La aparente resistencia de los rebeldes de Sierra Leona a respetar el último acuerdo de paz con el gobierno es la causa de la lentitud de las naciones donantes en la liberación de fondos para el proceso de paz en ese país de Africa occidental.
Los países donantes prometieron el pasado septiembre, en Ginebra, 211 millones de dólares para un programa de desarme y reintegración de ex combatientes a la sociedad civil, explicó Jacob Saffa, del Ministerio de Reconstrucción, Rehabilitación y Reasentamiento.
Sin embargo, "sólo Gran Bretaña liberó parte de los fondos prometidos hasta el momento", señaló Saffa, director de planeamiento del programa.
La principal razón de esta lentitud se debe a la demora en la implementación del tratado de paz firmado el pasado 30 de noviembre entre el gobierno del presidente Ahmed Tejan Kabba y el rebelde Frente Revolucionario Unido (FRU), que se levantó en armas en 1991, según fuentes de la ONU.
"El plazo del acuerdo de paz para el desarme y desmovilización de los combatientes del FRU venció la semana pasada, pero los rebeldes continúan demorando el proceso", dijo a IPS un enviado de la ONU este miércoles. "Creo que esto podría plantear graves problemas", advirtió.
Aun Londres dudó en comprometer 35 millones de dólares para el programa de desmovilización, y hasta el momento sólo liberó 1,5 millones para centros de desmovilización establecidos en varias partes de Sierra Leona, indicó Tony Todd, consultante de la Asociación para el Desarrollo de Ultramar de Gran Bretaña.
Se estima que unos 10.000 rebeldes deberían concurrir a los centros, pero "hasta ahora sólo han aparecido 30", explicó Todd. "Es decepcionante", agregó.
Los ciudadanos de Sierra Leona también están decepcionados por la actitud de los rebeldes, especialmente porque creyeron que el acuerdo firmado el 30 de noviembre significaba el fin de la guerra.
"Este es el segundo gran golpe asestado por el FRU al proceso de paz en sólo dos meses", comentó Joseph Kanu, analista político de la Universidad de Sierra Leona.
"Primero se negaron a enviar representantes al Comité de Observación Conjunta (para el control del cumplimiento del tratado), y ahora parecen decir 'no' a la desmovilización", añadió.
Por otra parte, el líder del FRU, Foday Sankoh, considera que el gobierno de Freetown no lo respeta, según declaró a IPS en forma exclusiva desde Abidjan.
"Creo que el presidente Tejan Kabbah y su gobierno no son sinceros sobre el proceso de paz, ya que han enviado kamajores para atacar nuestras posiciones e insisten en que no puedo dejar Abidjan para radicarme en Kailahun (una ciudad del este que los rebeldes reclaman como su sede)", declaró Sankoh.
Desde el acuerdo de paz se produjeron varios choques entre el FRU y los kamajores, una milicia de cazadores tradicionales que combatió junto al gobierno contra los rebeldes.
"Estoy cansado de vivir en el exilio, y me propongo volver a mi país tan pronto como el gobierno de Freetown lo consienta", expresó el líder rebelde.
Pero muchos observadores creen que si el proceso de paz finalmente fracasa, el FRU será el culpable, ya que en las últimas cinco semanas habría perpetrado más de 10 ataques contra aldeas y vehículos junto a la principal carretera entre Freetown y el interior.
Más de 20 personas murieron en esos ataques, y decenas de inmuebles fueron saqueados o incendiados.
El proceso de desarme y desmovilización habría tenido más probabilidades de éxito si los rebeldes hubiesen accedido a una propuesta de la ONU de desplegar unos 700 soldados para controlar el cumplimiento del acuerdo de paz. El FRU rechazó el plan y anunció que no aceptaría más de 100 observadores.
El estancamiento del proceso también obstaculiza el regreso de unos 500.000 refugiados de Sierra Leona en países vecinos. Una primera repatriación iniciada el mes pasado por el gobierno y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados fue detenida por razones de seguridad.
La guerra civil de Sierra Leona comenzó en marzo de 1991, cuando el FRU invadió el territorio desde bases en la vecina Liberia para derrocar al entonces gobierno civil de Joseph Momo. Se estima que unas 15.000 personas murieron en los enfrentamientos. (FIN/IPS/tra-en/lf/kb/ml/ip/97
