La llegada del nuevo milenio abre muchas esperanzas, pero no deja gran espacio para el optimismo en el actual cuadro de globalización, advirtió hoy en esta capital Erna Witoelar, presidenta de Consumers International (CI), la mayor organización mundial de consumidores.
Witoelar, de Indonesia, encabezó una ceremonia en que las oficinas regionales de CI y de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) firmaron un protocolo de actualización de un proyecto conjunto iniciado en 1992.
El Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo de la Educación del Consumidor de Unesco y CI, una organización no gubernamental, apunta a satisfacer un requerimiento esencial tanto en la enseñanza formal como en la capacitación de adultos.
Los chilenos José Rivero y José Vargas, directores respectivamente de las oficinas regionales de Unesco y CI, subrayaron que la educación al consumidor debe contribuir "a la reflexión en torno a la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo".
Como elementos irrenunciables de este nuevo modelo están "el consumo sustentable y el ejercicio de una ciudadanía democrática", objetivos a alcanzar mediante la educación, pero también como resultado de prácticas participativas.
La defensa de los derechos de los consumidores se está vinculando crecientemente a las propuestas de un desarrollo sostenible, recogidas en la Agenda 21, aprobada en la Cumbre de la Tierra, que se celebró en Río de Janeiro en 1992.
El movimiento de consumidores, que se comenzó a gestar hace unas tres décadas en los países del Norte, tuvo últimamente avances importantes en el Sur, tanto en Asia como en América Latina, dijeron los directivos de CI.
Vargas destacó que en la actualidad hay leyes de defensa de los consumidores en 13 países de la región y que en siete de ellos – Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú- el tema está incorporado como obligación constitucional.
En Chile, luego de cinco años y medio de debates legislativos, se puso en vigencia a comienzos de 1997 la Ley de Defensa del Consumidor, calificada por Witoelar como un modelo de equilibrio "entre los intereses de consumidores y empresarios".
"Cinco años y medio para tener esta ley no es un plazo demasiado largo, vista la complejidad del tema. En muchos otros países la demora ha sido mayor", dijo la presidenta de CI, entidad que reúne a unas 280 organizaciones de consumidores de 80 países.
Los grupos de defensa de los consumidores crecieron en estos últimos años en el marco de sus realidades nacionales, con los respectivos gobiernos y empresarios como interlocutores y a veces como adversarios.
Pero actualmente, en el enfoque de Witoelar, el reto es mayor en el marco de la globalización, donde las resoluciones sobre la producción, el comercio y fundamentalmente la publicidad, escapan de la incidencia de los gobiernos.
Los consumidores, como ciudadanos, deben exigir ahora a sus gobiernos estar bien informados sobre los acuerdos económicos que estos negocian y conocer entonces en qué los perjudican o benefician los tratados de libre comercio, dijo la presidenta de CI.
Es preciso igualmente establecer canales fluidos de participación e intercambio de información internacionalmente entre los grupos de consumidores, para conocer si un producto rechazado en su país de origen se intenta importar a otra nación.
Para ello, puntualizó Witoelar, es preciso impulsar la cooperación internacional, venida a menos con la globalización, ya que es precisamente la que garantiza el ejercicio del derecho a la información de los consumidores en todo el mundo.
En este contexto, los medios de comunicación juegan un papel dual, ya que pueden contribuir a los derechos de los consumidores con una adecuada información, o alentar formas de vida ligadas al consumismo a través de la publicidad, planteó la dirigente.
"Educar al consumidor no es sólo educar para reclamar. Hay que empezar por enseñar pequeñas cosas y desde la niñez formar ciudadanos informados que sepan sus derechos y responsabilidades", puntualizó Witoelar.
En un contexto amplio, el acuerdo entre CI y la oficina regional de educación de Unesco, se vincula a la formación de los ciudadanos para lo que la VI Cumbre Iberoamericana llamó "la gobernabilidad para una democracia eficiente y participativa".
Unesco viene considerando crecientemente a los consumidores en sus propuestas de perfeccionamiento de la enseñanza tanto de niños y jóvenes como de adultos, también en la perspectiva de consolidación y perfeccionamiento de la democracia.
El tema fue abordado en las dos últimas conferencias latinoamericanas de ministros de Educación, celebradas en Santiago en 1993 y en Kingston en 1996.
La reunión regional preparatoria para la Quinta Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas, realizada en Brasilia en enero último, calificó la educación del consumidor como una necesidad básica de aprendizaje.
En la lucha por una mejor calidad de vida, las personas deben estar suficientemente informadas sobre costos, calidad y seguridad de los bienes y servicios que consumen y deben participar en todas las instancias que hagan valer sus derechos como consumidores, se señaló en Brasilia. (FIN/IPS/ggr/dg/hd/97
