Expertos y activistas alertaron que las potencias, en especial Estados Unidos, obligarían a diluir el poder de la corte penal internacional para juzgar crímenes de guerra y genocidio cuya creación debatirá la ONU en junio.
Cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), o sea todos menos Gran Bretaña, manifestaron sus reservas sobre el futuro funcionamiento de la corte.
Estas críticas serán reiteradas en la conferencia especial que se celebrará entre el 15 y el 17 de junio en Roma, según los expertos.
"Percibimos un riesgo a que este proyecto importante e histórico se diluya a su mínimo común denominador. El resultado sería una corte débil, sin ninguna autoridad propia", señala un documento oficial del gobierno de Alemania.
Catorce de los 15 países de la Unión Europea, entre ellos Alemania y Gran Bretaña, están a favor de una corte penal internacional "efectiva, independiente y creíble".
Francia, el restante miembro de la UE, pretende que los países firmantes del acuerdo se reserven el derecho de rechazar la jurisdicción de la corte en casos que involucren a sus nacionales.
La posición de Estados Unidos será crucial, pero los problemas que ocasionaría su retiro serían solucionables, dijo Benjamin Ferencs, acusador en los juicios de Nuremberg de las SS Einatzgruppen, escuadrones de la muerte que llevaron el holocausto nazi a pequeños poblados de Europa oriental.
"Sería mejor tener la firma de Estados Unidos desde el principio. Pero si no está, no será un colapso", dijo Ferencs, profesor de Derecho Internacional en la Pace University, de Nueva York.
Sería mejor integrar la corte penal internacional con los 48 países que participan en el proceso y piensan parecido y luego procurar respaldo entre los 100 que aún no tomaron una decisión, agregó el experto el martes en una conferencia organizada por la Fundación Paz y Desarrollo (SEF) celebrada en Bonn.
La posición de Washington, para Ferencs, es "ridícula". El presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado estadounidense, Jesse Helms, propone que cualquier tratado sobre la corte penal internacional sea rechazado de inmediato si no se confiere poder de veto a su país.
La representante de la organización Human Rights Watch en Bruselas, Lotte Leicht, dijo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono) estaba desarrollando su propia campaña de oposición al proyecto.
El Pentágono confirmó que invitó a 100 agregados militares extranjeros a asistir a conferencias brindadas por el delegado estadounidense a las negociaciones, David Scheffer, sobre sus preocupaciones en torno a la corte penal internacional.
Aun oficiales y soldados involucrados en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU serían enjuiciados por la corte penal internacional por cargos insustanciales, según Scheffer.
"Si hubiera dependido de Estados Unidos, el tratado de prohibición de minas antipersonales, que este país no firmó, no se habría acordado. De hecho, el uso de estas armas se habría legalizado", dijo Andreas Zumach, periodista alemán radicado en Ginebra.
Zumach se lamentó de que India y Pakistán, hoy convertidos en poseedores de armas nucleares, procuren que el Movimiento de Países No Alineados se postulen contra dar amplia jurisdicción a la corte.
Leicht y Zumach sostuvieron que la corte debe contar con poder limitado pero suficiente para determinar si existe jurisdicción nacional efectiva en casos específicos, pero esa potestad debe ser del órgano, no de los países.
Francia pretende que los firmantes del tratado tengan derecho a rechazar la jurisdicción de la corte, lo cual, según Leicht, conduciría a "una jurisdicción 'a la carte"'.
"De hecho, el fiscal debe tener capacidad de iniciar casos denunciados por organizaciones no gubernamentales o afectados", agregó la activista.
"Rechazamos la posibilidad de que solo el Consejo de Seguridad o los estados pueden hacer denuncias", coincidió el portavoz del Ministerio de Justicia de Alemania, Hans-Joerg Beherns.
Además, "respaldamos lo ya acordado en cuanto a que el Consejo de Seguridad solo pueda bloquear un procedimiento si toma una decisión en conjunto, lo cual requeriría que los cinco miembros permanentes hablen con una sola voz", agregó.
El documento que expresa la posición alemana explicita que "la corte debe tener poder adecuado para juzgar sobre cuatro delitos centrales: genocidio, crímenes de guerra, contra la humanidad y agresión".
Esto sucederá "siempre que las cortes nacionales no existan o no sean capaces o no tengan voluntad de juzgar este tipo de casos". (FIN/IPS/tra-en/raj/rj/mj/hd ip/98
