/BOLETIN-DD HH/ MEXICO: Grupos humanitarios cuestionan justicia militar

La condena a casi 15 años de prisión de un general de México cuya liberación reclama la Oorganización de Estados Americanos (OEA), que lo considera preso de conciencia, despertó protestas de grupos humanitarios y puso en entredicho a la justicia militar de este país.

La sentencia, difundida el miércoles por un Consejo de Guerra instalado el 21 de febrero, demuestra que el gobierno mexicano se burla de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, coincidieron grupos humanitarios nacionales e internacionales.

El general José Gallardo, acusado de malversación de fondos, indisciplina y destrucción de material del ejército, dice ser víctima de una persecución de las Fuerzas Armadas por denunciar la corrupción dentro de ese cuerpo y proponer la creación de un defensor de derechos humanos entre los militares.

Gallardo, que estuvo en servicio activo 34 años y preso los últimos cuatro, fue sentenciado ocho días después de que la justicia ordinaria condenó a 13 años y nueve meses de cárcel al ex jefe antidrogas general Jesús Gutiérrez, acusado de proteger a narcotraficantes.

El sacerdote jesuita David Fernández, director del grupo de derechos humanos Agustín Pro Juárez, sostuvo que "el Consejo de Guerra fue un simulacro".

El fallo "demostró que el resentimiento prima en las Fuerzas Armadas, que su justicia es parcializada y que el gobierno está en franca rebeldía con la OEA", agregó Fernández.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la OEA, recomienda hace dos años al gobierno mexicano la liberación de Gallardo, a quien considera un prisionero de conciencia.

Las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional de Estados Unidos también reclaman la libertad del militar.

"La sentencia confirma la campaña de hostigamiento y persecución que han montado las autoridades contra el general Gallardo", señaló en un comunicado el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

El Consejo de Guerra que procesó al general, un licenciado en Ciencias Políticas detenido cuando estaba a cargo de la administración de un centro de equitación militar, fue el primero en la historia que permitió la presencia de los medios de comunicación a las deliberaciones.

"La presunta apertura a la prensa es la máscara de una justicia que no tiene nada de imparcial", expresó a IPS el director del centro Agustín Pro Juárez.

Los cinco miembros del Consejo de Guerra, cuatro generales y un vicealmirante, fueron nombrados de forma directa por el secretario (ministro) de Defensa, Enrique Cervantes.

La forma de designación del Consejo, "unido a la discplina jerárquica que es propia de las Fuerzas Armadas, pone en cuestión la autonomía del proceso", opinó Miguel Granados, columnista del diario Reforma.

No existe parcialidad alguna y el proceso se abrió a la prensa precisamente para demostrar sus transparencia, respondieron portavoces de las Fuerzas Armadas.

Gallardo fue absuelto por la justicia federal de 17 acusaciones hechas por los militares. Las dos por las que se lo condenó a casi 15 años fueron determinadas en exclusiva por los órganos de justicia castrense.

El general es, sin duda, víctima de la injusticia, afirmaron sus abogados cuando se dio a conocer la sentencia, mientras los cinco miembros del Consejo de Guerra se felicitaban y abrazaban ante los periodistas por el supuesto éxito de su gestión.

El proceso contra el general, a quien se le impuso una pena mayor a la que han recibido varios miembros de las Fuerzas Armadas por su vínculo con las mafias, estuvo viciado desde el principio, sostienen sus abogados.

Desde febrero de 1996 hasta la fecha, cerca de una docena de militares mexicanos de alto rango fueron detenidos acusados de tener vínculos con narcotraficantes.

Los abogados de Gallardo, quien ha denunciado que durante su encarcelamiento los militares lo hostigan e impiden que se reúna con defensores y familiares, anunciaron que impugnarán la sentencia ante el Supremo Tribunal Militar y pedirán que los cargos sean trasladados a la justicia común. (FIN/IPS/dc/mj/hd/98

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