos humanos, aunque las denuncias ante la justicia fueron tres veces menos.
"Es un resquicio jurídico que fue quedando aparte de las condenas" de la justicia "y de las leyes de amnistía", explicó Mignone al referirse a la apropiación de menores secuestrados junto a su familia o nacidos en cautiverio.
Ahora sí existen pruebas de que los dictadores practicaron este delito de forma sistemática.
El dirigente humanitario recordó que, mientras buscaba a su hija un oficial militar le confió que estaban ideando un modo de lograr que los hijos de "subversivos" no se criaran con odio hacia los militares.
"Evidentemente, encontraron esa vía creando una doctrina sobre cómo actuar con los niños de detenidos, una doctrina basada en el secuestro y el cambio de identidad", declaró Mignone, quien confía en que los que están ahora detenidos por estos delitos acusen a sus superiores por estas instrucciones.
El juez federal Roberto Marquevich, que ordenó la sorpresiva detención de Videla, declaró este miércoles que no podrá anticipar una condena ni ningún otro paso legal hasta no tomar declaración al imputado, un hecho que podría ocurrir este mismo jueves.
El magistrado, que ya detuvo, procesó y condenó a varias personas por apropiación de menores durante la dictadura, incluso militares, explicó que el delito no es excarcelable y no descartó que sean detenidos otros ex comandantes también condenados e indultados por otros delitos.
La Cámara Federal condenó a Videla a reclusión perpetua en 1985 por 66 homicidios agravados, 306 secuestros, 96 casos de torturas, cuatro tormentos seguidos de muerte y 26 robos. También fue destituido del ejército, del que había llegado a ser comandante en jefe en 1976, antes del golpe de Estado.
No obstante, la Cámara no encontró pruebas para condenarlo por la apropiación ilegal de niños y mucho menos logró demostrar que ese delito era cometido de forma sistemática por la dictadura.
Tampoco se lo consideró así cuando se sancionaron las leyes de amnistía que liberaron de proceso a militares que alegaron haber obedecido órdenes.
Con las leyes de amnistía y luego el indulto, otorgado en 1990 a los ex comandantes por Menem, las Abuelas de Plaza de Mayo, que son madres de desaparecidos que se volcaron a la búsqueda de sus nietos, iniciaron la recolección de pruebas y testimonios sobre el secuestro de menores.
Las Abuelas tienen registradas 230 denuncias de desaparición de menores, de las cuales 59 tuvieron resolución en los últimos 20 años. En algunos casos, los niños, apropiados por sus secuestradores al nacer y con la identidad cambiada, fueron recuperados por la familia sanguínea.
En otros casos, parejas que habían adoptado a los menores sin conocer su procedencia, se acercaron a las abuelas y permitieron que sus hijos se sometan a las pruebas genéticas para detectar su verdadera filiación y compartir su crianza con los familiares que sobrevivieron al secuestro de sus padres.
Pero hay casos en los que la tenencia está en disputa. Cinco de ellos están bajo la órbita de Marquevich, que lleva adelante otros 30. También su colega Antonio Bagnasco está avanzando en la causa por la apropiación ilegal de menores, supresión de estado civil y falsificación de documentos.
Entre las pruebas que recogió Bagnasco figuran documentos firmados por el fallecido ex dictador Roberto Viola en los que se precisan las instrucciones que deben seguir los militares que realicen los operativos de secuestro con menores de edad a los que se debe separar del resto de la familia.
Ante el tribunal de Bagnasco se presentaron ya numerosos testimonios de parteras, enfermeras y médicos castrenses que admitieron que en el Hospital Militar y en Campo de Mayo, predio del ejército donde funcionó centro clandestino de detención, ingresaban detenidas embarazadas a punto de dar a luz.
Las mujeres eran llevadas por oficiales en autos del ejército. Se las ataba de pies y manos a las camillas y se les vendaban los ojos. Una vez producido el alumbramiento, los recién nacidos eran separados de sus madres y egresados por personal del Ejército sin que quedara ninguna constancia escrita.
A las parturientas, aún convalecientes, se las trasladaba de inmediato a un hangar de Campo de Mayo desde donde partían aviones del ejército que, según el testimonio de militares que participaban de los operativos, eran arrojadas vivas al mar. (FIN/IPS/mv/mj/hd ip/98
