La vicuña, especie emblemática de la región andina de Perú y recurso fundamental de las comunidades más pobres, está en peligro de extinción por las matanzas masivas de bandas internacionales que buscan su lana, una de las más caras del mundo.
Entre diciembre y abril han sido matados unos 4.800 ejemplares de esta especie, de la que sólo existen 120.000 en todo Perú, de donde es originaria.
Los traficantes, que llegan en modernas camionetas, no capturan vivas a las vicuñas para esquilarlas, como hacen las comunidades indígenas, sino que las matan con fusiles provistos de miras telescópicas y generalmente escapan hacia Bolivia o Chile, dejando abandonados sus restos a los animales de rapiña.
El vuelo de los cóndores en comarcas de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurimac, que integran el triángulo de la extrema pobreza de Perú, permitió a la policía guardaparques descubrir el circuito de las bandas de cazadores furtivos.
La vicuña, la alpaca y la llama son camélidos sudamericanos, parientes de los camellos y dromedarios que viven en los desiertos africanos y en las estepas asiáticas. A diferencia de éstos, los camélidos sudamericanos habitan en la altura y no soportan el calor extremo.
De los tres camélidos sudamericanos, la vicuña es el más vulnerable. No puede vivir en cautiverio, como la alpaca y la llama, ni ser utilizada como animal de carga como esta última.
Las vicuñas, que viven libres en zonas por encima de los 4.000 metros de altitud, eran propiedad del Inca y durante la colonia española quedaron abandonadas a su suerte, protegidas sólo por el ancestral respeto indígena a esta especie.
En la etapa republicana, desde 1821, las vicuñas siguieron siendo capturadas y esquiladas por los campesinos indígenas mediante el «chaco», procedimiento casi ritual implantado por los incas, que consiste en un rodeo humano hasta encerrarlas en corrales temporales.
Cuando en este siglo los grandes modistos de París descubrieron las virtudes de la fibra de vicuña, comenzaron a perseguirlas los cazadores mestizos y blancos, que estuvieron a punto de exterminarlas.
En la década del 40, el Estado declaró a la especie patrimonio oficial, como en tiempos del Incario, prohibió que se las matara y asignó pequeñas sumas a las comunidades indígenas como compensación por los pastos que disputaba a sus ovejas.
Este sistema de protección burocrático fracasó, al desinteresar a las comunidades indígenas por la suerte del animal, protegido ineficientemente por una débil fuerza de policías guardaparques.
En 1987 hubo un cambio radical en el manejo de las manadas de vicuñas silvestres, que se entregaron en propiedad a las comunidades indígenas, se mantuvo la prohibición de matarlas, se apoyó la repoblación con una pauta cooperativa y semiempresarial, y se apoyó la comercialización controlada de la fibra.
La lana de vicuña tiene un grosor de 10,8 a 11,4 micras (milésimas de milímetro), bastante más delgada que la Cachemira, fibra convencional más reputada, que tiene de 15 a 16 micras y se extrae de una cabra que sólo vive en zonas muy altas del Tibet, Afganistán, Pakistán y China.
Esquilada en el momento oportuno, el lomo de cada vicuña adulta, de donde procede la fibra de primera calidad, proporciona unos 250 gramos de lana.
Hoy, bajo supervisión del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (Conacs), se realiza una sola vez al año el ritual del «chaco» y la esquila: hombres y mujeres de las comunidades indígenas de cada zona se unen en gigantesca cadena humana, que batiendo palmas y cantando empuja a los animal a los corrales.
Este procedimiento es obligado porque las vicuñas son muy delicadas y no pueden ser cazadas con lazos o boleadoras, y el reducido aporte de lana de cada ejemplar hace que su esquila sea rentable sólo en gran cantidad.
En consecuencia, las bandas modernas de cazadores furtivos operan mediante rápidas y masivas matanzas en cada incursión.
Algunos campesinos indígenas, seducidos por los traficantes, también matan, con trampas o escopetas, de cuatro a seis animales, de las que extraen alrededor de un kilogramo de lana, que venden clandestinamente.
Pero el riesgo mayor lo constituyen las bandas de cazadores furtivos, según Edgar Zapata, jefe del Conacs, quién añade que su alto poder de fuego intimida a los guardaparques y aterroriza a los campesinos comuneros.
Algunos forasteros llegan hasta las comunidades de las zonas altas haciéndose pasar por comerciantes e incluso por ecologistas interesados en la conservación de la vicuña, para observar y conocer su número y desplazamientos en cada zona, afirmó.
En algunos pocos casos, los campesinos capturaron a cazadores furtivos, como lo hizo la comunidad indígena de Birundo, que entregó a la policía a dos de ellos, actualmente presos en la ciudad de Abancay.
Pero la respuesta de las bandas a esa captura fue sangrienta, para aterrorizar a los comuneros y a sus autoridades.
«En Chuquibambilla, un comité de la comunidad de Maquecca trató de impedir la masacre de vicuñas que realizaban cinco sujetos y los conminó a dejar de victimarlas, y fueron repelidos a tiros», dijo Zapata.
«Uno de los cazadores preguntó: ‘¿Quién es el presidente del Comité?’. Emilio Tomaylla contestó: ‘Yo soy’. El bandido le disparó en la cabeza y le dijo: ‘eras presidente’. Y luego dispersó a balazos a los demás comuneros y siguió disparando contra las vicuñas», relató el jefe del Conacs. (FIN/IPS/al/ag/en/98
