Tras la visita del presidente de Estados Unidos Bill Clinton, y la derrota electoral del oficialismo de Argentina, la pesquisa por el atentado a una mutual judía de 1994 se focalizó en ex funcionarios, oficiales de policía, diplomáticos y legisladores.
Diana Malamud, esposa de una de las 86 víctimas fatales del ataque a la Asociación Mutual Israelíta Argentina (AMIA), sostuvo el lunes 24 que la decisión política del gobierno de esclarecer el ataque se adoptó en las últimas semanas, luego de la visita de Clinton, que recibió a los familiares de los fallecdos.
La mujer, esposa de un arquitecto que dirigía la refacción de la sede de la AMIA cuando ocurrió la explosión, advirtió que la brigada antiterrorista de policías que comenzó a acercar información relevante a la causa fue creada por el gobierno hace pocos días.
Se refirió así a la brigada que informó a la Comisión Bicameral que investiga el atentado sobre una escritura fraudulenta en la que el ex comisario Juan José Ribelli, procesado como partícipe necesario, recibió una presunta herencia de 2,5 millones de dólares días previos al ataque.
La documentación alertó a los legisladores que sabían que el padre del policía exonerado era un jubilado de 91 años que había trabajado como obrero ferroviario y nunca pudo haber acumulado esa fortuna.
La justicia cree que Ribelli, a cargo de la división policial Sustracción de Automotores en la provincia de Buenos Aires, extorsionó al reducidor de autos robados Carlos Telleldín para que le entregue la camioneta Trafic que fue utilizada en el atentado.
El hallazgo decidió a los legisladores a citar al ex jefe de la policía bonaerense Pedro Klodzcyk para que declare si era cierto que mantenía un estrecho vínculo con Ribelli, que según las versiones policiales era "su hombre de confianza" en la policía.
Klodzcyk, que podría ser citado ahora por el juez, dijo que Ribelli era "un delincuente" si efectivamente se comprobaba que se dedicada a vender los autos robados que secuestraba en sus propias concesionarias y no descartó que esté involucrado en el atentado.
Este lunes, el diputado Melchor Cruchaga, de la misma comisión, anticipó que citarán a declarar al ex secretario de seguridad de la provincia Alberto Piotti y al diputado Emilio Morello, del derechista Movimiento por la Dignidad y la Independencia.
Piotti era, según Klodzcyk, el responsable último de las cuestiones de seguridad de la provincia, y fue señalado por la colectividad judía como un funcionario que obstaculizó la pesquisa.
Morello está sospechado de ser nexo entre policías y diplomáticos iraníes señalados como autores intelectuales del ataque.
La justicia grabó una conversación telefónica en la que el legislador habla de unos detonadores y además, se conoció que en 1994 se interesó por la situación de diplomáticos iraníes ante la cancillería.
El ministro del Interior Carlos Corach, sostuvo este lunes que se estudia la situación del encargado de asuntos culturales de la embajada de Irán en Buenos Aires. "Si se confirman las versiones (sobre su participación en el ataque) le vamos a impedir el ingreso al país".
El diplomático está en Teherán de vacaciones por un mes y había sido señalado por un refugiado político iraní como uno de los partícipes en el ataque a la mutual.
El juez federal Juan José Galeano, que se había reunido con el refugiado iraní pocos días después del atentado, viajó la semana última a Estados Unidos para entrevistarse nuevamente con él.
Pese a los reclamos de la colectividad judía para que el gobierno dé señales de rechazo a Irán, que a juicio de la comunidad israelita no sólo tolera el fundamentalismo terrorista sino que lo sostiene financieramente, hasta ahora no hubo ruptura de vínculos.
El gobierno del presidente Carlos Menem, según el cual poco después del atentado ya había "semiplena prueba" de la participación diplomática de Irán en el atentado, pidió el retiro del embajadoriraní. Ahora la sede está encabezada por el agregado cultural.
Para los familiares de las víctimas del atentado a la mutual y del que fue perpetrado contra la embajada de Israel dos años antes, el gobierno comenzó a manifestar voluntad política de esclarecer los ataques luego de la visita de Clinton en octubre.
El presidente estadounidense recibió a dirigentes judíos y se manifestó interesado en conocer detalles sobre la pesquisa. También ofreció cooperación de servicios de inteligencia de su país.
Días después de la visita, la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas provocó indirectamente un impulso en la causa. El gobierno se muestra ahora más decidido a ir a fondo, aun cuando ello implique deshacerse de colaboradores cercanos.
Este lunes, el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Carlos Brown, declaró la prescindibilidad de 60 oficiales de la policía por estar implicados en diversos crímenes, incluído el de la AMIA.
Los policías dados de baja no serán los últimos separados de la fuerza este año, se anunció. (FIN/IPS//mv/dg/hd-ip/)
