El Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra en Ruanda reanudará el 7 de marzo el proceso contra el coronel Theoneste Bagosora, acusado de organizar en 1994 el asesinato de casi un millón de personas.
Bagosora, extraditado el 23 de enero desde Camerún, encabezó el gobierno interino de Ruanda que, controlado por extremistas hutus, perpetró en tres meses una brutal matanza de tutsis y hutus moderados.
La transferencia del militar a la sala del tribunal en Arusha, Tanzania, podría estimular la búsqueda de otros sospechosos y su extradición desde los países en que se encuentran.
Además, la presencia de Bagosora en Arusha podría volver más eficientes las pesquisas y los juicios en el marco de la sustitución del encargado del registro del tribunal, tras la denuncia e investigación de varias irregularidades.
Bagosora, un coronel retirado del anterior ejército ruandés, ocupó altos cargos militares bajo el régimen del presidente Juvenal Habyarimana y perteneció a la llamada "akazu" (pequeña casa) presidencial, integrada por los íntimos de la familia del mandatario, con intereses políticos y comerciales en común.
En 1992, el diario ruandés Umurava lo acusó de ser uno de los principales organizadores de los escuadrones de la muerte que comenzaron a operar a fines de 1991. Una misión investigadora belga concluyó en septiembre de 1992 que probablemente el coronel estuvo vinculado en esas operaciones.
Posteriormente, Bagosora intentó sabotear las conversaciones de paz, celebradas en Arusha entre mediados de 1992 y mediados de 1993, que intentaban poner fin a la guerra civil.
Tras una ronda de conversaciones, Bagosora declaró que retornaba a Kigali para "prepararse para el apocalipsis" en caso de que se implementaran los acuerdos de paz, de acuerdo con el actual ministro ruandés de Finanzas, Marc Rugenera.
El 4 de abril de 1994, Bagosora dijo ante varios testigos que los acuerdos de paz no conducirían a ninguna parte y que todos los tutsis deberían ser exterminados. En ese entonces, el coronel era el director del gabinete del Ministerio de Defensa.
Esa posición le resultó decisiva cuando el avión del presidente Habyarimana fue derribado en la tarde del 6 de abril de 1994, reanudándose así la guerra civil.
También murieron en el atentado el jefe del estado mayor del ejército y el coronel Sagatwa, secretario privado de Habyarimana y líder de la "akazu", mientras el ministro de Defensa se encontraba en una misión en el extranjero.
De este modo, Bagosora quedó prácticamente a cargo de la situación cuando el alto comando del ejército se reunió en la noche del 6 al 7 de abril. Aparentemente elaboró dos planes, uno oficial y visible, y el otro, paralelo y oculto.
Oficialmente, Bagosora mantuvo encuentros separados con el estado mayor del ejército, el representante especial del secretario general de la ONU, Jacques-Roger Booh-Booh, y el general Romeo Dallaire, comandante de la misión de paz de la organización mundial.
Tras estas reuniones, la mayoría de los oficiales ruandeses y los funcionarios de la ONU sintieron que la situación estaba bajo control.
Fue entonces cuando Bagosora puso en marcha su máquina de la muerte, entre las 02.00 y las 07.00 horas del 7 de abril. Alrededor de las 07.00 horas comenzó la persecución y matanza sistemática de políticos opositores, líderes de la sociedad civil y tutsis en general.
Bagosora impidió que una de las primeras víctimas, la primera ministra Agathe Uwiligiyimana, emitiera por radio y televisión un discurso a la nación. Unidades de la guardia presidencial la asesinaron, junto a 10 guardaespaldas belgas.
Durante esas primeras horas, Bagosora tuvo a su disposición algunas unidades de élite del ejército, en particular la guardia presidencial. El control de los grupos de milicias, llamados interahamwe, impuzamugambi, y otros, extendió rápidamente la escala de las matanzas.
A pesar de todo esto, resulta difícil presentar pruebas contra Bagosora. En un libro (Rwanda: Trois jours qui ont fait basculer l'histoire, Brussels-Paris, Institut Africain-L'Harmattan, 1996), intenté establecer la participación de Bagosora en el "segundo plan".
Aunque jugó un papel central, no hay suficientes evidencias para probar su culpabilidad "más allá de dudas razonables", como requiere un procedimiento de la justicia criminal.
No es de esperar que los conspiradores lleven diarios o escritos sobre sus reuniones, ni que escriban memorándums sobre sus acciones, por ejemplo, en las primeras horas de la mañana del 7 de abril.
Tampoco es probable que la decisón de organizar un genocidio se haya tomado en un momento específico. El proyecto parece haberse desarrollado durante un período de entre tres y cuatro años.
A pesar de las amenazas de Bagosora sobre el apocalipsis y el exterminio de tutsis, no resulta fácil determinar su intención de destruir un grupo étnico. Por supuesto, otras personas en el "grupo nuclear" y otros por debajo de la estructura central saben cómo se organizó el genocidio.
Podría ser por lo tanto necesario otorgar inmunidad a algunos de ellos a cambio de su testimonio. Estas personas deben ser buscadas y encontradas, persuadidas y quizá protegidas. Ellas son el eslabón que falta entre la concepción y la ingeniería del genocidio y su ejecución.
La necesidad de establecer cuál fue este eslabón podría ayudar a la fiscalía a determinar su política. Las acciones pasadas del tribunal han estado demasiado determinadas por factores externos, como la detención de sospechosos, por lo cual saltó de una línea de investigación a otra.
El hecho de que Bagosora y otros tres miembros del "grupo nuclear" no estén en manos del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para Ruanda podría permitir a la fiscalía presentar un panorama general coherente y enfrentar la pirámide del genocidio.
Esta es una oportunidad para que el tribunal se redima, definiendo su independencia e imparcialidad. Muchos hutu reconocen que el juicio y sentencia de aquellos responsables del genocidio de 1994 es la única manera de liberarse de un sentimiento colectivo de culpa.
No obstante, el tribunal puede cumplir su doble función, poniendo fin a la impunidad y contribuyendo a una reconciliación nacional, sólo si administra justicia correctamente y si evita dar la impresión de ser "el juez del victorioso".
También hay evidencias prima facie de que el victorioso Frente Patriótico Ruandés (FPR) también cometió gran número de crímenes contra la humanidad que caen bajo el mandato del tribunal.
Antes, durante y tras la reanudación de la guerra civil, el FPR masacró al menos a decenas de miles de civiles, particulamente entre abril y septiembre de 1994.
El tribunal no comenzó a investigar estos hechos. Si pretende construir la credibilidad que tanto necesita, deberá hacerse cargo de este punto difícil y políticamente sensible. —— (*) Filip Reyntjens es profesor de Leyes y Política Africana de la Universidad de Antwerp. En septiembre de 1992 dirigió una misión de investigación en Ruanda con el senador belga Willy Kuijpers. Esta nota llega a IPS a través del Institute of War and Peace Reporting en Londres, y su Proyecto de Supervisión de Tribunales. (FIN/IPS/tra-en/wr/rj/ml-lp/hd-ip/97
