En 1994, el asesinato de un soldado argentino en un cuartel desató un escándalo que derivó en la disolución del servicio militar obligatorio. Ahora, el asesinato de un periodista anticipa cambios radicales en la estructura policial.
Según un proyecto que estudia el gobierno de la provincia de Buenos Aires -el distrito más populoso del país-, el próximo jefe de la policía local podría ser un civil, en un intento de limpiar la imagen de los uniformados cada vez más asociada al delito.
La reestructuración prevé la creación del cargo de "defensor de la seguridad", que será ocupado por civiles que supervisen la tarea de la policía a través del control de las comisarías, y de la policía judicial para realizar sumarios hoy a cargo de los uniformados.
Asimismo, los policías deberán acreditar estudios secundarios completos, una exigencia de instrucción mínima que no rige en la actualidad para esa fuerza.
El actual jefe de la policía, Adolfo Vitelli, comentó este lunes que para poner en práctica una medida de esa naturaleza habría que cambiar una ley de personal de la fuerza que indica que el jefe debe ser un oficial superior de la más alta graduación.
Vitelli admitió que hay "incertidumbre" por las investigaciones que se realizan en torno al crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, asesinado el 25 de enero último. Las pesquisas no descartan que haya policías involucrados en el caso.
Para otros oficiales de la fuerza como el antecesor de Vitelli, el comisario retirado Pedro Klodczyk, hay un "malestar terrible" por las constantes acusaciones que se vierten contra la policía, y no se descarta un acuartelamiento del sector más descontento.
En los primeros trámites de la causa Cabezas, los uniformados que intervinieron cometieron graves errores de preocedimiento. La policía también ignoró las alarmas que precedieron al crimen y se supo además que la zona quedó libre de policías pocas horas antes del asesinato.
Por el momento, en el crimen de Cabezas hay cinco sospechosos detenidos, que integrarían una banda dedicada a la venta de drogas y la prostitución. En los allanamientos que acompañaron las detenciones se halló el arma que disparó contra el reportero.
Pero el caso Cabezas no fue el primero que puso la mira sobre el accionar de la policía.
Los únicos detenidos por un atentado contra la mutual judía en Buenos Aires en 1994 -en el que murieron 86 personas-, son policías involucrados en la venta del vehículo usado como coche bomba.
Los policías del caso AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) "custodiaban" y daban cobertura legal a la tarea de un grupo dedicado al acondicionamiento y venta de vehículos robados.
Hubo también investigaciones periodísticas en las que se probó que altos oficiales estaban involucrados en casos de narcotráfico, prostitución, juego clandestino, y en abusos de fuerza.
De hecho, desde 1992 hubo 3.600 policías exonerados por irregularidades administrativas o causas judiciales.
Con esos antecedentes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, ordenó que se ponga en disponibilidad a los 48.000 agentes del distrito, lo que implica que cualquiera se puede quedar sin empleo, sin sumario previo.
El caso de Cabezas parece así marcar un punto de inflexión, como ocurrió en 1994 con el llamado "caso Carrasco". El joven soldado Omar Carrasco, que hacía pocos meses había ingresado al servicio militar, apareció muerto dentro del cuartel.
El crimen, no del todo esclarecido, provocó tal revuelo en la sociedad que el presidente Carlos Menem decidió poner fin al servicio militar obligatorio para los jóvenes, y ahora sólo se incorpora a los soldados que quieran hacer la carrera militar. (FIN/mv/dg/ip/97
