El jurista de ultraderecha Jesús Cardenal fue designado hoy fiscal general del Estado por el Consejo de Ministros de España, presidido por el centroderechista José María Aznar.
La diputada izquierdista Rosa Aguilar calificó de "retrógrado" a Cardenal y recordó una frase de éste, incluida en la memoria de 1994 del Poder Judicial en el País Vasco.
En esa memoria, redactada por Cardenal, se afirma que "la pluralidad y el liberalismo sólo benefician a los extremos viciosos". En el mismo documento se critican por antinaturales las leyes que legalizan parcialmente el aborto y las relaciones homosexuales.
La decisión del gobierno pretende poner orden en una fiscalía sumergida en una crisis profunda, con casos de gran peso político y sometidos a una dura pugna en los medios de comunicación.
En medio de esa crisis en la fiscalía, provocada en torno de varios procesos por la "guerra sucia" contra los independentistas vascos y por corrupción durante la administración socialista (1983-96), el gobierno destituyó al fiscal general Juan Ortiz, quien no llegó a cumplir un año en el cargo.
Todos los partidos políticos aprobaron la destitución, y del mismo modo se pronunciaron las organizaciones de jueces y fiscales. La excepción fue la conservadora Asociación Jurídica de la Magistratura, que calificó la decisión de "antijurídica" y comprometedora de la necesaria independencia de la Fiscalía.
El nuevo fiscal general se declaró públicamente en los últimos meses en favor de endurecer las acciones policiales y judiciales contra los jóvenes que realizan manifestaciones violentas en el País Vasco y contra la organización separatista ETA.
El gobierno también decidió trasladar a María Dolores Márquez de Prado, una joven fiscal de la Audiencia Nacional, conocida por sus actuacioenes en los sumarios de la "guerra sucia". Márquez de Prado estaba enfrentada al destituido Ortíz, quien antes de ser destituido pidió el traslado de la fiscal.
José Antonio Alonso, portavoz de la asociación Jueces por la Democracia, advirtió que el acto de autoridad realizado al decidirse el traslado de Márquez del Prado se volverá contra los intereses públicos e incluso contra el propio gobierno. (FIN/IPS/td/ff/ip/97
