BRASIL: Acciones judiciales amenazan privatización minera

El gobierno de Brasil ganó hoy una batalla jurídica para mantener la privatización de la compañía minera Vale do Rio Doce fijada para el día 29, pero la batalla judicial continúa.

Los jueces del Superior Tribunal Federal rechazaron este miércoles un intento del Colegio de Abogados de Brasil para suspender la privatización. La demanda se basaba en que la Constitución exige autorización del Congreso para la venta de empresas de tal importancia.

Para pasar la Vale do Rio Doce al sector privado, el gobierno enfrentará otras 70 acciones. Para ello el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), ejecutor del programa de desestización, movilizó a un equipo de 120 abogados.

Un juez de la corte suprema, Marco Aurelio Mello, acogió un pedido de 23 diputados que cuestionaron un decreto presidencial por el cual la compañía pasó a ser dueña de 412.000 hectáreas de la Sierra de Carajás, en el norte de Brasil.

El decreto, firmado el 6 de marzo, transfiere del gobierno a la firma el área donde se encuentra el principal yacimiento brasileño de mineral de hierro y otros de cobre y oro.

Esa transferencia no podía ser realizada por decreto porque la Constitución de 1988 establece que las concesiones de tierras públicas superiores a 2.500 hectáreas sólo se pueden concretar con autorización del Congreso, consideró el juez.

Esa decisión no impide la subasta del día 29, aseguró desde Canadá el presidente Fernando Henrique Cardoso, añadiendo que ni siquiera reducirá el precio de venta o el interés de los posibles compradores.

El presidente se basó en informaciones del BNDES, cuyo vicepresidente encargado de la privatización, José Pio Borges, dijo que la Vale do Rio Doce sólo ganó el "derecho de uso" del área de 412.000 hectáreas.

Ese derecho, no fue considerado en la fijación de un precio mínimo de la empresa, evaluado en 10.361 millones de dólares. En la subasta del día 29 sólo se venderá una parte, que representará por lo menos 3.000 millones de ingresos para el gobierno.

El coordinador del movimiento "Reacciona Vale" del estado de Minas Gerais Marcelo Guimaraes consideró "absurdo" que el precio de venta de la firma estatal no incluyera tal patrimonio y que ello sólo se explica por la sucesión de argumentos falsos y contradictorios de las autoridades para justificar la privatización.

La anunciada venta de la gigantesca firma estatal minera, un complejo de unas 50 empresas que controlan desde ferrocarriles a proyectos forestales y yacimientos con todo tipo de minerales, generó un amplio movimiento de oposición, especialmente en los estados en que tiene actuación directa, como Minas Gerais.

La empresa es un símbolo nacional y un orgullo de la población, por tratarse de una firma estatal que funciona bien. Incluso la Iglesia Católica, a través de dirigentes de su Conferencia Episcopal, se manifestó contra la privatización, por "razones éticas".

Los ex presidentes José Sarney e Itamar Franco se unieron al movimiento opositor, argumentando que no se trata de una simple empresa sino de "una agencia de desarrollo", con un papel estratégico, por lo cual debe permanecer en manos del Estado.

El grupo "Reacciona Vale", que anunció actos masivos de protesta en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, para este fin de semana, argumenta que, como empresa estatal creada por ley, sólo puede ser privatizada por otra ley aprobada en el Congreso.

Además se trata de una empresa que produce utilidades para el Estado, al contrario de la mayoría de las demás firmas privatizadas, añadió Guimaraes.

El Colegio de Abogados de Brasil presentó a la Suprema Corte de Justicia otra demanda de inconstitucionalidad, argumentando que la privatización de la coñpaía Vale do Rio Doce incluye la transferencia al sector privado de servicios como ferrocarriles y puertos sin las licitaciones específicas exigidas por ley.

También la Fiscalía cuestionó la forma de evaluación de la empresa por numerosas razones. (FIN/IPS/mo/dg/if/97

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