La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), de Estados Unidos, acusó al gobierno de Uzbekistán de cometer graves violaciones de los derechos humanos en su intento por contener el supuesto extremismo islámico.
En un informe publicado el martes pasado en Washington y en Tashkent, HRW, con sede en Nueva York, acusó al gobierno de Islam Karimov de llevar a cabo una "represión descontrolada" contra musulmanes opuestos al estatal Consejo Musulmán de Uzbekistán.
El informe, fruto de una investigación realizada en marzo, se concentró en las "redadas generalizadas y brutales emprendidas por la policía y las fuerzas de seguridad" a partir de diciembre, en el valle de Farghona.
"El gobierno somete a los musulmanes en forma masiva a golpizas, simulacros de juicios y largos períodos en prisión, y los expulsa de universidades y empleos", aseguró Holly Cartner, directora de HRW para Europa y Asia Central.
"El gobierno pone a todos los musulmanes en la misma bolsa, los que quizá tienen intenciones delictivas junto a los que sólo tienen barba o concurren a las mezquitas", afirmó.
La organización instó a la Unión Europea a suspender la puesta en práctica de un Convenio de Asociación y Cooperación con Uzbekistán y pidió a Estados Unidos que restrinja la ayuda otorgada a las fuerzas de seguridad del gobierno uzbeko, supuestas responsables de violaciones a los derechos humanos.
Uzbekistán, rodeada por Turkmenistán, Kazajstán, Kirguiztán, Tajikistán y Afganistán, obtuvo la independencia de la ex Unión Soviética en 1991, pero la represión del gobierno no cambió mucho desde que cambió el régimen, según el informe de HRW.
Debido a la vecindad con los conflictivos estados de Tajikistán y Afganistán, el presidente Karimov considera que los "wahhabis", o fundamentalistas islámicos, constituyen la principal amenaza que enfrenta el gobierno.
En cambio, HRW describió a los wahhabis como musulmanes "independientes" que rechazan la autoridad del Islam regulado por el Estado.
Aunque ya existía represión, la situación empeoró en diciembre en el Valle de Farghona, una región densamente poblada y muy pobre, que mantuvo un "grado relativamente alto de integridad cultural, incluso tradiciones islámicas que perduraron durante siglos", señaló el informe.
Así mismo, HRW indicó que la zona experimentó violencia en 1989 entre distintos grupos de origen étnico uzbeko y turco. El Valle, cerca de la frontera con Tajikistán y Afganistán, también se encuentra en el camino de contrabandistas de drogas y armas.
Las detenciones y el acoso de musulmanes ocurren desde 1996, cuando el gobierno cerró la mezquita Jo'mi en Andijan y se le atribuyó la "desaparición" de su líder espiritual, Abudvali Mirzo.
Las detenciones en masa realizadas por las autoridades en diciembre fueron decididas por los asesinatos en la localidad de Namangan de tres personas, entre ellas un funcionario del Ministerio del Interior, ocurridos en un lapso de una semana, y la muerte de tres policías durante un tiroteo 10 días después.
Estos acontecimientos fueron sucedidos por la detención de más de 1.000 hombres en Namangan y Andijan. Redadas similares se realizaron en otras ciudades del Valle en enero, febrero y marzo.
HRW cree que la "exagerada reacción" de Tashkent ante la violencia está vinculada con el deterioro de la situación de seguridad en la vecina Tajikistán, donde fuertes combates se desataron en agosto entre el gobierno y fuerzas opositoras.
La situación en Tajikistán se resolvió con un acuerdo para formar un gobierno de coalición con la inclusión de un grupo político islámico.
"Con el riesgo del conflicto armado cercano a Uzbekistán, es probable que el gobierno de Tashkent haya interpretado el asesinato de un funcionario como una amenaza a la estabilidad del estado entero y por tanto empleó una gran cantidad de policías", sugiere el informe.
HRW halló que la policía detuvo a los hombres en forma indiscriminada y que algunos fueron arrestados sólo por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada o como objetos de extorsión.
La policía concentró su actividad en los musulmanes devotos, los disidentes o sus familiares, para intimidarlos y silenciarlos, según el documento.
Los musulmanes fueron identificados por su asistencia a mezquitas no controladas por el Consejo Musulmán, su apoyo a las escuelas islámicas, o por tener barba, considerada como una señal de devoción.
Con frecuencia, los sospechosos fueron detenidos sin orden judicial, según HRW, que denunció la práctica policial de colocar drogas o armas en los automóviles o viviendas de los detenidos. La evidencia de esta práctica es "abrumadora", sostuvo el informe.
Los sospechosos fueron a menudo golpeados y a veces sometidos a otras torturas hasta que confesaron el supuesto delito, según el informe, que denuncia también la utilización de presión psicológica.
La policía utilizó amenazas de tortura y contra la integridad de familiares de los detenidos para forzar las confesiones, afirmó HRW.
Los juicios tuvieron lugar rápidamente, con frecuencia sin abogados defensores o en presencia de abogados demasiado temerosos de represalias como para atreverse a desafiar los procedimientos o las pruebas.
"Así, numerosos hombres pasan cuatro o cinco años en la cárcel sin motivo fundado y sin derecho a procurar compensación por su maltrato físico", lamentó HRW.
Karimov justificó reiteradas veces las detenciones afirmando que el país está siendo desestabilizado por "extremistas y terroristas, asesinos y carniceros", muchos de los cuales habrían recibido entrenamiento militar en Afganistán y Pakistán.
El mandatario también adoptó una posición hostil contra los grupos de derechos humanos que denunciaron la represión, señala el informe.
Varios activistas de Toshkent, Andijan y Namangan afirmaron estar bajo estrecha vigilancia y haber sido amenazados con la inclusión en una "lista negra" profesional e incluso con prisión si continuaban recabando y publicando información sobre los abusos.
Aunque todos los detenidos son hombres, HRW recibió denuncias de que la policía uzbeka persiguió, detuvo e intimidó a mujeres que utilizaban velo en público.
Además, varias mujeres religiosas, muchas de ellas esposas de hombres detenidos, perdieron su empleo, con lo cual se empobrecieron familias enteras.
La represión podría tener un efecto contraproducente sobre una población con dificultades en medio de una economía pobre, previno HRW.
El informe tiene la intención de "advertir que el gobierno, al cometer graves y numerosas violaciones a los derechos humanos en esa región volátil, corre el riesgo de provocar precisamente la respuesta radical y aun criminal que intenta evitar". (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq-ml/hd/98
