Un "pacto subterráneo" favorable a los militares se estaría fraguando en el Congreso de Honduras para hacer del traspaso de la policía a manos civiles una acción decorativa.
La denuncia fue hecha en el foro "El traspaso de la policía al poder civil: la etapa de transición", organizado por el gubernamental Comisionado de Derechos Humanos y la Fundación Friederich Ebert, vinculada a la socialdemocracia alemana.
El foro, que contó la participación de militares, legisladores y miembros de la Comisión de Traspaso de la policía a manos civiles, sirvió para actualizar el tema y revelar el interés parlamentario en dar la conducción del nuevo órgano al ejército.
"Si queremos realmente quitarnos el tutelaje ejercido por los militares", la nueva policía debe ser dirigida por un civil, dijo Leo Valladares, representante del Comisionado de los Derechos Humanos.
Pero el diputado Raúl Pineda, del opositor Partido Nacional, manifestó que existe consenso en el Congreso en cuanto a que la nueva Policía Nacional Civil debe ser dirigida por un militar de carrera.
Asimismo, afirmó que los legisladores no están interesados en crear una comisión para evaluar a los oficiales de policía mediante exámenes sicológicos que permitan depurar el nuevo organismo e impedir que ingresen personas que participaron en violaciones de los derechos humanos.
"La autodepuración de la policía creemos que deben hacerla ellos mismos. Nuestro trabajo es garantizar que la nueva policía sea profesional y sin excesos de violencia y brutalidad", manifestó Pineda.
La evaluación de los miembros que integrarían la nueva policía civil ha sido una de las exigencias de la sociedad civil, tras comprobarse la implicación de varios oficiales de policía en la desaparición forzada de personas y la violación de derechos humanos en la década pasada.
Se pretende que el director del nuevo organismo policial sea un civil que conozca el tema, para darle al cuerpo prestigio y credibilidad, en vista de que varios miembros de la actual policía son señalados de integrar bandas organizadas de robo de vehículos, secuestros y asesinatos.
La policía en Honduras depende actualmente de las Fuerzas Armadas, pero de acuerdo a las reformas constitucionales aprobadas en 1996 por el Congreso la misma pasará ahora a manos civiles.
Su traspaso formal debería hacerse a fines de este año, cuando estén listos sus reglamentos operativos, definido su presupuesto y la dependencia a la cual estaría adscrita, que podría ser el Ministerio del Interior o un nuevo organismo estatal de seguridad pública.
Sin embargo, en el foro se afirmó que en los artículos reformados de la Constitución se presentan una serie de lagunas legales que mantienen intactas las estructuras de subordinación de la policía al ejército.
El jurista Germán Leitzelar, uno de los miembros de la Comisión de Traspaso de la Policía que más ha luchado por la depuración del organismo, dijo que "así como están aprobadas las reformas constitucionales, el traspaso de la policía será algo mecánico, sin nada sustancial".
El presupuesto de la nueva policía, tal como está redactada la reforma, "siempre dependerá de la Pagaduría de las Fuerzas Armadas, y este tipo de aberraciones no podemos permitirlas". dijo como ejemplo.
"Si dejamos que un militar de carrera dirija la nueva policía, ¿qué habremos ganado los civiles?", cuestionó Leitzelar al afirmar que no existe voluntad política para hacer de esta lucha una acción verdaderamente democrática.
El traslado de la policía "no podemos resolverlo al calor de los tragos de una fiesta vaquera", dijo el jurista en alusión a un acontecimiento social al que invitadoron los militares y donde participaron destacados políticos y un selecto grupo de la sociedad hondureña.
Por su parte, el coronel Manuel Antonio Urbina, de la Comandancia de la Policía, dijo que para ellos era "inaudito" permitir que fuerzas extrañas los evaluaran, porque ese derecho, sólo lo tiene el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Dijo que la nueva policía estará integrada por miembros altamente profesionales, producto de una autodepuración, en la que no se dejarán llevar por "rumores de prensa".
De esta forma, se prevé una fuerte lucha entre civiles y políticos por una transición limpia de la nueva policía, en un país donde campea la inseguridad ciudadana y existen sólo 6.000 efectivos para una población de 5,5 millones de habitantes. (FIN/IPS/tm/ag/ip/97