Una veeduría internacional podría ser enviada al departamento colombiano de Putumayo para verificar la presencia de grupos paramilitares, presuntos culpables del asesinato de más de 40 personas en lo que va del año.
La comisión fue solicitada el martes 17 por el propio gobernador de Putumayo, Jorge Devia.
"Es importante que la comunidad internacional dirija su mirada no sólo al Putumayo sino a toda esta zona amazónica" que está siendo afectada por la violencia, dijo Devia a IPS.
Una veeduría internacional puede determinar la presencia de grupos paramilitares y detener las matanzas en el departamento, señaló.
El Ministerio de Defensa dijo no tener evidencias de la presencia de paramilitares en el área y anunció una investigación al respecto.
El comandante de la división del ejército que opera en la región, general Néstor Ramírez, indicó a su vez que no cree que los hechos de Putumayo hayan sido cometidos por paramilitares sino por delincuentes.
Devia afirmó que como gobernador tiene que limitarse a "la información oficial", pero "el rumor y el comentario de la gente" es que los autores de los asesinatos son paramilitares.
"No podenmos acostumbrarnos a vivir en medio de esta serie de muertes permanentes", comentó.
El gobernador pidió asimismo al gobierno el envío a la zona del grupo de la policía especializado en el combate a los paramilitares, el estudio de alternativas de desarrollo sostenible en la región (una de las mayores productoras de hoja de coca) y la instalación de una oficina de la Cruz Roja.
Según denunció el pasado miércoles el alcalde de Puerto Asís (segunda ciudad del departamento) Néstor Hernández, desde comienzos de este año grupos paramilitares que llegaron a la región han iniciado una campaña de exterminio selectivo entre los habitantes, a los que acusan de colaborar con la guerrilla.
Hernández dijo también haber recibido denuncias de testigos según los cuales en los últimos días los asesinos habían llegado en helicópteros del ejército.
Las masacres se produjeron en momentos en que se llevan a cabo en la región operativos militares para la búsqueda de 18 soldados retenidos desde diciembre por las insurgentes Fuerzas Aramadas Revolucionarias de Colombia.
El fiscal general, Alfonso Gómez, reconoció este martes que la situación del Putumayo "es muy grave" y anunció que llevará "hasta las últimas consecuencias las investigaciones" sobre las denuncias de Hernández.
Según Gómez, la función del Estado es dar apoyo a las población civil, "eliminando los factores de violencia y sancionando a quien haya que sancionar".
Un informe de la policía indica que en Putumayo han muerto desde el 1 de enero 44 personas, 23 de ellas este mes.
Los asesinatos fueron condenados por la directora de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Almudena Mazarrasa, quien exhortó a las autoridades a tomar "de inmediato" decisiones para la efectiva perotección de la población. (FIN/IPS/yf/dg/ip-hd/98
