Más de 100 días después de la firma de la paz, la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) rompió el silencio y criticó las políticas económicas y sociales del gobierno.
La toma de distancia de los ex insurgentes con el gobierno del presidente Alvaro Arzú fue vista este miércoles con beneplácito por sectores de la oposición, tanto de izquierda como de derecha.
En una declaración política publicada este miércoles en la prensa pero conocida desde el día anterior, la Instancia de Coordinación y Conducción de la Dirección Nacional Provisional de la URNG expresó su preocupación por los peligros que, a su criterio, corre el proceso de paz.
La declaración enfatiza que es indispensable no olvidar el pasado, porque "los intereses que se oponían a la firma de la paz siguen presentes y ejercen presiones para que ésta no se concrete".
Después del 29 de diciembre de 1996 (día en que se firmó la paz), "estas presiones se manifiestan con más fuerza, tienden a crear un clima de inestabilidad política en el país y fomentan el crimen organizado", destaca.
Preocupa a la ex guerrilla que la imagen dada a la opinión pública sobre el proceso de paz "se limite a los temas de la concentración y desmovilización de las fuerzas de la URNG, como si con ésto culminara el proceso y no como el inicio de una nueva época de amplias transformaciones, como debiera ser".
En el terreno económico, destaca la evasión de impuestos y la incapacidad del gobierno para corregir esa situación como uno de los principales problemas.
"Es insostenible que (el gobierno) recurra como solución para cubrir la deuda interna, a la venta de los activos del Estado en forma precipitada y riesgosa", considera la organización que agrupa a las cuatro principales fuerzas que protagonizaron la lucha guerrillera contra el gobierno durante 36 años.
"No es justificable la enajenación de los activos del Estado para evadir una reforma impositiva que es urgente y necesaria para sentar las bases de una sociedad moderna y más equitativa. Tampoco es conveniente venderlos sin salvaguardar una parte de esa riqueza", señala.
El gobierno ya anunció la venta de la empresas estatales del sector telefónico, ferroviario y de generación eléctrica, entre otras.
Las tarifas pagadas por la población por esos servicios fueron fuertemente aumentadas para hacer más atractiva su compra por eventuales inversionistas.
Así como el gobierno se mueve en un sentido político que entra en contraposición con los objetivos y el sentido de la paz, también aplica una política de ajuste estructural que entra en contradicción evidente con los acuerdos firmados en diciembre, asegura la ex guerrilla.
"La paz afronta riesgos y peligros, pero no son fatales y pueden superarse si se mantiene la voluntad política que permitió la firma de la paz, resistiendo a las presiones y apoyándose en los sectores que desean y quieren un nuevo país", concluye el comunicado.
La ex unión guerrillera se encuentra en proceso de disolución.
Los grupos que la formaban, el Ejército Guerrillero de los Pobres, las Fuerzas Armadas Rebeldes, la Organización del Pueblo en Armas y el Partido Guatemalteco del Trabajo se unificarán para dar nacimiento a un partido político legal que seguirá llevando la sigla de URNG.
El diputado Arístides Crespo, jefe de bancada del derechista Frente Republicano Guatemalteco, por esta vez coincidió con la ex guerrilla, al afirmar que el gobernante Partido de Avanzada Nacional (PAN) no ha tenido capacidad para formar consensos.
"El gobierno emite las disposiciones que quiere, y como tiene mayoría en el Congreso se aprueban sin problemas y allí no puede existir ningún consenso con los otros partidos", señaló.
Lo bueno es que "por fin, la guerrilla abandonó la concertación que mantuvo con el gobierno desde antes de la firma de la paz", consideró.
Nineth Montenegro, diputada del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala, estimó a su vez que "ya era hora de fijar una posición política contra los desaciertos y distorsión que se están dando a los acuerdos de paz y que están cambiando completamente el espíritu de los mismos".
Mientras tanto el gobierno no manifestó reacciones. El vocero de la Presidencia, Ricardo de la Torre, se negó a comentar el contenido de la declaración, argumentando no conocerla. (FIN/IPS/cz/dg/ip-if/97