El debate sobre Galápagos que libran el gobierno e industriales pesqueros de Ecuador con grupos ambientalistas se intesificó tras el veto del presidente Fabián Alarcón a una ley para la conservación del archipiélago.
Alarcón rechazó en forma parcial la ley de Régimen Especial para Galápagos aprobada por el Congreso, elaborada "tras 10 años de investigación y después de conseguir el consenso de la población del lugar y de diversos sectores productivos", dijo Teodoro Bustamante, director de la Fundación Natura.
El parlamento, que aprobó la ley a mediados de enero, inició un debate para decidir si acepta el veto del Poder Ejecutivo.
También organizaciones ambientalistas internacionales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), cuestionaron la decisión de Alarcón, asegurando que responde a presiones del sector pesquero, que se vio afectado por la nueva norma.
Uno de los artículos más polémicos, que fue modificado por Alarcón, se refiere a la ampliación de la reserva marina de 15 a 40 millas en el perímetro de las islas. Según la legislación vigente, esas reservas son consideradas áreas protegidas, por lo cual se prohibe la pesca industrial.
El texto alternativo propuesto por el Poder Ejecutivo, si bien mantiene las 40 millas de protección, habilita "la pesca industrial al oeste, sur y sudeste del archipiélago", a partir de las cinco millas.
Representantes de organizaciones de pescadores artesanales, trabajadores del sector turístico, hoteleros y el Instituto Nacional Galápagos enviaron un documento al Congreso reclamando que se mantenga el texto original de la ley.
En la declaración se sostiene que la decisión presidencial "atenta contra la conservación de Galápagos, al permitirse la pesca industrial que afectará los bajos ecosistemas marinos que son fuente de alimento para cientos de especies que, además, están estrechamente ligadas a los ecosistemas terrestres".
Los industriales pesqueros contaron con el respaldo de un grupo de parlamentarios de la costa, en especial de la provincia de Manabí, que constituyeron un bloque de oposición por considerar que la ley perjudicaría gravemente a esa actividad económica.
"Más de 20.000 familias serían afectadas por la ley", según Simón Bustamante, diputado del derechista Partido Social Cristiano.
Bustamante dijo que el presidente había actuado "con objetividad al vetar la ley", pues "sabe que la pesca es una de las principales actividades económicas del país".
Galápagos es una de las 21 provincias en que está dividido Ecuador y se encuentra a 1.000 kilómetros del territorio continental. Su extensa y única biodiversidad es considerada por los especialistas como el museo viviente más grande del mundo.
El proyecto original para Galápagos "es el fruto del consenso entre la población y del trabajo científico y serio de diversas organizaciones ambientalistas", afirmó la ministra de Medio Ambiente, Flor Valverde, quien fue coordinadora de la comisión especial que redactó la ley.
Valverde recordó que el país tiene un compromiso internacional que lo obliga a poner en vigencia un nuevo régimen de conservación para las llamadas "islas encantadas", "que no puede estar sujeto a los intereses de un grupo en particular".
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que en 1979 declaró a Galápagos patrimonio natural de la humanidad, recomendó en julio a las autoridades ecuatorianas que implementasen medidas urgentes para controlar la pesca, el turismo y la migración.
A raíz de esa recomendación, el gobierno de Alarcón creó la comisión especial que se encargó de redactar el cuestionado proyecto de ley.
La Unesco exigió posteriormente al gobierno que la norma entrase en vigencia en un plazo de seis meses a partir de diciembre y elaborara un plan de manejo sustentable para el archipiélago.
El organismo internacional alertó que, si no se atiende su demanda, las islas serían incluidas en la lista de "patrimonios en peligro de extinción". (FIN/IPS/mg/dm-ag/en-ip/98
