Durante el último año murieron a manos de efectivos de seguridad de Venezuela 210 personas, 59 de ellas en las cárceles, reveló el miércoles 10 un informe de la principal organización humanitaria del país.
Raúl Cubas, coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), indicó que el principal avance humanitario en el período octubre 1996-septiembre 1997 ha sido la mayor preocupación del gobierno por el problema.
Pese a ello, la situación en materia de derechos humanos empeoró en el país, y en cuanto a la violación al derecho a la vida por parte de los organismos de seguridad alcanzó la cifra récord del cuatrienio de Rafael Caldera.
Además, 1997 representó un grave retroceso para los derechos laborales y sociales, por la aplicación de un programa de estabilización neoliberal conocido como Agenda Venezuela.
El gasto público en salud, por ejemplo, sólo representó 1,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) y los más pobres de los pobres, la llamada categoría "e" por fundaciones estatales, se ve forzada a gastar más en atender sus necesidades sanitarias que el gobierno en su conjunto.
En coincidencia con el día mundial de los derechos humanos, Provea indicó este jueves que 151 personas murieron a manos de funcionarios policiales, cinco más que el año precedente.
Del total de víctimas, 69 fueron muertas por las nuevas policías regionales o municipales, mientras que las que maneja el gobierno central tuvieron una caída importante en la violación a la vida, indicó Cubas.
Tan sólo en un estado, el de Aragua, en el centro-norte del país, se denunciaron 30 casos, especificó.
A esos muertos en las calles se sumaron 286 muertes en las penitenciarias del país, 10 más que el período anterior, de las que 59 fueron ocasionadas por disparos de efectivos civiles o militares, que tienen a su cargo la custodia carcelaria.
El resto de las muertes en los 33 penales venezolanos se produjeron en motines, reyertas o ajustes de cuentas entre bandas que mantienen bajo virtual control las instalaciones, otra grave violación de los derechos de los 25.700 reclusos existentes.
Cubas precisó que durante el lapso analizado también se produjeron dos muertes durante manifestaciones públicas, lo que eleva a 10 el número de personas que perdieron así la vida desde que Caldera, un democristiano independiente, asumió el poder en febrero de 1994.
Mientras la violación al derecho a la vida creció, cayó la de los malos tratos y torturas por parte de los organismos de seguridad del Estado, al producirse 45 denuncias frente a las 69 de los 12 meses previos.
Una vez más, la mejora se notó en las fuerzas policiales adscritas al gobierno central, que ha realizado un esfuerzo para mejorar la conciencia humanitaria de los efectivos y atendió propuestas en ese sentido del Relator de Naciones Unidas contra la Tortura.
Provea considera positivo que el Ejecutivo haya declarado a 1997 como el año de los derechos humanos en el país, abierto un diálogo con las organizaciones no gubernamentales y creado una comisión ministerial para atender el problema.
Pero falta una política integral en favor de medidas estructurales y eficaces para revertir un sistema de violaciones y de impunidad. Cubas precisó que 90 por ciento de los casos de violaciones de derechos humanos no reciben castigo judicial.
"Hay un patrón cultural de impunidad que es necesario romper" para promover el respeto a los derechos humanos, indicó el coordinador de Provea.
El problema es agravado por la multiplicación de policías regionales o municipales, sin coordinación o líneas de mando conjunta. Sólo en Caracas existen siete policías, que actúan sin coordinación alguna, precisó Cubas.
Al analizar el impacto del programa neoliberal aplicado desde abril de 1996, Provea determinó que los logros macroeconómicos de estabilización se han contrastado con los fracasos "micro", que son los que determinan la calidad de vida de la gente.
Las cifras oficiales de pobreza suministradas hace una semana indican que 68,7 por ciento de los 22,6 millones de venezolanos no logra cubrir sus necesidades básicas.
Además, 40,3 por ciento de la población sufre un grado crítico de pobreza porque ni siquiera puede atender sus necesidades alimentarias esenciales, mientras como gran contraste el país atesora un nivel récord de reservas monetarias, de más de 18.000 millones de dólares.
El gobierno logró hacer crecer la economía en 1997 en torno a seis por ciento del producto, pero sin domar la inflación, que en 1996 se desbocó por encima de 100 por ciento y este año a duras penas se contuvo por debajo de 40 por ciento en su movimiento.
Con ese marco, en junio se puso en vigor una reforma de flexibilización laboral que viola derechos internacionales y es la mayor regresión de los derechos laborales ocurrida en el país desde la instalación de la democracia en 1958.
"La Agenda Venezuela inhumaniza el ajuste y promueve la regresividad y la exclusión de la mayoria de la población en sus derechos sociales", sintetizó Cubas.
Recordó ademas que 40 por ciento del presupuesto se destina a pagar la deuda externa y que el desempleo afecta a cerca de 12 por ciento de la población activa, mientras cerca de la mitad de los que trabajan lo hacen en el precario sector informal.
Cifras oficiales recogidas por Provea reflejan que 63,5 por ciento de las personas ocupadas devengan sueldos iguales o inferiores al salario mínimo legal, de 125 dólares.
En materia de salud y educación se ha producido un colapso de la atención, puntualizó.
La situación más grave se produce en salud, donde 30 por ciento de la población no tiene acceso a servicios asistenciales.
Los desasistidos son los más pobres, que terminan por gastar cifras cercanas a 1,26 por ciento del PIB, más que lo que destina el Estado a sanidad en su conjunto. (FIN/IPS/eg/dg/pr-hd/97
