El gobierno de Puerto Rico aseguró que será necesario construir dos nuevas plantas de electricidad para cubrir la demanda del futuro, pero ese plan recibe una torrencial lluvia de críticas de ciudadanos, ambientalistas y sindicalistas dudosos de sus beneficios.
Como telón de fondo de la discusión está el destino de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, conocida por sus siglas en inglés como PREPA, en especial porque las dos plantas contempladas por esta estrategia serán de propiedad privada.
El gobernador Pedro Rosello y portavoces de PREPA descartaron que haya un plan de privatización, pero algunos grupos sindicalistas están dudosos. Mientras tanto, los ambientalistas denuncian que las nuevas instalaciones contaminarán este territorio insular.
La primera planta ya está en construcción en la localidad de Guayanilla, en la costa sur de Puerto Rico. Demanda una inversión de 670 millones de dólares y será capaz de generar 461 megavatios, alimentada con gas natural proveniente de Trinidad y Tobago.
Esta instalación será operada por la empresa Ecoeléctrica, un consorcio en el cual participan las empresas Enron y Kennetech.
El desarrollo de la otra planta aún no se inició, pero su construcción está programada en la localidad de Guayama, 50 kilómetros al este de la capital. Será operada por Allied Energy Systems (AES), con una capacidad de 413 megavatios, alimentada con carbón.
El ingeniero de PREPA, Teodoro Rodríguez, advirtió que la demanda energética de Puerto Rico está en constante aumento y la capacidad instalada en la actualidad no será suficiente para enfrentar los requerimientos del año 2010.
De acuerdo con los cálculos de esta entidad estatal, el déficit energético sólo será evitado si se logra aumentar la capacidad de generación en 1.200 megavatios.
Pero tanto ambientalistas como sindicalistas están en desacuerdo con este pronóstico y consideran que se trata de un escenario alarmista.
"La planta de Ecoeléctrica no es necesaria, y su construcción amenaza el ambiente y la seguridad de los habitantes de Guayanilla", aseguró Efraín Emanuelli, dirigente social que se ha convertido en uno de los principales activistas en la lucha contra este proyecto.
La planta de Guayanilla extraerá millones de litros de agua del mar para utilizarlos en su sistema de enfriamiento. En el proceso será desalinizada y la sal será devuelta al océano, y como resultado, los niveles de salinidad de la bahía frente a esta localidad aumentarán peligrosamente, según Emanuelli.
Pero el mayor temor de los habitantes de esta localidad es el de una explosión de gas. Tienen grabado el recuerdo del accidente de noviembre de 1996, cuando estalló una tubería subterránea de gas propano en el núcleo urbano de Río Piedras, causando la muerte de 30 personas.
La compañía que distribuía el gas en Río Piedras era propiedad de Enron, que es uno de los socios de Ecoeléctrica. Los críticos del proyecto aseguran que una explosión en Guayanilla causaría un desastre mucho mayor.
Entretanto, la planta de Guayama a cargo de AES es objeto de una fuerte crítica por parte de grupos ambientalistas.
"Es imposible concebir al carbón como una fuente de energía limpia, como AES pretende hacernos creer", dijo el académico de Química de la Universidad del Sagrado Corazón de San Juan, José Córdova.
También recalcó el hecho que la combustión del carbón es una de las principales causas del efecto invernadero (recalentamiento del planeta).
La planta de AES aún no tiene los permisos de construcción, razón por la cual la Corte Suprema detuvo su desarrollo hace dos años. Pero las obras podrán iniciarse si se consiguen las autorizaciones.
En 1995 el grupo ecologista Greenpeace publicó un informe sobre la empresa AES, en el cual la acusó de un gran número de casos de destrucción ambiental y corrupción en diversos lugares del mundo.
Enron, por su parte, también tiene una larga historia de escándalos que incluyen el tráfico de influencia y negociaciones turbias en países como Argentina, Kuwait, India y Mozambique.
Tanto los grupos ambientalistas como los sindicalistas representados por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y del Riego (UTIER) advierten que la población saldrá perdiendo con la construcción de las dos plantas.
UTIER planteó que se introducirá al sector eléctrico una fuerza de trabajo no afiliada a sindicatos, lo que facilitará despidos masivos. Los sindicalistas se muestran preocupados porque Ecoeléctrica empleará sólo 46 técnicos una vez que el proyecto esté construido.
Las plantas de PREPA con una capacidad de generación eléctrica similar emplean 10 veces esa cantidad de técnicos.
El portavoz de UTIER, Bartolomé Diana, destacó que según PREPA un proceso de reorganización de la red eléctrica y de reemplazo de instalaciones ya permitió ahorrar 776 megavatios, una porción que podría aumentar en el futuro.
Al mismo tiempo, una planta construida en el sector de Arecibo permitió incorporar 249 megavatios adicionales a la capacidad de generación de electricidad.
"Suman más de 1.000 megavatios, y si agregamos nuevas medidas de conservación o el uso de fuentes renovables de energía, la capacidad disponible será más grande. Esto hace más fuerte el caso contra las plantas de Ecoeléctrica y AES", dijo el representante del grupo ambientalista Misión Industrial, Wilfredo López.
El representante del grupo Sur Contra la Polución (SURCCO) advirtió que las tendencias de la economía de Puerto Rico no sustentan la teoría de un aumento en la demanda para la próxima década.
"Aunque el gobierno lo niega, están cerrando las fábricas, que son los principales consumidores de energía. Muchas de las que siguen funcionando generan su propia electricidad", aseguró Muller.
La PREPA descartó el uso de fuentes de energía renovable, lo cual según los grupos ambientalistas revela falta de cultura ambiental por parte de los dirigentes de esa entidad pública.
Algunos voceros de grupos ecológicos destacaron que el uso del carbón viola la Convención sobre Cambio Climático, diseñada en el marco de Naciones Unidas para combatir el efecto invernadero.
"Me sorprende que con tanto mar, sol y viento, en Puerto Rico no se haga un esfuerzo para aprovecharlos en la generación de energía. Si no son alternativas hoy, al menos deberíamos invertir para que lo sean en el futuro", dijo el académico José Córdova. (FIN/IPS/tra-en/cr/cb/lc-ml/en/98
