El principal organismo inspectivo de la ONU detectó gastos excesivos y más de 200 presuntos fraudes cometidos por sus propios funcionarios a un costo de varios millones de dólares.
La Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS) reveló en su informe anual que el fondo de pensiones de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) pagó más de 400.000 dólares a familiares de funcionarios retirados que no reportaron sus fallecimientos.
De esa suma, hasta ahora, se recuperaron apenas 100.000 dólares.
Fondos de la Agencia de Asistencia y Trabajo para Refugiados Palestinos en Medio Oriente (UNRWA) fueron malversados a través de reclamos de desembolsos destinados a refugiados fraguados.
El fraude había sido perpetrado por un ex funcionario de la agencia que utilizaba números de registro de refugiados falsos, con lo cual se embolsó 355.000 dólares entre 1992 y 1995. De esa suma no se recuperó un centavo, informó la OIOS.
La investigación detectó otros 209 casos de fraude, entre ellos los cometidos por 191 funcionarios que apelaron a miembros de sus familias para cobrar sobresueldos indebidos.
La Oficina de Naciones Unidas en Ginebra acusó a un funcionario estadounidense de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que se apoderó de ese modo de más de 600.000 dólares, de los cuales se recuperaron unos 350.000 mediante la liquidación de los bienes del estafador.
La justicia de Suiza no solo halló culpable al acusado, sino que le prohibió ingresar al país por 10 años.
Estas pérdidas financieras han sido descubiertas en momentos en que la ONU afronta una severa crisis financiera debida, en parte, a los 2.000 millones de dólares en aportes adeudados por los países miembros, de los que 1.500 millones corresponden a Estados Unidos.
Los casos más reveladores de desperdicio de dinero y mal manejo administrativo se registraron en la Oficina de Naciones Unidas en Nairobi, el Centro de Asentamientos Humanos (Hábitat) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tres organismos con sede en la capital de Kenia.
Los auditores de la OIOS recomendaron a la Oficina de Naciones Unidas en Nairobi mejorar sus métodos de control de gastos de teléfono y fax por parte de los funcionarios en la ciudad africana, que ascendieron a cientos de miles de dólares.
En el momento de la auditoría, Hábitat y la Oficina de Naciones Unidas acumulaban más de un millón de dólares en cuentas sin cobrar de varias agencias y contratistas, suma que luego se redujo a 417.000 dólares.
Entre octubre de 1994 y enero de 1997, Hábitat había acumulado 900.000 dólares de facturas telefónicas sin pagar. La Oficina de Naciones Unidas en Nairobi pagó, al fin, la cuenta a la compañía de teléfonos.
La OIOS sostuvo que las tres oficinas en Kenia sufrían "debilidad gerencial, financiera y de controles internos".
El órgano de inspección también detectó varios atrasos administrativos en las operaciones de mantenimiento de paz, que, en el caso de Angola, generó pérdidas por 241.000 dólares solo en alquiler de ómnibus.
Uno de los principales casos de fraude sin resolver generó la pérdida de unos 3,9 millones de dólares en las oficinas de la misión de paz en Somalia en 1993. Aunque la agencia policial británica Scotland Yard fue encomendada a investigar, la ONU nunca descubrió dónde estaba el dinero.
El alemán Karl Paschke, subsecretario general de la ONU a cargo de la OIOS, dijo que, a pesar de los desperdicios y el mal manejo administrativo en el sistema de Naciones Unidas, la oficina logró que se ahorraran unos 29,3 millones de dólares solo el año pasado.
"Y estos ahorros no incluyen los atribuibles al factor disuasivo, pues la OIOS ahora está mirando por arriba del hombro a todo gerente" de la ONU, agregó Paschke.
Por lo menos 70 por ciento de las recomendaciones de la OIOS fueron implementadas el año pasado. La mayoría de ellas se refería a formas de impedir la comisión de fraudes, gastos innecesarios y mal manejo administrativo.
Pero Paschke admitió que, a pesar del trabajo efectuado por su oficina, los controles internos de la ONU son aún débiles para supervisar la forma en que los funcionarios desempeñan sus tareas.
La OIOS, por ejemplo, atribuyó a los "débiles controles internos" los pagos irregulares por transporte de cargas efectuados por la misión de Naciones Unidas en Angola, que ocasionaron pérdidas por unos 667.000 dólares.
Francia, uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, propuso la creación de un tribunal especial para el juzgamiento de los funcionarios corruptos.
El año pasado, Boutros Boutros-Ghali, entonces secretario general de la ONU, dijo que bajo las actuales reglamentaciones administrativas el cuerpo mundial no tiene autoridad legal para confiscar el salario de un funcionario o bloquear las pensiones como medida preventiva ante sospechas de fraude.
Pero las nuevas reglas propuestas por el Departamento Legal de la ONU prevé cárcel para los funcionarios culpables de defraudación. (FIN/IPS/tra-en/td/fah/mj/ip/97
