El rechazo en el Senado de Chile al nombramiento de Milton Juica como juez de la Corte Suprema fue interpretado como una represalia contra el magistrado que en 1994 acusó al entonces director de la policía de Carabineros, general Rodolfo Stange.
Juica fue propuesto por el presidente Eduardo Frei para ocupar un cargo vacante desde diciembre en el máximo tribunal, pero no logró el número necesario de votos el miércoles pasado en la sede del Senado en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.
La designación debía ser aprobada por los dos tercios de los senadores presentes, pero el magistrado obtuvo sólo 24 votos a favor y 18 en contra, incluyéndose entre estos últimos el del ex dictador y senador vitalicio Augusto Pinochet.
En 1994, como ministro de la Corte de Apelaciones, Juica propuso enjuiciar por "notable abandono de deberes" a Stange, al emitir su fallo en el caso de tres militantes comunistas secuestrados y degollados en marzo de 1985.
Stange era subdirector de Carabineros en el momento del triple homicidio, cometido por una asociación ilícita al interior de su institución, en la cual estaban involucrados al menos 16 policías y un colaborador civil, cuatro de ellos sentenciados a prisión perpetua.
Juica concluyó que cinco altos mandos, incluyendo a Stange, ocultaron información al respecto y entorpecieron la labor de la justicia y por tanto en su fallo de 1994 acusó judicialmente al general, quien desde agosto de 1985 era comandante de la policía.
Frei pidió la renuncia a Stange, quien se negó respaldado por normas constitucionales heredadas de la dictadura de Pinochet (1973-1990), que otorgan virtual inamovilidad a los mandos uniformados por sobre las decisiones del poder civil.
El general fue finalmente absuelto por la justicia militar y en 1996 se acogió voluntariamente a retiro para llegar el 11 de marzo último al Senado, elegido en las listas de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI).
Stange declinó votar en el nombramiento de Juica y negó que hubiera influido en el rechazo. "Lamento que no haya logrado los votos. Yo no le guardo resentimiento. Cada uno en su puesto, él es juez y yo ahora soy senador", dijo.
Senadores de la oficialista Concertación por la Democracia sostuvieron, en cambio, que hubo una maniobra de revancha política desde la derecha para rechazar el ascenso de un juez con una carrera de 30 años calificada de "brillante".
"Aquí ha habido una decisión política que refleja una concomitancia de la bancada militar con el senador Stange porque él fue involucrado en un fallo independiente del ministro Juica", dijo el senador Sergio Bitar, presidente del Partido Por la Democracia.
Como bancada militar se identifica al grupo que conforman Pinochet, en tanto senador vitalicio, y los cuatro senadores designados en representación de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y la policía de Carabineros.
"Todos sabemos que el rechazo del Senado al nombramiento tiene como fundamento algunas de las resoluciones adoptadas por el ministro Juica. Me refiero específicamente al caso de los degollados", sostuvo el socialista José Antonio Viera-Gallo.
Juica declinó pronunciarse sobre las opiniones oficialistas. "Pregúntenle a la derecha. Yo soy un juez y no entiendo esto de derecha e izquierda, porque los jueces tienen la vista cerrada y deben resolver conforme al mérito y la justicia", dijo.
El gobierno calificó de "lamentable" la decisión de la cámara alta, en tanto el presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávila, se manifestó sorprendido aunque admitió que el Senado tiene la facultad de rechazar la designación de un juez.
Desde el inicio del gobierno de Frei en marzo de 1994, el Senado aprobó diez designaciones de ministros de la Corte Suprema propuestas por el presidente a partir de quinas (listas de cinco postulados) conformadas por el propio tribunal. El de Juica fue el primer rechazo.
El senador Larraín, de la UDI, sostuvo que fue el gobierno el que politizó la votación al "vetar" el nombre de la jueza Raquel Camposano, incluido en la quina original de la Corte Suprema y relegada por Juica en la propuesta al Senado.
Camposano sometió en 1997 a proceso al director del Servicio de Investigaciones (policía civil) Nelson Mery y al viceministro de Desarrollo Regional, Marcelo Schilling, por supuestas actuaciones ilegales en operativos para desarticular grupos insurgentes.
Mery y Schilling fueron absueltos de los cargos por la Corte Suprema.
Larraín dijo que el gobierno, en lugar de buscar un nombre de consenso en la quina propuesta por la Corte Suprema, optó por Juica, a sabiendas que el "veto" a Camposano derivaría en el rechazo a su nombramiento. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/98
