El gobierno de México podría recurrir a una solución para el conflicto del sureño estado de Chiapas similar a la adoptada por el presidente peruano Alberto Fujimori en la crisis de los rehenes en Lima, advirtió hoy un miembro de la comisión mediadora del Congreso.
La suspensión en septiembre del diálogo entre la guerrilla zapatista y el gobierno, y la tensión en Chiapas, donde hay choques por problemas políticos, religiosos y de tierras, amenazan con alejar la negociación, dijo el diputado Juan Guerra, del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática.
Guerra, quien integra la comisión mediadora del Congreso, sostuvo que el cambio de delegado oficial para el diálogo en Chiapas, decidido por el gobierno el domingo, no es lo fundamental y aseguró que lo importante es cumplir lo firmado.
"En Chiapas hay riesgo de fujimorismo", declaró Guerra en alusión a la decisión del presidente peruano de rescatar por la fuerza a los rehenes que mantuvo cautivos desde el 17 de diciembre un comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en la residencia del embajador japonés en Lima.
Tras anunciar que Pedro Coldwell reemplazó a Marco Bernal como delegado oficial al diálogo de paz en Chiapas, el secretario de Gobernación (Interior), Emilio Chuayffet, reiteró que el gobierno de México busca, a través de la negociación, una "paz digna con justicia" en ese estado.
Coldwel, quien ha sido gobernador, diputado, funcionario de turismo y presidente de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es el cuarto delegado oficial al diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), desde febrero de 1994.
Las negociaciones se mantienen congeladas en Chiapas por el rechazo del gobierno a una ley indígena que fue redactada por los mediadores del Congreso y aceptada por el EZLN.
Chuayffet aseguró que las elecciones federales del 6 de julio, cuando se renovará el Congreso, parte del Senado y se elegirán varios gobernadores y ayuntamientos, no han interrumpido los intentos oficiales para retomar el diálogo con el EZLN.
Sin embargo, el analista Miguel Granados sostiene que en la práctica el gobierno no ha realizado mayores esfuerzos en espera de conocer la nueva correlación de fuerzas del Congreso.
Tras las elecciones de julio deberán cambiar los miembros de la Comisión de Mediación, integrada por diputados de todos los partidos políticos.
La dirigencia del EZLN sostiene que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo quiere ganar tiempo para intentar un golpe militar contra las fuerzas de la guerrilla, hoy rodeadas de miles de soldados.
El gobierno mantiene la tesis de que siendo 1997 un año electoral "nadie nos escuchará, que los mexicanos se olvidarán de nosotros y que nos quedaremos solos", señaló el líder del EZLN, el subcomandante Marcos.
"Lo que no entienden es que el problema es con millones de indios que hemos dicho ya basta", señaló Marcos.
El EZLN se niega a continuar dialogando si el gobierno no acepta el contenido de la nueva ley indígena, redactada en base al único acuerdo firmado en febrero de 1996. (FIN/IPS/dc/ag/ip/97